El Estado profundo va ganando las elecciones de Guatemala

Trump debe remover a su embajador en Guatemala y aplicar sanciones Magnitsky

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El fraude podría terminar con la mejor oportunidad para reducir el flujo de migrantes ilegales hacia EE.UU. (The White House)

Los funcionarios permanentes del Departamento de Estado de EE. UU., al arreglar los resultados de la elección presidencial en Guatemala —celebrada el 16 de junio—, han perjudicado a ambos países. El fraude podría terminar con la oportunidad internacional más efectiva que ha tenido el Gobierno Trump para reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos.

La candidata elegida por el “Estado profundo”, Sandra Torres —quien fue guerrillera y vicepresidenta de la Internacional Socialista—, ganó la mayoría de votos pero no una mayoría absoluta. Cuando ella era primera dama en 2009, su esposo le otorgó a Fidel Castro el reconocimiento más importante de Guatemala. Ahora ella se enfrentará a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta del 11 de agosto.

Torres tiene pendiente más de una docena de cargos penales en su contra, que van desde el conflicto armado interno de Guatemala hasta lavado de dinero. Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) vincula al partido político UNE, del cual Torres fue secretaria general y candidata a presidenta en dos ocasiones, con actividades de narcotráfico. Si Torres gana el 11 de agosto, Trump perdería influencia para devolver el orden a la ruta terrestre que lleva a México desde América Latina.

Guatemaltecos de distintas orientaciones políticas han denunciado evidentes irregularidades en el proceso electoral, que incluyen sobornos y votos falsos. Se ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer reconteo y auditoría del fraudulento software de tabulación que utilizó. Hasta el momento, el TSE no ha hecho pública la información subyacente.

La Embajada de EE. UU. apoyó a Torres en la elección presidencial de 2015, pero ella perdió uno a dos frente al actual presidente Jimmy Morales. El equipo Obama-Biden inmediatamente inició el plan para arreglar las elecciones de 2019. Con la facultad de encarcelar a sus enemigos políticos sin evidencia, intimidaron al Gobierno de Guatemala para que aprobara una ley electoral que favoreció enormemente a Torres y al partido político UNE.

En 2016, el TSE empezó a violar la ley para satisfacer su necesidad de arreglar la elección. Utilizaron su propia discreción y un informe de la CICIG sobre corrupción política para disolver a los dos partidos políticos más grandes. UNE, entonces, se convirtió en el partido más grande, a pesar de que el mismo informe de la CICIG identificó corrupción dentro de este.

UNE fue el vehículo de la Embajada para introducir su agenda al Congreso guatemalteco y poner a sus aliados en la Corte de Constitucionalidad. En la justicia, la última palabra importa. Cuando un partido rival propuso una resolución para condenar la ilegitimidad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, UNE votó unánimemente en contra.

En agosto de 2018, el TSE entró en un acuerdo con la CICIG, otorgándole a esta comisión un rol en las elecciones. Ninguna de las dos entidades tenía la autoridad legal para firmar tal acuerdo. Antes de este acontecimiento, el exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden viajó en tres ocasiones a Guatemala durante 12 meses para convencer al expresidente Otto Pérez de que extienda el mandato de la CICIG. La CICIG persiguó a los opositores políticos de la Embajada y actuó ilegalmente, como lo informan en el Wall Street Journal y en Judicial Watch.

En un reciente artículo de opinión del Miami Herald , Biden acusó a Trump de denigrar a los inmigrantes al mismo tiempo que incentiva a que un mayor tráfico de ellos llegue a las fronteras de EE. UU. Pero es precisamente la política de Biden de imponer a socialistas en Guatemala la que ha resultado en un aumento inmanejable de la inmigración ilegal.

Junto con la criminalidad del TSE y de la CICIG, Centroamérica presenció un constante desfile de demócratas durante 2018 y 2019. Ellos ayudaron a la Embajada de EE. UU. a dar la impresión de que arreglar las elecciones era parte de la política estadounidense. El apoyo demócrata a la ilegalidad, siempre que promueva su agenda política, refleja su intento de deslegitimar a la investigación de John Durham ordenada por el fiscal general William Barr.

Muchos demócratas han defendido a la Corte de Constitucionalidad incluso luego de que emitiera varios fallos ilegales. Algunas de las acciones que sobrepasan sus facultades son garantizar su propia inmunidad en caso de acciones judicial en su contra y ordenar al Congreso la aprobación de leyes específicas. La Corte protege a los fallos políticos izquierdistas, incluyendo la eliminación de partidos políticos y candidatos de oposición para las elecciones.

En el inicio de su campaña para 2020 en Orlando, Trump dijo que los demócratas politizan la función judicial. No hay mejor ejemplo de ello que Guatemala.

El senador Mike Lee (R-UT) ha sido la única voz dentro del Congreso de EE. UU. a oponerse a la intervención del Departamento de Estado en Guatemala. Otros congresistas han denunciado a la CICIG, pero no han abordado la intervención ilegal.

Morales ganó capital político con Trump luego de haber movido la Embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén. Al Departamento de Estado le preocupó saber que Trump y Morales podrían juntarse y revertir la alineación con los sucesores de la guerrilla marxista patrocinada por la administración de Obama. Por este motivo, el personal del Departamento de Estado informó al Gobierno Trump sobre presuntos cargos de corrupción en contra de Morales, sin mencionar que ellos eran quienes estaban detrás de los cargos.

Morales y Trump pudieron haber terminado con el control izquierdista de la Corte de Constitucionalidad y aplicar la ley en las zonas rurales de Guatemala. Liberados de sus opresores, los residentes rurales a lo largo de la frontera habrían trabajado con las fuerzas de seguridad para identificar actividades sospechosas. Así es cómo se puede reducir el tránsito de migrantes ilegales y drogas hacia Estados Unidos.

A diferencia de la reticente respuesta luego de las amenazas en contra de México, Guatemala se involucraría gustosamente. Esto permitiría que se reinicien negocios y beneficiaría al país. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. recientemente firmó un acuerdo con Guatemala, y el Gobierno Trump está presionando para que Guatemala sea un “tercer país seguro” para casos de asilo. Nada de esto funcionará mientras el Estado profundo continúe implementando la política Obama-Biden.

La única oportunidad de Trump para salvar la situación en esta etapa tan avanzada sería remover inmediatamente al embajador de EE. UU. y aplicar sanciones Magnitsky en contra de la criminal Corte de Constitucionalidad y a los magistrados del TSE por sus violaciones a los derechos humanos. Estos actos podrían enviar un mensaje a los guatemaltecos de que Estados Unidos no apoya la imposición de socialistas.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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