A medida que la violencia ha ido escalando en varios países hispanoamericanos, los métodos de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas se han popularizado a lo largo de la región. La pretensión de emular sus prácticas por parte de líderes autoritarios emergentes, podría poner en riesgo el ya debilitado Estado de derecho de nuestros países.
El 4 de febrero de 2024, Bukele obtuvo una aplastante victoria electoral al obtener el 81% de los votos, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe explícita y reiteradamente la reelección inmediata. La participación electoral fue del 53%, un punto porcentual más que en 2019. Aunque la Corte Suprema de Justicia permitió dudosamente su candidatura, el apoyo electoral a Bukele es innegable debido a sus eficaces medidas para poner en jaque a las pandillas.
Esto se evidencia al ver los resultados de la oposición. El candidato izquierdista Manuel Flores, del partido FMLN, y el conservador Joel Sánchez, del partido ARENA, obtuvieron tan solo el 6 y el 5%, respectivamente. Además, el partido político de Bukele, “Nuevas Ideas”, obtuvo una mayoría aplastante de 54 escaños, de un total de 60, en la Asamblea Legislativa.
No hay motivos para sorprenderse. Durante tres décadas, los partidos tradicionales han fracasado a la hora de abordar la principal preocupación ciudadana: la criminalidad. Además, su rampante corrupción colmó la paciencia de la población y permitió que Bukele sea visto como una alternativa de cambio. La consolidación del poder por parte de Bukele está llevando a los partidos tradicionales al borde de la extinción.
Como consecuencia de estos resultados electorales, Bukele y su partido caudillista gobernarán El Salvador sin contrapesos ni controles, lo que les permitirá ampliar su influencia sobre el poder judicial.
El método Bukele
Desde que Bukele asumió el poder en 2019, El Salvador ha tenido un drástico desplome de los homicidios y la criminalidad. Esto es un verdadero hito ya que el país alcanzó en 2015 la tasa de muertes violentas más alta de todo el mundo, con 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según cifras del gobierno, la tasa de 2023 se ubicó en 2, la cifra más baja de toda la región. Para ponerlo en perspectiva, sus vecinos Guatemala y Honduras tuvieron una tasa de 16 y 31 respectivamente.
No cabe duda de que la política de mano dura de Bukele ha permitido que los salvadoreños puedan retornar a la paz y por primera vez tener una vida normal, donde salir a tomar una taza de café no pueda costarte la vida. Sin embargo, para lograrlo, Bukele ha establecido un régimen de excepción que le ha otorgado un poder casi absoluto, el cual lleva más de 20 meses en vigor y que es inconstitucional. En su cruzada, ha destituido ilegalmente a jueces y fiscales para sustituirlos por servidores leales.
En el proceso de desmantelamiento de la estructura criminal de las pandillas salvadoreñas, han pagado justos por pecadores. La administración de Bukele reconoció tácitamente el encarcelamiento injustificado de 7.000 personas en agosto de 2023 al ponerlas en libertad. Para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, “su liberación demuestra que el sistema judicial está funcionando”.
No obstante, si el sistema judicial respetara la presunción de inocencia no habrían estado allí en primer lugar. Los ciudadanos salvadoreños carecen de garantías constitucionales; gran parte de los detenidos son juzgados colectivamente y una acusación anónima puede ser prueba suficiente para encarcelar a alguien.
En El Salvador, la presunción de inocencia se ha ido evaporando rápidamente: uno tiende a ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. Según el World Prison Brief de la Universidad de Londres —una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo—, El Salvador tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Para finales de 2023, el 1,6% de la población salvadoreña estaba tras las rejas.
Un bukele en cada rincón de la región
La práctica erradicación de las pandillas y su violencia, liderada por el denominado presidente milenial, ha llevado a que muchos salvadoreños lo consideren poco menos que un mesías. Publicista de profesión, Bukele aprovechó primero el descontento popular con la política tradicional y logró réditos políticos exhibiendo una imagen disruptiva de sí mismo. Una vez con el electorado en el bolsillo, empezó a utilizar las instituciones políticas a su antojo.
Como ha afirmado el redactor en jefe del Impunity Observer, Steve Hecht, “la violencia desgasta a la gente, la lleva a ansiar la estabilidad y la prepara para la justicia severa y arbitraria que caracteriza al totalitarismo”.
Después de vivir un verdadero infierno bajo el dominio de las pandillas, uno puede entender por qué la población salvadoreña se ha decantado masivamente a apoyar a Bukele y legitimar su autoritarismo como solución exprés. Sin duda, el colapso de las instituciones y los escenarios de crisis se prestan para medidas extremas. Sin embargo, las implicaciones futuras pueden ser adversas. Si el objetivo es liberar a los países de la ley de la selva y la agobiante criminalidad, el Estado de derecho debe ser el camino a seguir, en lugar de optar por perpetuar la mano dura y la aplicación autocrática de la ley.
Cuando la criminalidad deje de ser una preocupación acuciante, los salvadoreños querrán recuperar sus libertades civiles. Su restablecimiento parece improbable a corto plazo, y las peticiones en este sentido revelarán la verdadera cara de Bukele.
De hecho, la inseguridad ya no es la principal preocupación en El Salvador. Ahora es la economía. Con una deuda estatal que representa el 80% del PIB, El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica. En los últimos cinco años, el PIB ha crecido a un modesto ritmo del 2%, insuficiente para un país con una tasa de pobreza que ronda el 30%. Asimismo, la inversión extranjera se ha desplomado, pese a que Bukele intentó atraer capitales con incentivos para los usuarios de bitcoin.
Antes de emular a Bukele y sus métodos autoritarios, conviene analizar las dos caras de la moneda. Cualquier debate de este tipo debe ir más allá de los resultados a corto plazo en materia de seguridad.
Aún es pronto para calificar a Bukele como un dictador al estilo de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Miguel Díaz-Canel en Cuba. Sin embargo, es evidente que sus planteamientos autoritarios están sentando las bases para un gobierno dictatorial.
No todo lo que brilla es oro. Como bien señaló Lord John Dalberg-Acton en una de sus cartas al obispo Creighton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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