La inútil ayuda de las ONG en la crisis de Guatemala

La pandemia revela las promesas vacías de los incitadores izquierdistas

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Ante la miseria e ilegalidad, Guatemala ha tenido que contraer más deuda para financiar un programa de rescate. (GuateOpina)

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La emergencia del Covid-19 en Guatemala ha desenmascarado la retórica de las ONG que recibieron más de $92 millones de recursos públicos el año pasado. La constante miseria y la ilegalidad en las zonas donde operan demuestran que están más interesadas en la política que en el desarrollo.

El número de contagios y muertes relacionados al coronavirus todavía es bajo en Guatemala, pero la suspensión económica vigente desde mediados de marzo está pasando factura a millones de familias guatemaltecas. Los activistas de los derechos humanos todavía no han emprendido acciones significativas para ayudar a quienes no pueden generar ingresos durante la cuarentena. El gobierno ha tenido que emitir un programa de rescate que aumentará la deuda y la inflación del país.

En redes sociales, los guatemaltecos están pidiendo a las organizaciones sin fines de lucro que entreguen alimentos, medicina y equipo de protección a quienes supuestamente defienden con su trabajo. Están empezando a darse cuenta que el activismo de izquierda es una fachada, y su mensaje de justicia social un ardid para mantener su financiamiento.

Estas organizaciones han ganado capacidad de incidencia política desde 1996, cuando los acuerdos de paz terminaron con el conflicto armado entre el gobierno y los rebeldes marxistas que duró décadas. Muchos miembros de la guerrilla, que defendían los ideales comunistas abiertamente, se convirtieron en activistas por los derechos humanos y fundaron sus propias ONG.

Estas organizaciones se instalaron en las áreas rurales y fronterizas de Guatemala, donde la aplicación de la ley es deficiente. Al día de hoy, Guatemala es la sede de al menos 115 de estas ONG que reciben fondos de Estados Unidos, Suecia, Holanda, Francia y otros países. En lugar de abrir paso al desarrollo económico, su presencia derivó en un incremento del narcotráfico, la violencia y la emigración.

La proliferación de las ONG entre la miseria

Las condiciones económicas de Guatemala continúan empeorando frente a una industria creciente de ONG que sirve a donantes locales y extranjeros. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó en 2019 que más de 70% de la fuerza laboral opera en la economía informal.

El censo de 2018 reveló que 242.203 guatemaltecos, muchos de ellos entre 15 y 29 años, han emigrado durante los últimos 16 años. Desde 1994 a 2001, hubo 132.228 emigrantes. El desempleo y la inseguridad son los principales motivos para abandonar el país.

Además, el INE identificó que alrededor de 400,000 niños entre siete y 14 años trabajan en Guatemala, mientras que el Banco Mundial muestra que el número de inscritos tanto en educación primaria como secundaria ha disminuido en la última década. El trabajo infantil, recientemente denunciado por un documental británico, la emigración masiva y la creciente economía informal son síntomas evidentes de un país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.

No es de extrañar que los guatemaltecos partan en busca de tierras más prósperas.

Pese a que los activistas de izquierda saben que es mejor terminar con esta situación, tienen pocos incentivos para mejorar las condiciones. Sin pobreza, su rol como supuestos salvadores desaparece. Las comunidades vulnerables de las zonas rurales justifican la existencia de las ONG y su financiamiento, y las organizaciones sin fines de lucro abren paso a las actividades ilícitas.

En lugar de estimular el desarrollo y la creación de empleos, organizan protestas y bloqueos en carreteras. En lugar de seguir la ley y respetar a las autoridades, promueven la desobediencia y la criminalidad.

La ilegalidad en la frontera con México se hizo más evidente al inicio de la emergencia del Covid-19. Cientos de migrantes evadieron los controles, ingresando por puntos fronterizos clandestinos. El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei insistió –sin éxito– a las comunidades locales que ayuden a detener a quienes entren al país, para que el gobierno pueda realizar pruebas y ponerlos en cuarentena.

Es tiempo de replantear el rol de las ONG 

A finales de febrero, el Congreso guatemalteco aprobó una ley para transparentar las finanzas de las ONG que reciben fondos del exterior. El presidente Giammattei la firmó el 27 de febrero.

Sin embargo, en un movimiento que pone en evidencia cómo la agenda progresista se ha tomado el país, la Corte Constitucional (CC) otorgó un amparo provisional en contra de la nueva ley, impidiendo ilegalmente que entre en vigor.

Incluso con poca vigilancia, la Contraloría encontró irregularidades, como financiamiento público ilegal e incumplimiento de contratos, en 30 ONG. La necesidad de revisión es urgente, pero los magistrados de la CC han decidido ignorar la Constitución y, en cambio, apoyar a sus aliados que lograron ubicarlos en sus cargos.

La falta de transparencia debería traducirse a que ninguna ONG que se niegue a ser auditada reciba fondos gubernamentales. Esto pondría al descubierto su incompetencia y contubernio con los globalistas.

El activismo a favor de la justicia social en áreas rurales de Guatemala no solo ha sido ineficaz, sino contraproducente. Ha incrementado la ilegalidad y reducido las oportunidades de trabajo. Al final de cuentas, los contribuyentes han cubierto los costos por años, y esta vez no es la excepción.

El gobierno de Guatemala ha contraído más deuda para dar un bono de $130 a cerca de 200,000 ciudadanos. Junto con otros paquetes de ayuda, los contribuyentes acabarán financiando los $1,42 mil millones correspondientes a la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19.

Los guatemaltecos tienen todo el derecho de cuestionar a los incitadores izquierdistas que se ocultan tras la fachada de activistas por los derechos humanos y pedir rendición de cuentas por medio de sus representantes elegidos democráticamente.

El hecho de que el deficiente desarrollo económico y los altos niveles de trabajo infantil, migración e informalidad han perdurado por más de dos décadas sugiere que estas organizaciones sin fines de lucro no cumplen con su misión. Al contrario, mantienen vulnerables a las comunidades rurales para justificar su continuidad en Guatemala.

Paz Gómez

Paz Gómez

Paz Gómez of Quito, Ecuador, is a policy analyst with Econ Americas and the cofounder and academic coordinator of Libre Razón, a liberal think tank. Follow @PazenLibertad.

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