El periodo de la fiscal general Consuelo Porras termina el 14 de mayo. El proceso de selección para nombrar a su sucesor empezó el 18 de enero, cuando el Congreso juramentó la comisión de postulación (CP). Este informe busca explicar el proceso de selección y documentar los intentos para influir en la elección del nuevo fiscal general.
El G13 es una organización informal pero influyente, compuesta por los países cooperantes más importantes de Guatemala. Los presupuestos de donación de los miembros del G13 les ha permitido tener cierta influencia en el país centroamericano. De esta forma, ha intentado supervisar el proceso de selección del fiscal general. Asimismo, como un miembro activo y prominente del G13, el Departamento de Estado estadounidense (DOS) ha usado la amenaza de sanciones para intimidar a los comisionados.
El fiscal general es una autoridad clave en el funcionamiento de la justicia del país, es así que muchas personas tienen interés en saber quién ocupa el puesto. Nuestra investigación ha descubierto el funcionamiento de cuentas en redes sociales de troles organizados y orquestados para influenciar esta designación. Sin embargo, todavía es incierto quién financia y dirige a estas cuentas.
¿Quién es el fiscal general?
El fiscal general, puesto que Consuelo Porras ocupa actualmente, es el jefe del Ministerio Público (MP). El presidente Jimmy Morales la nombró en 2018. Ella es responsable por el procesamiento de criminales. De tal forma, las cortes guatemaltecas solo pueden procesar denuncias penales que sean presentadas por el MP.
El rol del MP es proteger a la población investigando crímenes y procesándolos en las cortes. El MP tiene funciones autónomas, donde la Constitución dispone su financiamiento por parte del gobierno. El presidente guatemalteco selecciona al fiscal general después de recibir una lista de seis finalistas de la CP.
La Constitución guatemalteca establece los miembros de la CP. Esta se forma con los presidentes de la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Se incluye también a los decanos de las doce facultades de derecho en el país.
La Constitución guatemalteca afirma que los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos para ser considerados:
- haber nacido en Guatemala;
- ser mayor de 40 años de edad;
- ser un abogado activo en el Colegio de Abogados;
- honorabilidad reconocible sin sentencias criminales que limiten sus derechos civiles;
- tener al menos cinco años de experiencia como un magistrado en la Corte de Apelaciones o similares o haber ejercido derecho por al menos diez años;
- ser capaz, honesto y apropiado para el puesto.
Cualquier incumplimiento de estos requisitos resultará en la descalificación del candidato.
Además, la Ley de Comisiones de Postulación, aprobada por el Congreso en 2009, requiere que la CP cree criterios de evaluación adicionales. La CP evalúa y actualiza los criterios de evaluación cada cuatro años. Luego, la CP califica a los candidatos sobre cien puntos, de acuerdo a su experiencia profesional, récord ético, educación y experiencia de voluntariado. Los criterios de evaluación y su grado de importancia pueden variar según el juicio de la comisión.
Cómo se ha desarrollado el proceso de 2022
El 10 de febrero, la CP anunció que los abogados interesados tendrían hasta el 21 de febrero para presentar sus aplicaciones. Veintiséis candidatos lo hicieron. La comisión revisó los documentos para verificar que se cumpliesen los requisitos mencionados anteriormente. Algunos candidatos excluídos —diez en total— presentaron sus apelaciones para ser reinstaurados en el proceso. Ellos tenían hasta el 8 de marzo para corregir sus documentos, pero solo una persona fue reinstaurada. El 7 de marzo, la comisión anunció los quince candidatos que cumplieron los requisitos, donde está incluida Porras, que está buscando su segundo periodo.
