Las repercusiones de la alianza entre Castro y Obama trascienden las fronteras de Cuba, y tenerlo en cuenta es fundamental para resolver el conflicto de América Central. El enfoque de su agenda es el desarrollo económico y la reducción del flujo migratorio y de contrabando hacia los Estados Unidos.
El jueves 15 y viernes 16 de junio, algunos funcionarios del gobierno de Trump — el Vicepresidente Pence, el Secretario de Estado Tillerson, y el Secretario de Seguridad Kelly — participarán en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad que se celebrará en Miami. Ellos buscan soluciones para el problemático Triángulo del Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Además, los medios informan que Trump anunciará los cambios que se llevarán a cabo en la política exterior con Cuba, ese mismo viernes en Miami.
Los dos temas están inextricablemente vinculados.
Un cambio de rumbo para Cuba y los países del Triángulo del Norte requiere más que reformar las normativas de comercio y migración adoptadas por Obama. La acogida que tuvo el expresidente estadounidense en Cuba y por los aliados de Castro causó un daño mayor.
Guatemala es el país que más preocupa a Estados Unidos en el Triángulo del Norte, debido a la extensa frontera de 975 kilómetros que comparte con México. Y dado que México no puede controlar el flujo de personas, narcóticos y armas ilegales, se puede bloquear su puerta trasera que colinda con Guatemala.
Aquellos que han debilitado las instituciones legales de las zonas rurales surgieron a partir de la intromisión de Castro en Guatemala. A inicios de la década de 1970, Castro creó el Departamento América en su gobierno, con el fin de promover la violencia Marxista-Leninista en Centroamérica y América del Sur. Durante el mandato de Obama, no solo se modificó la política exterior con Cuba, además sus funcionarios incorporaron ex miembros de guerrillas patrocinadas por Castro.
El Departamento de América fundó y entrenó a las guerrillas durante el conflicto de 36 años que vivió Guatemala. Por insistencia de Castro, en 1982 la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) se convirtió en el coordinador de cuatro organizaciones que buscaban derrocar al gobierno de forma violenta. Los cuatro grupos se desarmaron con los acuerdos de paz en 1996, pero la URNG se transformó en un partido político que persigue el mismo objectivo que antes.
Por presión de Todd Robinson, embajador designado por Obama, el aparato judicial de Guatemala está lleno de funcionarios cercanos a los grupos de Castro. Ellos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la ONU y alabada por Open Society de George Soros, han protegido a estos grupos.
Los resultados han sido trágicos para los guatemaltecos y perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos. La tasa de asesinatos en Guatemala, por ejemplo, es de 39,9 por cada 100.000 personas, mientras que la tasa global es de 6,2.
El Consejo Atlántico indica en un informe reciente que “la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, y [el nivel de] criminalidad han hecho que cerca del 10% de los 30 millones de residentes en El Salvador, Guatemala y Honduras abandonen sus países en los últimos años”.
En el 2014, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los centroamericanos detenidos en la frontera del sur superaron el número de mexicanos por primera vez en la historia. Lo mismo sucedió en el 2016. El número de niños guatemaltecos indocumentados sin compañía en la frontera de Estados Unidos fue de 1.115 en el 2009, 8.068 en el 2013, y 18.913 en el 2016.
Un estimado de 723.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos son guatemaltecos. Solamente México supera esta cifra con 6,1 millones, El Salvador está tercero con 465.000 y Honduras en cuarto lugar con 337.00.
Uno de los objetivos de la Conferencia sobre el Desarrollo y la Seguridad es promover el desarrollo económico del Triángulo del Norte, de modo que sus habitantes tengan menos incentivos de huir. El objetivo es meritorio: sin seguridad física ni legal, no puede haber prosperidad ni crecimiento económico.
Desafortunadamente, por ayuda del gobierno de Obama y de la CICIG, los sucesores de la guerrilla controlan las áreas rurales en Guatemala. Ellos han forzado a los campesinos a impedir el surgimiento e, incluso, acabar con los negocios.
En una ocasión, la Corte Suprema de Justicia, liderada por oficiales de izquierda, suspendió la actividad de las plantas eléctricas, a las que se oponen las milicias. Hace poco, la Cámara de Comercio Americana en Guatemala declaró que $4.000 millones en inversión estaban en riesgo, junto con 445.000 puestos de empleo y una importante fracción de las recaudaciones de impuestos.
Las pandillas superan la capacidad de la policía local, por lo que es necesario desplegar seguridad de élite para reforzar el marco legal en zonas rurales y fronterizas. Las autoridades estadounidenses también deben promover procesos judiciales para personas que ahora cuentan con inmunidad.
Al liberar a los habitantes rurales de esta presión, tendrán mayores oportunidades, menos motivación para dejar su país, y serán un importante sector de apoyo. Ellos podrán colaborar con las fuerzas de seguridad para identificar extranjeros que atraviesen sus territorios, y así reducir el flujo migratorio y de contrabando hacia México y Estados Unidos, como destino final.
El enfoque del gobierno de Trump en la región aumenta. Es tiempo de revertir lo que la prolongada presencia de Castro ha hecho en las Américas. Un paso inicial puede ser remover al precursor de la agenda de Obama en Guatemala: el remanente embajador Todd Robinson.
El Presidente Trump puede restaurar el daño ocasionado por la inexplicable acogida de un dictador asesino hacia Obama. Por décadas, Castro trabajó alrededor del mundo en contra de los intereses de Estados Unidos y promovió el terrorismo en contra de América y nuestros aliados.
Fergus Hodgson contribuyó a este artículo. Traducido por Paz Gómez. Publicado originalmente en Daily Caller.
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