La semana pasada, manifestantes organizaron un día nacional de protestas en 180 localidades contra las condiciones de los centros de detención en la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien el presidente Donald Trump acusa a los Demócratas de impedir la aprobación de mejores leyes migratorias, existe otra opción. Él puede devolver a los inmigrantes ilegales en la frontera misma y cerrarles el paso en el cuello de botella crítico.
dijo durante un discurso el 26 de junio, y lo repitió a la prensa el 5 de julio, que está cerca de cerrar un acuerdo para designar a Guatemala como “tercer país seguro”. De lograrse esto, el Gobierno estadounidense podrá negar audiencias de pedido de asilo a cualquier extranjero que haya atravesado Guatemala, es decir, a casi todas las personas que hoy llegan a la frontera. Si los solicitantes de asilo saben que serán devueltos, su flujo hacia Estados Unidos se reduciría a un hilo.
La legislación estadounidense vigente exige una audiencia para los extranjeros que soliciten asilo adecuadamente. Los oficiales federales pueden detener a aquéllos que viajen con niños por 20 días, pero luego deben liberarlos mientras esperan su audiencia. El tiempo de espera hasta la audiencia puede ser absurdamente largo, y solo aparece una fracción de los solicitantes. El resto se queda en el país, lo que en términos prácticos significa que EE. UU. tiene una frontera abierta.
El Congreso puede cambiar este procedimiento y desalentar a quienes no califican para el asilo —la amplia mayoría— a que emprendan este peligroso viaje. Los Demócratas, en cambio, alientan a los inmigrantes a que vengan a nuestra frontera sur. Quieren nuevos votantes y mostrar falsamente a Trump como un racista y antihispanos.
Los guatemaltecos no se dan cuenta de su ventaja al negociar con Trump, y si lo supieran no sabrían qué pedir. Sin embargo, las necesidades de Guatemala y de Trump convergen completamente. Trump podría liberar a Guatemala de las políticas de la era Obama-Biden, apoyadas por los Demócratas y continuadas bajo Trump por la burocracia permanente del Departamento de Estado. Esto simultáneamente ayudaría a Guatemala a desarrollarse económicamente y a reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales a Estados Unidos.
Guatemala celebró sus elecciones presidenciales el 16 de junio. Sandra Torres, exguerrillera y vicepresidente de la Internacional Socialista, obtuvo la mayoría de los votos. La segunda vuelta está marcada para el 11 de agosto, pero ya la primera votación fue fraudulenta. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tardó dos semanas en confirmar a los ganadores y no abordó adecuadamente las más de 2 mil denuncias y reclamos legales.
Nada de esto fue accidental. El Departamento de Estado ha estado interfiriendo en las elecciones desde que su candidata Torres perdió por una abrumadora mayoría contra el actual presidente Jimmy Morales en 2015.
El Gobierno Obama-Biden instaló una dictadura judicial en Guatemala que empeoró la ausencia del Estado en zonas fronterizas y facilitó el paso de migrantes y drogas ilegales. La embajada estadounidense, capaz de encarcelar a adversarios políticos sin evidencias y violando la ley, presionó al Congreso y al Ejecutivo a que aprobaran una ley electoral de 2016 que favorecía al partido de Torres, Unidad Nacional de Esperanza.
Asimismo, la embajada ejerció su influencia dentro del TSE para controlar los debates y la propaganda política. Cancelaron a partidos rivales y evitaron ilegalmente que otros partidos y candidatos participaran de las elecciones.
Morales ha permanecido en silencio, intimidado por el Departamento de Estado y los Demócratas. Torres, la próxima presidenta de Guatemala si se consuma el fraude de la embajada, ha insistido rotundamente en que Morales no haga pacto alguno con Trump. Probablemente fue alentada a hacerlo por los burócratas del Departamento de Estado cuya traición quedaría expuesta y cuyos planes serían destruidos si Morales y Trump trabajaran juntos.
Trump no puede esperar que Morales tome la iniciativa. Debe tomar las riendas para obtener el acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala.
Trump debería ofrecer la remoción inmediata del embajador estadounidense Luis Arreaga y sancionar a los magistrados del TSE y a tres de los cinco magistrados de la máxima corte judicial. Apoyados por los Demócratas, estas autoridades han emitido fallos políticos que violaron derechos humanos de guatemaltecos. Trump enviaría el mensaje a los funcionarios corruptos guatemaltecos de que la embajada no puede protegerlos y que la política de Estados Unidos es en contra del socialismo en Guatemala.
Los Demócratas, en complicidad con la embajada, han apoyado a la ilegítima alta corte y se han opuesto a Morales por supuestos hechos de corrupción. Ellos combatirían el acuerdo de “tercer país seguro” y acusarían a Trump de ayudar a corruptos y represores.
Esta postura, sin embargo, sería un tiro por la culata. Sacar a la luz las acciones de la embajada y las políticas de Obama-Biden en Guatemala expondría las falsedades orwellianas de los Demócratas que facilitan la toma socialista del país.
Trump debería apoyar los pedidos legítimos de guatemaltecos de repetir las elecciones del 16 de junio. Unas elecciones libres de la interferencia de la embajada resultaría probablemente en un gobierno con el cual Trump pudiera trabajar. También ayudaría a los guatemaltecos a recuperar sus sistemas judiciales y penales y llevar el imperio de la ley a zonas rurales.
Liberados de sus opresores descendientes de las guerrillas, los guatemaltecos tendrían más oportunidades y menos violencia. Los habitantes, agradecidos, cooperarían con las fuerzas de seguridad, identificarían actividades sospechosas y reducirían el flujo de migrantes y drogas ilegales. Agréguese a eso un acuerdo de “tercer país seguro” con la única ruta terrestre hacia Estados Unidos, y Trump lograría un jaque mate contra los Demócratas en cuanto a la inmigración ilegal.
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