La CP y la oenegé Guatemala Visible publicaron el cronograma oficial para el subsecuente proceso de nominación. Las personas externas al proceso podían presentar objeciones entre el 11 y 15 de marzo, en una fase comúnmente conocida como tacha, que se refiere a la honorabilidad. Para eliminar un candidato en respuesta a una objeción, la CP debe obtener diez votos de los quince comisionados, es decir, una mayoría de dos tercios. Después de la tacha, los candidatos tienen hasta el 25 de marzo para presentar sus pruebas de descargo. El 29 de marzo, la CP realizará pruebas psicométricas a los candidatos para poner a prueba su capacidad y comportamiento. Del 1 al 5 de abril, la CP entrevistará públicamente a los candidatos.
La CP ha establecido un mínimo de 75 puntos para que los candidatos puedan entrar a la lista de seis finalistas que irá a manos del presidente el 21 de abril. Sin embargo, si menos de seis aplicantes logran cruzar este umbral, el mínimo bajará cinco puntos, así, los candidatos entre 70 y 75 se añadirán a la lista. Si la CP necesita más candidatos, el umbral decrecerá en otros cinco puntos hasta que puedan incluir un número suficiente de candidatos.
De acuerdo con José Luis González Dubón, litigante y ex profesor de derecho constitucional, la Ley de Comisiones de Postulación y los nuevos requisitos son inconstitucionales. Él considera que estos requisitos distorsionan las provisiones constitucionales y añaden evaluaciones subjetivas para los candidatos. De igual forma, la CP ha exigido a los candidatos que entreguen una declaración jurada en la que mencionen que no representan ni han representado a personas acusadas de narcotráfico, crimen organizado o crímenes similares. Haber hecho o hacer esto es motivo de exclusión. Este requisito es inconstitucional, explica González, porque viola la presunción de inocencia de las personas y el juramento de los abogados de defender a los que más lo necesiten.
Interferencias en el proceso de selección
El G13 y el DOS se están involucrando en política local guatemalteca mediante sanciones, comunicados e intimidación. Organizaciones locales y el gobierno de Guatemala son conscientes de estas acciones y han condenado la interferencia.
La Liga Pro Patria, una organización guatemalteca que defiende el imperio de la ley, ha reportado interferencias del G13, incluido el DOS, en este proceso de selección. Además, la Liga asegura que el G13 apoya una campaña de calumnias frente a Porras. Esta campaña contiene principalmente acusaciones de corrupción sin pruebas, a causa de motivos políticos.
@StateDept @StateINL @usembassyguate
Presidente @DrGiammattei @MarioBucaroGT @MinexGt @GuatemalaGob @MPguatemala @OJGuatemala @CC_Guatemala @CongresoGuate @TN23NOTICIAS @AztecaNoticiaGT @republicagt @CanalAntigua @sonora969 @RadioPuntoGT @elsiglogt @Lared1061 @elvigilantegt pic.twitter.com/KQf9fGfagb
— Liga ProPatria (@LigaProPatria) February 21, 2022
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) se da cuenta de la intervención por parte de los países del G13. El 13 de enero, el MINEX sacó un comunicado en Twitter, donde reclaman a los diplomáticos de otros países que no intervengan en asuntos internos.
— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) February 16, 2022
Esta no es la única vez que el MINEX se ha pronunciado sobre el asunto. El 22 de enero, la institución expresó sus preocupaciones con la presidencia del G13 a cargo del embajador sueco Hans Magnusson. El diplomático sueco ofreció cooperación a la CP autónoma y propuso una reunión con miembros de la comisión el 25 de enero.
Después de que la invitación se haya vuelto viral en redes sociales, la Embajada sueca canceló la reunión. En consecuencia, el G13 indicó en redes sociales que mejorará su comunicación con el MINEX para evitar malentendidos. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas exige que las embajadas y consulados se relacionen con el MINEX.
El DOS ya sancionó a Porras en virtud de la Ley de Compromiso del Triángulo Norte de EE. UU., comúnmente conocida como la Lista Engel. El DOS acusó a Porras de socavar los procesos democráticos sin tener evidencia sólida y no le ofreció ni una oportunidad de defenderse. Lo máximo que dijo el DOS es que son conscientes de la creíble información de “reportes de medios y otras fuentes”.
