Joe Biden ha prometido “restaurar los valores humanos y estadounidenses en nuestro sistema migratorio” y abordar “las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica”. En realidad, hace todo lo contrario. Biden está inundando el país con migrantes con la esperanza de que voten por los demócratas.
El régimen de Biden ha provocado una nueva ola de inmigrantes al deshacer los acuerdos de asilo que el expresidente Donald Trump había logrado con México, Guatemala, El Salvador y Honduras y al proponer trabajo inmediato y un camino a la ciudadanía para los migrantes. Los migrantes se arriesgan a ser asesinados, violados y sufrir otros abusos por parte de los cárteles mexicanos que controlan su movimiento. ¡Vaya restauración de humanidad!
El Washington Times publicó: “Donde el Sr. Trump veía al sistema estadounidense como la causa fundamental de la inmigración ilegal, un factor de atracción que incentiva a las personas a emprender el viaje, el Sr. Biden en cambio argumenta que los factores de expulsión en Latinoamérica son más importantes”. Pero Biden está impulsando la migración en Guatemala, un país geoestratégico, al imponer a socialistas criminales en la justicia y la fiscalía.
Guatemala, la única ruta terrestre desde América del Sur y Central hacia Estados Unidos, comparte una permeable frontera de 957 kilómetros con México. Las áreas fronterizas están dominadas por pandillas armadas que descienden de las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. Estas pandillas gozan de la protección de la justicia y de los fiscales que Biden impuso en Guatemala cuando él era el hombre clave de Obama en la región.
Los resultados han sido un incremento de la violencia y una disminución de oportunidades laborales. Ambos factores han empujado a guatemaltecos hacia Estados Unidos, y la complicidad judicial mantiene a la frontera abierta para el flujo ilegal de personas y drogas.
El presidente Biden está retomando la tarea donde la dejó como vicepresidente. El mandato de los magistrados impuestos por Biden en la Corte de Constitucionalidad (CC), que tiene la última palabra en asuntos judiciales, termina el 14 de abril. Biden está nuevamente presionando para que sean designados sus magistrados preferidos para el mandato 2021–2026.
En 2016 la embajada estadounidense tomó por sorpresa a Guatemala con su agresividad para imponer a magistrados en la CC. Luego de cinco años de ver a la CC ilegalmente cerrar empresas, perseguir a enemigos políticos y protegerse a sí misma y a sus aliados de investigaciones penales, los guatemaltecos han estado resistiendo los intentos de la actual embajada de volver a designar en sus cargos a algunos de los mismos magistrados criminales. Esto ha llevado a que el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad de Biden asuman un rol abierto a favor de los criminales.
El secretario de Estado Antony Blinken habló con el canciller guatemalteco el 17 de febrero. Como si estuviera en una novela de Orwell, Blinken “enfatizó el compromiso estadounidense de abordar los problemas estructurales que impulsan la migración irregular [y] la importancia de obtener una justicia independiente [con] la designación de candidatos imparciales en la próxima selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad”.
El 23 de febrero el Departamento de Estado anunció que había creado un “Premio Internacional a Activistas Anticorrupción” y que lo había otorgado al fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval. Él ha estado presentando acusaciones criminales con la juez cómplice, Erika Aifán, en contra de candidatos a magistrados de la CC, intentando eliminar a la competencia de los candidatos preferidos de Biden.
La Fundación Contra el Terrorismo de Guatemala informó al Impunity Observer que ha presentado al Ministerio Público y a los tribunales 15 denuncias penales en contra de Sandoval. Ninguna ha sido procesada como deben ser. El acto más notorio de Sandoval se trata del escándalo de corrupción Odebrecht. Tras haber pagado US$788 millones en sobornos, entre otros crímenes, Odebrecht se declaró culpable ante la corte federal de Estados Unidos y pagó una multa de $2,6 mil millones. El gigantesco caso de corrupción abarcó Estados Unidos y otros 11 países, incluyendo Guatemala.
A pesar de no tener autoridad para hacerlo, Sandoval ilegalmente eximió a Odebrecht del reclamo de Guatemala contra la empresa por $384 millones en trabajos de construcción no realizados. La procuradora general, la única funcionaria con autoridad para hacerlo, presentó una denuncia contra Sandoval por este crimen. A pedido de Sandoval, Aifán dictaminó que su actuación era legítima. Los cómplices de Sandoval en la CC le otorgan impunidad al asegurarse de que los casos contra él no lleguen a ninguna parte.
Repitiendo los falsos cargos de Sandoval, el Departamento de Estado emitió un comunicado agresivo en enero oponiéndose al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El comunicado ponía en duda la designación a la CC de Mynor Moto, un reemplazante por dos meses que no pertenecía al club Sandoval-Biden. El mismo día, en un aparente intento de intimidar a los funcionarios involucrados en elegir a los magistrados de la CC, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, dijo a un periódico guatemalteco que el Gobierno de Biden crearía una comisión anticorrupción regional para sancionar a aquellos que el régimen cree corruptos. Obviamente apoyando a Sandoval, González añadió: “Hay fiscales que se encuentran en la última línea de defensa a favor del Estado de derecho”.
El 5 de marzo los abogados de Guatemala derrotaron al candidato de Sandoval-Biden, Francisco Rivas, a magistrado de la CC por parte del Colegio de Abogados y Notarios. Se puede esperar que Sandoval pedirá a Aifán que emita una orden de arresto ilegal contra Néstor Vásquez para mantenerlo fuera de la CC, como lo hicieron con Moto. Aifán se sentirá más segura de su impunidad tras recibir el 8 de marzo el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje del Departamento de Estado de EE. UU.
El control de la CC por parte de los sucesores de la guerrilla es esencial para el plan de Biden. Esto les permitiría a sus aliados en Guatemala fomentar la destrucción y la dependencia gubernamental y amañar las elecciones generales de 2023, finalmente creando una dictadura socialista. Para el régimen de Biden, el control de la CC garantizaría las fronteras abiertas y un flujo continuo de migrantes a Estados Unidos.
Los nuevos inmigrantes no entenderán que en realidad fueron los demócratas quienes ayudaron a expulsarlos de sus tierras natales y someterlos a los crueles cárteles mexicanos. Los demócratas ayudarán a que esos inmigrantes puedan votar. Agradecidos de estar en Estados Unidos, los nuevos inmigrantes votarán por los demócratas, más que compensando los votos que los demócratas perderán por implementar sus políticas globalistas destructivas.
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