La declaración del presidente Bernardo Arévalo del 3 de marzo condenando la interferencia de Estados Unidos en Guatemala como “irregular y preocupante” haría sonreír a George Orwell. Arévalo ocupa ilegítimamente la presidencia a causa de los crímenes cometidos por el régimen de Joe Biden y el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS).
La petición de Arévalo a los congresistas guatemaltecos para que voten contra el crimen organizado, en la cual menciona candidatos específicos, es ilegal. Demuestra su naturaleza criminal al intervenir en procesos de selección del Congreso, del fiscal general, de magistrados y de otros cargos en los que el presidente no tiene ningún papel.
Irónicamente, Arévalo se queja de que la Embajada de EE. UU. está interviniendo a favor de la candidatura de la fiscal general Consuelo Porras para su reelección. Ningún funcionario de la administración de Donald Trump ha interactuado con Porras porque traidores dentro del Departamento de Estado la han demonizado para impedir que los exponga. Sin embargo, es de esperar que la acusación de Arévalo sobre el supuesto apoyo de la Embajada a Porras provoque que el presidente Trump y su equipo en la Casa Blanca realmente trabajen con ella.
El equipo de Trump necesita comprender la importancia de la información que posee Porras. Tal conocimiento desencadenaría una avalancha que expondría una criminalidad generalizada dentro del Departamento de Estado y de la comunidad de inteligencia. Esto aumentaría el apoyo a Trump para exigir responsabilidades a los traidores y removerlos del gobierno.
Después de que el poder judicial cancelara el partido Semilla de Arévalo, este no podía ser legalmente presidente. Funcionarios remanentes del régimen de Biden —el embajador Tobin Bradley y el subjefe de misión Patrick Ventrell— intimidaron a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que no aplicaran la ley que habría removido a Arévalo del cargo.
Esa dupla traicionera intervino repetidamente para favorecer a Arévalo. Esto incluye los mismos procesos que Arévalo ahora condena por la supuesta interferencia de la Embajada. Debido a los crímenes que el régimen de Biden cometió para imponerlo y mantenerlo en el poder, Arévalo asume erróneamente que Trump cometerá los mismos crímenes en su contra, por lo que está intentando anticiparse a cualquier acción.
La agenda del régimen de Biden era imponer una dictadura en Guatemala centralizando el poder en la Presidencia y perpetuándose en el poder. Bajo la dirección de traidores del Departamento de Estado, incluido el jubilado Todd Robinson, Bradley y Ventrell apuntaron a tres nombramientos clave para 2026. Intervinieron en cada institución que participa en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la CC y del fiscal general.
La salida de Bradley y Ventrell en enero complicó la agenda de Biden. A juzgar por la queja de Arévalo, el equipo de la Casa Blanca de Trump ha comenzado a imponerse sobre los traidores del Departamento de Estado.
Todavía existe la oportunidad de salvar a Guatemala de la culminación de la agenda de Biden aplicando correctamente la ley. No es necesario intervenir al estilo de Biden, como Arévalo ahora acusa a la Embajada. La correcta aplicación de la ley es la peor pesadilla de Arévalo.
Ventrell intervino en octubre para impedir que la Corte Suprema eligiera un nuevo presidente, dejando a un aliado de Arévalo como presidente interino. Después de que Ventrell se fue, la Corte eligió a la persona que habría ganado en octubre. El presidente de la Corte tiene funciones en el nombramiento de magistrados de la CC, en el proceso de selección del fiscal general y en el envío al Congreso de denuncias presentadas contra funcionarios del Ejecutivo.
Existe un amparo pendiente contra el proceso de la universidad estatal para su nombramiento en la CC y contra la comisión nominadora del fiscal general por incluir nuevos criterios después de que el proceso ya había comenzado. Los agentes de Arévalo han intervenido ilegalmente para asegurar el nombramiento de sus aliados, quienes no calificaban bajo los criterios originales.
Bradley y Ventrell intervinieron el año pasado para colocar a aliados de Arévalo al frente del Colegio de Abogados. Los agentes de Arévalo intervinieron en la selección del representante del Colegio de Abogados para la comisión nominadora de magistrados del TSE. Los otros cuatro miembros de la comisión provienen de las universidades del país.
La comisión envió una lista de 20 candidatos de la cual el Congreso debe elegir a los magistrados del TSE para el período 2026–2032. Arévalo tiene solo un aliado entre los 20. Sus aliados han presentado un recurso para repetir la elección.
Con el Departamento de Estado violando activamente la ley para poner y mantener a Arévalo en el poder, él no conoce otra forma de obtener lo que quiere. Como suele ocurrir con los socialistas criminales, Arévalo cree que su ideología justifica cualquier medio para lograr sus fines.
Si los magistrados de Guatemala aplican la ley, Arévalo no podrá robar las elecciones de 2027 y 2031. Los guatemaltecos serán libres de forjar su propio camino, libres de la agenda globalista criminal. Ricos en recursos, probablemente se volverán más productivos y un aliado fuerte de Estados Unidos.
El embajador de Arévalo en México, el izquierdista comprometido Edgar Gutiérrez, ha estado trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena para que Pemex compre los campos petroleros guatemaltecos de Perenco. Este acuerdo, seguramente corrupto, financiará al candidato presidencial de Arévalo para 2027.
Procesos honestos para los nombramientos clave durante los próximos dos meses impedirían que esta agenda antiestadounidense del Grupo de Puebla controle Guatemala. Contar con la cooperación de Guatemala respecto a los flujos ilegales de narcóticos y migrantes ayudará a Trump en sus negociaciones con México.
Como víctima de la persecución judicial del régimen de Biden, Trump entiende la corrupción judicial mejor que nadie. El equipo de la Casa Blanca de Trump debería asegurarse de que la Embajada utilice su influencia para promover procesos transparentes y libres en Guatemala. Esto coincidirá con la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en BizPac Review.
