Mientras Guatemala sigue lidiando con los efectos de la pandemia, su desgastada economía todavía necesita un plan visionario para reiniciar las inversiones y generar puestos de trabajo. No obstante, confrontar los problemas subyacentes que impiden el progreso y nuevas oportunidades requiere más que un plan de estímulo económico.
Este año, la economía guatemalteca se contraerá 1,3 % según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si los ingresos fiscales caen drásticamente, el déficit nacional podría alcanzar el 7,2 % del PIB.
La emergencia sanitaria destruirá entre 97.500 y 177.000 puestos de trabajo en el sector formal solamente. Sin embargo, el 70 % de los guatemaltecos se ganan la vida en la economía informal, donde las pérdidas son catastróficas y las ayudas del Gobierno no llegan.
Sectores como la hotelería, los bienes raíces, la logística y el comercio minorista, el cual representa el 18 % del PIB, podrían demorar años en volver a niveles previos a la pandemia. Además, el creciente desempleo en Estados Unidos, especialmente en el sector de servicios, diezmará las remesas, las cuales representan casi el 14 % del PIB de Guatemala.
Dado este escenario poco alentador, las autoridades guatemaltecas deben animarse a pensar creativamente e impulsar reformas largamente necesarias como la judicial, la fiscal, del gobierno electrónico, de los subsidios y de los aranceles comerciales.
1. Las cortes deben ser creíbles
No es suficiente que Guatemala tenga la segunda economía más libre de América Central. Los extranjeros dudan en hacer negocios en el país debido a su débil Estado de derecho y regulaciones anticompetitivas. El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial otorgó a Guatemala un puntaje de 3,3 sobre 10 por su falta de confianza social, pobre desempeño gubernamental e inseguridad.
Guatemala posee una Inversión Extranjera Directa (IED) de alrededor US$1 mil millones. Para aumentar dicha cifra, necesita una reforma judicial que aumente la transparencia y la eficiencia de manera creíble. Es clave también contar con un registro de títulos de propiedad fiable.
El Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage muestra que mucho queda por hacerse. Dicho informe coloca a Guatemala con 32,2 y 29,6 puntos sobre 100 en cuanto a efectividad judicial e integridad de gobierno, respectivamente. El país obtuvo apenas 45,5 puntos en el área de protección de la propiedad privada.
El informe resalta la importancia de reducir la corrupción y las actividades ilegales para el desarrollo económico. Un ejemplo de dicha interferencia indebida en el sistema legal de Guatemala fue la CICIG, una entidad extranjera que intimidaba a representantes electos y colocó a aliados en puestos claves del gobierno para avanzar un plan globalista.
Pese a que la CICIG abandonó Guatemala en 2019, los aliados que quedaron en la Corte de Constitucionalidad continuaron trabajando en contra de la transparencia y encubrieron un fraude en las elecciones generales del 16 de junio. Ningún ambiente de negocios puede florecer en Guatemala sin primero limpiar de amiguismo el poder judicial.
2. Un gobierno moderno
La burocracia es la pesadilla de los emprendedores. Con una plataforma integral de gobierno electrónico, Guatemala puede lograr que hacer negocios en el país sea fácil y sencillo.
Hoy día no hay razón alguna por la cual pagar impuestos, obtener licencias y solicitar servicios gubernamentales no puedan ser hechos en línea. Además, colocar en internet la documentación que necesitan los emprendedores y simplificar los procedimientos contribuyen a la transparencia y la confianza.
Guatemala ocupa el puesto 56 de 94 países en el Índice Global de Datos Abiertos. Por ejemplo, el país no posee plataformas digitales para el registro de empresas y títulos de propiedad.
Guatemala puede también modernizar sus servicios de justicia con internet, lo cual permite el seguimiento de los casos judiciales y el acceso a archivos digitalizados.
3. Cerrar lagunas, reducir impuestos
Guatemala tiene 10 principales impuestos directos e indirectos que suman el 12,4 % de todo el ingreso doméstico nacional. Sin embargo, la evasión impositiva se mantiene alta, en torno al 30 %. La emergencia sanitaria solo empeorará la situación fiscal a medida que se encogen los ingresos de las empresas y las personas, según la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.
Para ayudar al sector privado a levantarse nuevamente, las autoridades guatemaltecas pueden simplificar la presentación de los impuestos, suspender o posponer aquellos con altas tasas de evasión y crear un régimen de tributo único para nuevos emprendimientos.
Acompañado de un recorte de la burocracia, Guatemala puede convertirse en un país atractivo para las inversiones en la región. Crear un sandbox regulatorio y regímenes tributarios especiales puede fomentar proyectos innovadores. La vecina Honduras, por ejemplo, está albergando Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE), también conocidas como ciudades modelo, las cuales tienen autonomía fiscal y política.
4. Limitar los subsidios y privilegios
Guatemala ofrece una amplia variedad de subsidios, incluyendo para vivienda, consumo de energía, transporte y reforestación. La pandemia introdujo nuevos subsidios como parte de los paquetes de estímulo económico. Consecuentemente, el 3 de abril Fitch Ratings redujo la calificación de crédito de largo plazo de Guatemala a BB-.
Si bien pueden ser aceptables mientras el Gobierno ordene el cierre de la economía, los subsidios deben ser temporales para minimizar efectos indeseados. Las autoridades deben analizar la efectividad de las ayudas y otras medidas proteccionistas en vigor para evitar que dichos incentivos impidan la reactivación económica. Sin un balance apropiado, el gasto público se disparará y sectores específicos gozarán de privilegios indebidos.
Un sector privado saludable y pujante puede crear más riqueza y oportunidades laborales que subsidios estatales mal direccionados.
5. Cerrar el círculo de la liberalización comercial
Guatemala tiene aduanas relativamente abiertas. Aun así, una tasa arancelaria única sería un impulso fenomenal para el intercambio internacional. El país debería también revisar las barreras no arancelarias que limitan el comercio, como las cuotas y los permisos.
Actualmente, los aranceles para importar la mayoría de los productos agrícolas e industriales van del 0 al 15 %. Los aranceles para cigarros, automóviles y armas de fuego son del 20 % y para las bebidas alcohólicas son del 40 %. Reducir algunos de ellos son formas sencillas de estimular el comercio.
Otras restricciones son sencillamente medidas proteccionistas encubiertas. El gobierno exige que los bienes importados tengan un certificado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, lo cual conlleva retrasos. Los extranjeros no pueden prestar servicios profesionales sin autorización, lo cual obliga a las empresas a contratar a trabajadores locales en un 90 %. Esto mientras los guatemaltecos resisten cualquier impedimento para que ellos presten sus servicios en el exterior.
Para atraer IED, Guatemala puede harmonizar sus aranceles, aceptar certificaciones del exterior y crear incentivos fiscales para que las empresas contraten a trabajadores locales en lugar de prohibir a los extranjeros.
Guatemala ha estado abriendo sus mercados en las últimas décadas. Mientras tanto, las autoridades han creado regulaciones onerosas y complejas para supuestamente corregir la mala gestión, la corrupción, la violencia criminal y el narcotráfico. Estas, en ciertos momentos, han brindado ayuda temporal, pero a costas de mayores déficits y favoritismo. Un Estado profundo se ha extendido por las ramas judicial y ejecutiva, socavando las instituciones y el imperio de la ley.
La pandemia ofrece una oportunidad única para solucionar estos obstáculos restantes. El Gobierno debería utilizar su capital político para lograr un cabal cumplimiento de la ley, reglas favorables a los negocios y tecnologías que reduzcan gastos para ganar la carrera de la recuperación económica.
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