Por qué los conspiradores de Obamagate deben enfrentar a la justicia

La supervivencia de la república constitucional en los comicios de noviembre

En lugar de frenar el intento de Hillary Clinton de crear un escándalo atando a Trump con Rusia, Barack Obama se sumó. (Marc Nozell)

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El presidente Donald Trump ha llamado a Obamagate —el abuso del poder gubernamental para influir en la elección de 2016 y luego perjudicar a Trump— el mayor escándalo en la historia estadounidense. Nuestra república constitucional no sobrevivirá sin una completa revelación de lo sucedido y una rendición de cuentas por parte de los responsables.

La impunidad para oficiales de gobierno de alto rango es característico de los países de tercer mundo. He vivido en América Latina desde 1972 y nunca pensé que vería en Estados Unidos lo que he visto aquí.

Documentos recientemente desclasificados indican que el expresidente Barack Obama, ex vicepresidente Joe Biden y los altos funcionarios de inteligencia y aplicación de la ley participaron en Obamagate. El exdirector de la CIA John Brennan informó a Obama y al FBI sobre el intento de Hillary Clinton de crear un escándalo atando a Trump con Rusia. En lugar de frenarlo, Brennan, Obama, el FBI y aliados de alto nivel se sumaron a este.

Burócratas federales permanentes y varios políticos designados han obstruido solicitudes de documentos por parte del Congreso, del Ejecutivo y de la Ley de Libertad de Información, a los cuales tienen todo el derecho legal de acceder. Esto demora las investigaciones y los juicios del Departamento de Justicia. Esta obstrucción, además, ha privado a los estadounidenses de la información que necesitan antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Los demócratas y sus aliados en los medios han hecho grandes esfuerzos por suprimir lo que se sabe y discute de Obamagate. Ellos temen que la verdad los exponga, termine con su agenda y envíe a varios de sus aliados a prisión.

Los demócratas están desesperados por volver al poder y cerrar las investigaciones y los juicios de Durham. Cualquier respiro a su obstrucción de la Justicia los pone en peligro, por lo que harán lo necesario para retener el poder en las futuras elecciones.

Para debilitar su oposición política, una administración de Biden y un Congreso demócrata aumentaría el número de magistrados en la Corte Suprema, designando a jueces políticos. Ellos harían más que legislar desde la banca; ellos violarían la Constitución y las leyes para perseguir a sus oponentes políticos.

Un ejemplo es los McCloskey en San Luis, Missouri. Ellos han sido inculpados por defenderse legalmente, mientras que la turba criminal recibió un pase por parte de la fiscal Kim Gardener. Las altas cortes difícilmente dan argumentos de convicción. Sin embargo, una Corte Suprema con jueces como Emmett Sullivan y el ex fiscal general Eric Holder mantendrían dichas sentencias.

He escrito y hablado públicamente sobre los demócratas imponiendo justicia corrupta y arbitraria en Guatemala bajo el nombre de lucha contra la corrupción. Como mano derecha de Obama, Biden orquestó la toma de la Justicia y el sistema penal de Guatemala. Algunos de los adversarios políticos de Biden han estado en prisión preventiva por años sin evidencia alguna, en violación a la ley y sin un juicio.

El Ministerio Público y la Justicia han protegido a los sucesores de las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. Ellos fueron los autores de una guerra que duró por décadas para derrocar al gobierno, y ahora aterrorizan a las poblaciones rurales. Son lo mismo que Black Lives Matter y Antifa: grupos marxistas que intentan desmantelar la Constitución e instalar una dictadura unipartidista.

Estados Unidos siempre ha tenido un discurso político sano y robusto, pero los partidos principales siempre han aceptado las reglas —hasta ahora—. Las transferencias pacíficas de poder dependen de la aceptación de las reglas. Obamagate rompió esta tradición centenaria.

América Latina está caracterizada por la centralización y el abuso de poder. Los gobiernos que abandonan deben asegurarse de que no enfrentarán enjuiciamientos por parte de sus sucesores. Generalmente, ha existido un acuerdo tácito: roba y deja robar. La corrupción arraigada protege y se perpetúa por sí misma.

Algunos supuestos conservadores o no logran entender los principios de una república constitucional o son aliados de la conspiración demócrata y mediática para suprimir la existencia e importancia de Obamagate. Rich Lowry de National Review, por ejemplo, escribió “nadie que no sea ya un votante de Trump se interesa por las decisiones investigativas ambiguas de hace cuatro años”.

Solamente unos pocos comentaristas públicos entienden la trampa de no confrontar al abuso de poder de un partido gobernante para perpetuar su control del gobierno. Este debe ser el tema clave de la elección. Todos los demás son secundarios porque no puede haber prosperidad sin libertad, la cual requiere de la separación de poderes y el debido proceso para los individuos, ambos consagrados en la Constitución.

Los demócratas y sus medios aliados promueven la política de identidad —el colectivismo— que priva a los individuos de sus derechos constitucionales. La política de identidad infringe la presunción de inocencia, por ejemplo, al condenar automáticamente a cualquier oficial de Policía blanco involucrado en un incidente en el que una persona negra es lastimada. Es llamado racista antes de que alguien conozca los hechos.

La única forma que el público algún día conozca la verdad sobre Obamagate es si el Departamento de Justicia investiga y enjuicia a aquellos para quienes la evidencia es suficiente. La Justicia también debe aplicar el debido proceso de la ley para aquellos acusados.

Elegir a Biden y los demócratas asegurará que esto no pase de nuevo. Solo por esa razón, debemos reelegir a Trump y votar por un Congreso republicano.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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