Washington, DC. Judicial Watch anunció el martes, 12 de noviembre de 2019, que interpuso una demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el Departamento de Estado para obtener comunicaciones entre los funcionarios estadounidenses y guatemaltecos sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Judicial Watch se presentó ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, luego de que el Departamento de Estado no cumpliera con las solicitudes de la FOIA de mayo y agosto de 2018 en las que pedía documentos sobre comunicaciones y reuniones entre la misión de EE.UU. para la Naciones Unidas y el comisionado de la Cicig Iván Velásquez Gómez, así como cualquier otro representante de la comisión o funcionario guatemalteco. Judicial Watch también está en búsqueda de registros de comunicación entre funcionarios del Departamento de Estado, incluido el exembajador Todd Robinson, y Velázquez u otras personas relacionadas a la Cicig. (Judicial Watch Inc. v Departamento de Estado de los EE. UU. (No.1: 19-cv-00968)).
La comisión anticorrupción de la ONU se creó en diciembre de 2006 con la misión de fortalecer el imperio de la ley en Guatemala. Sin embargo, su gestión ha sido controversial y, según informes, ha estado politizando la Justicia.
La Cicig dijo que su función en Guatemala era solamente apoyar a la fiscal general en su trabajo de identificar y desmantelar redes criminales y que no está envuelta en asuntos políticos. No obstante, un análisis académico sobre la Cicig elaborado por Jonatán Lemus, profesor de ciencia política de la Universidad Francisco Marroquín sugiere lo contrario. Lemus observa que “la CICIG también ha sido criticada por las mismas razones que otros la admiran: tomar partida en la designación de jueces, proponer reformas controversiales a la Constitución de Guatemala y realizar conferencias televisadas para cambiar la opinión pública a su favor. Desde esta perspectiva, en lugar de fortalecer las instituciones guatemaltecas, la comisión ha hecho a las entidades nacionales dependientes de su asistencia”.
Hay informes de cómo Todd Robinson, ex embajador de EE.UU. para Guatemala designado por Obama, quien es ahora asesor principal para Centroamérica en el Departamento de Estado, colaboró con Velásquez, un abogado colombiano y ex magistrado con poderosas alianzas de izquierda que manejó la Cicig para destituir al presidente Otto Pérez Molina y quiso cancelar las elecciones de 2015 con el fin de poner a los izquierdistas en el poder. Además, se dice que Robinson está trabajando impetuosamente en contra de la agenda de política exterior de Trump.
Para seguir con la política de Obama, Robinson tuvo que someter al presidente Morales, quien no tenía trayectoria política previa y ostentaba un perfil fuera de lo convencional. Un medio de noticias local financiado por las Fundaciones Open Society (OSF) de George Soros alardeó sobre el veto de Robinson a las opciones de Morales para ministro del interior y cómo finalmente se designó al candidato de Robinson. Lo mismo ocurrió con otros ministerios, incluyendo el de relaciones exteriores.
En abril de 2018, la Cicig llamó la atención de la Comisión de Helsinki por supuesto abuso de poder y también se le solicitó responder algunas preguntas en una audiencia en el subcomité de asuntos exteriores en la Cámara de Representantes de EE.UU. La invitación fue rechazada.
En mayo del mismo año, el senador Marco Rubio (R-FL) bloqueó la liberación de $6 millones del Departamento de Estado para la Cicig, diciendo: “Me preocupa que la Cicig, una comisión mayoritariamente financiada por Estados Unidos, ha sido manipulada y utilizada por actores radicales”.
Más reciente, el gobierno de Morales presentó una queja a la Naciones Unidas revelando que la CICIG manipuló testigos, negoció ilegalmente con criminales sentenciados y se involucró en otros asuntos que han quedado sin respuesta. Morales pidió a la ONU que reemplace a Velásquez. La Naciones Unidas se negó a actuar ante la queja y a reemplazar a Velásquez. Pero en enero de 2019, el gobierno de Morales dejó que la comisión se desmantele al no renovar su mandato por dos años más.
Parece que Velásquez forma parte de un esfuerzo más amplio lanzado bajo el amparo de Obama para desestabilizar a gobiernos moderados y conservadores en el extranjero. Judicial Watch reveló los detalles de una iniciativa similar en Macedonia, donde el gobierno de Obama gastó millones de dólares de los contribuyentes para desestabilizar al gobierno electo democráticamente de centro derecha, trabajando con grupos financiados por el millonario filántropo de izquierda George Soros.
Se ha reportado que el gobierno de Obama “acogió a los aliados apoyados por Castro en toda América Latina, incluyendo Guatemala” y se cree que eso llevó al crecimiento de las actividades criminales transnacionales. Durante el gobierno de Obama, en 2016, el almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur de EE.UU., habló del contrabando transnacional de drogas, armas y personas, en el que existen vínculos entre conocidos grupos terroristas del Medio Oriente que están llegando a América del Sur y del Centro, para luego moverse a la frontera sur de EE.UU.
Luego de una investigación especial, Judicial Watch informó en 2018 que Guatemala se ha convertido cada vez más en un objetivo de la red Soros. En 2016, las OSF otorgaron más de $1.000.000 a las organizaciones de allá y cientos de miles más a organizaciones ubicadas en EE.UU. que apoyaban su agenda en Guatemala. Relacionándolo al PIB, las OSF gastaron más del doble en programas de financiamiento y donaciones en Guatemala que en Estados Unidos.
La investigación de Judicial Watch identificó que el cercano alineamiento entre las OSF y la Naciones Unidas, la cual mantiene una huella masiva en Guatemala, permite que la red Soros ejerza tremenda influencia.
“El gobierno de Obama, el estado profundo, las operaciones de Soros y los burócratas de la ONU trabajaron en conjunto para atacar la gobernanza conservadora en Centroamérica, respaldando políticas de extrema izquierda. El efecto mariposa está perjudicando a Estados Unidos, desestabilizando la región e impulsando la migración masiva que colapsa nuestras fronteras,” dijo el presidente de Judicial Watch Tom Fitton.
La nota de prensa fue publicada originalmente en inglés por Judicial Watch.
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