A cualquier observador imparcial de la vida pública en este país le debiera sorprender la súbita e inexplicable prisa que un puñado de diputados quiere imprimir a la discusión de unas no menos precipitadas y torcidas reformas a la Constitución Política vigente.
Ya de por sí tales reformas a iniciativa de la CICIG son por su contenido del todo muy debatibles, además de sus efectos posiblemente no menos dañinos al largo plazo que comentaré en sucesivas entregas, lo cual habría de entrañar un debate parlamentario prolongado y pormenorizado.
Tampoco conviene olvidar ese precepto constitucional que exige de todo aquel que ejerce funciones públicas un previo juramento de fidelidad a la Constitución de la República, según lo expresa el artículo 154 de la misma: “La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.”
Por tanto resulta más cuestionable de tal iniciativa el que las tales propuestas de reformas a la ley fundamental del país se hayan originado en el seno de una entidad que no ha sido legalmente facultada para ello, pues su propósito inicial fue todo otro. Cito textualmente del sitio web de la CICIG:
“El mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas u otros esfuerzos internacionales de promover la responsabilidad y reforzar el estado de derecho. Posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, definidos como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población Guatemalteca y tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales. La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho.”
¿Qué tiene todo esto que ver con el súbito empeño de reformas constitucionales para el sector justicia, don Iván? ¿Y por qué, en cambio, hasta ahora no se le ha visto a la CICIG iniciativa alguna para lo que sí fue explícitamente instituida, esto es, en contra, por ejemplo, del despotismo cruel del CUC en las áreas rurales?
Por cierto don Iván, y sea dicho de paso: ¿por qué el ex Presidente de su país de origen, Colombia, el hoy Senador Álvaro Uribe, le acaba de calificar a usted de “nefasto” magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia a propósito de la creación en Colombia de la figura jurídica del “cooperador eficaz”? No pretendo por ello deslegitimar su carrera profesional, pero sí creo conveniente a los intereses de la opinión pública guatemalteca cualquier información que ataña a su persona, sobre todo si proviene de alguien tan calificado como la de un ex Presidente de su país natal.
Tampoco me parece correcta su hipótesis de que todo aquel que se oponga o se pronuncie contra su gestión esté relacionado con estructuras criminales. Es ésa una falacia moralmente inaceptable que inclusive sería interpretable como un intento retórico de extorsión, aunque usted no lo vea así. Pues nadie es infalible, don Iván.
Pero de regreso al tema que nos ocupa: el artículo 137 de la Constitución Política de Guatemala establece tajantemente que: “El derecho de petición en materia política, corresponde exclusivamente a los guatemaltecos.”
Entonces, ¿cómo explica usted ese espectáculo televisado a mi juicio muy deprimente de su presencia activa por entre las curules de los Diputados al Congreso, mientras su dócil asociada, la nada menos que Fiscal General de la República, Telma Aldana, le alentaba desde un palco con su sonrisa?
Para colmo, todos aquí comentan que detrás de esa inesperada aparición suya se hacían evidente una vez más los hilos del embajador que no dudo en calificar de maligno del ex Presidente Obama en Guatemala, Todd Robinson, todavía en esa función aunque creo yo, y él también, que no por mucho tiempo más.
¿Será esto último la verdadera razón de tanta prisa congresil?
Robinson, como su predecesor el tránsfuga Arnoldo Chacón, llegó a esta tierra transparentando instrucciones del Secretario de Estado de entonces con el propósito de lograr lo que en Washington se calificaba de un “cambio de régimen” para este país.
Cualquiera de estos personajes, por supuesto constitucional en cualquier parte, han carecido de derecho alguno de iniciativa de reformas constituyentes de acuerdo con el artículo 277 de la misma Constitución de Guatemala que reserva este privilegio tan solo al Presidente de la República en Consejo de Ministros, a diez o más diputados al Congreso, a la Corte de Constitucionalidad y al pueblo representado por no menos de cinco mil empadronados en el Registro de Ciudadanos. Para nada se menciona ahí ningún ente supranacional cuya sede directiva radique fuera de Guatemala.
Sin embargo, a pesar de ello, en Guatemala se han permitido Usted, así como los últimos embajadores norteamericanos citados, e ilegítimamente a mi juicio, la potestad de entremeterse hasta en las raíces constituyentes de esta Nación-Estado sin temor aparente alguno a una censura nacionalista en su contra. Sin embargo, ¿Se imagina usted lo que sucedería en nuestro vecino del Norte, la República Mexicana, o en nuestro vecino del Sur, Colombia, si en sus suelos respectivos dignatarios extranjeros se permitiesen siquiera esbozar lo que aquí detalladamente disponen a plena luz del día? ¿O se ha preguntado usted por qué solo en Guatemala, entre los demás casi doscientos Estados soberanos en todo el planeta, existe la institución que usted preside, la CICIG?
En mi opinión esta humillante postración del orgullo nacional guatemalteco ya había empezado a insinuarse durante el gobierno del Presidente Vinicio Cerezo con aquel proceso de Contadora, que hubo de devenir en categórico diez años después con los Acuerdos de Paz llevados a su término final bajo la presidencia de Álvaro Arzú. Guatemala, con el perdón de mis muchos buenos amigos chapines, desde aquel día dejó de ser una nación plenamente soberana como las demás. Pero la puñalada más trapera y final a tal soberanía se la dio más tarde el gobierno de Alfonso Portillo mediante la iniciativa de su Ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez, para incorporar a la CICIG, lamentablemente con el aplauso posterior de incautos guatemaltecos. Con ello quedó sellada una minoría de edad perpetua impuesta internacionalmente a un pueblo que hasta ese momento había sido soberano como los demás.
La CICIG, don Iván, bajo la conducción suya en cuanto Comisionado, se ha anotado algunos logros meritorios a diferencia de la de sus dos predecesores, del caótico español Castresana y del delincuente costarricense Dall’Anese. Pero al precio de ese doloroso tajo a la independencia nacional guatemalteca, que cada día se hace más insoportable. Aquí me permito recordarle encima que siempre “el gobierno más cercano al pueblo es el mejor”.
En consecuencia, ¿acaso tan próxima a los guatemaltecos está la sede de las Naciones Unidas en Nueva York?…
Además, muy de nuevo de lamentar, parecen esos entremetidos remotos haberse podido asegurado aquí el voto incondicional de un poco más de una veintena de parlamentarios renegados, aunque a cambio hipotéticamente de que se les mantenga la preciada visas norteamericanas. O de extenderles alguna seguridad contra eventuales procesos acusatorios por parte de la CICIG.
Por otra parte, todo este deplorable proceso se ha visto consolidado últimamente por el aplastante vacío de poder soberano que caracteriza la realidad nacional de hoy en Guatemala, en especial por la merecida caída de Otto Pérez Molina.
Tal espectáculo, cuasi “reality show”, goza también del apoyo entusiasta de ciertos grupos de la izquierda subversiva y violenta que habitualmente se han movido en las últimas dos décadas, muy discretamente, por entre las sombras de los poderes públicos, tales como CODECA, la Fundación Mirna Mack, CALDH, la Fundación Guillermo Toriello, el CUC, FRENA, la Comisión Internacional de Juristas (Ramón Cadena), y hasta de algunos simpatizantes cómodamente instalados en las instancias oficiales cual el actual Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, o la ex Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, o el permanente oportunista para todo, Frank La Rue. Todo del dominio público…
Hay otros más, pero en total en todo el horizonte nacional calculo que no exceden de un millar el número de agitadores emocionalmente comprometidos con la destrucción del entero sistema legal que los guatemaltecos sucesivamente han querido darse a sí mismos durante los últimos dos siglos. Pero de nuevo, ¿con el derecho que les deriva la cascada de euros o dólares canadienses de ciertos gobiernos nórdicos?… (Continuará)
Este artículo fue publicado antes por el Periodico.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.