Algunos prominentes funcionarios del DOS atacaron a Porras por despedir a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La inclusión de Porras en la arbitraria lista Engel fue una respuesta abierta a la despedida de Sandoval, a quien el DOS había honrado como “campeón anticorrupción”. Sin embargo, medios locales habían reportado que algunos actores, incluyendo la ex primera dama, habían hecho 47 denuncias en contra de Sandoval.
González contó al Impunity Observer: “el DOS incluyó a Porras en la lista Engel para difamarla, politizar aún más el sistema de justicia de Guatemala e intimidar a los comisionados y al presidente para que no vuelvan a nombrar a Porras.”
En 2020, Programa de Desarrollo de las NN. UU. (PNUD) anunció la suspensión del programa de fortalecimiento de capacidades del MP en la lucha contra la impunidad debido a la COVID-19. Sin embargo, en febrero de 2022, el PNUD anunció la continuación de la suspensión del programa debido a una supuesta falta de compromiso del MP en la lucha contra la impunidad.
El anuncio del PNUD en pleno proceso de selección aumenta la percepción de intimidación contra los comisionados y el presidente Alejandro Giammattei. Esto se debe a que la presencia de Porras en la lista de finalistas está pendiente.
Múltiples expertos —que deben permanecer en la anonimidad por miedo a represalias— comentaron: “Como resultado de la reacción negativa del público a la reunión propuesta por el embajador con los comisionados, el DOS está utilizando a la USAID y sus oenegés afiliadas para influir en el nombramiento del MP”. La declaración de la administradora de la USAID, Samantha Power, de que Porras “usa su cargo para intimidar y perseguir a jueces y fiscales que defienden el imperio de la ley” coincide con la información de las fuentes.
Una de nuestras fuentes aseveró que: “El rector de la Universidad Rafael Landívar ha señalado a los comisionados que la Embajada de Estados Unidos colocará en la lista Engel a quienes no voten por los candidatos aprobados por la Embajada y en contra de Porras”.
Varias fuentes han indicado que los fiscales ahora dudan en cumplir con su deber porque Sandoval les dijo que esperaran hasta mayo. Esto es consistente con el apoyo del DOS a Sandoval y coincide con los esfuerzos del DOS para controlar quién es designado como el próximo fiscal general.
Centros de troles perjudican a Porras
Las redes sociales se han vuelto la herramienta principal para moldear la opinión pública y permitir la expresión de los ciudadanos. La influencia de las cuentas troles tiene un impacto significativo en los temas tratados en Guatemala. Oenegés como Unidos Contra la Corrupción Guatemala (UCC) utilizan centros de trolls para promover agendas políticas específicas.
“Desde principios de 2022, los guatemaltecos en las redes sociales se han enfocado en los próximos eventos políticos. Uno de los temas de moda es el nombramiento deL fiscal general”, dijo a Impunity Observer Luis Fernando Urbina, analista de redes sociales de Guatemala.
En enero, la primera tendencia sobre la selección deL fiscal general fue la inclusión del ex jefe de la CICIG, David Gaitán, como miembro de la CP. Él había entrado a este puesto ya que era decano de la facultad de derecho de la Universidad Da Vinci en Ciudad de Guatemala. Esta tendencia duró una semana. A inicios de febrero, la tendencia era Consuelo Porras, la actual fiscal. Los troles acusaban a Porras de corrupción.
Las cuentas troles repiten mensajes casi indénticamente. Por ejemplo, la cuenta de Twitter @PabloCa27615484 tiene 2,667 seguidores, habiendo sido creada en 2019, pero solo ha tenido un tuit original desde su creación. Según Urbina, “estas cuentas sirven como caja de resonancia para otras cuentas con mayor alcance y audiencias más grandes”.
UCC y Colectivo Ciudadano Quetzaltenango son otras cuentas que parecerían ser troles. Esto se debe a que no hay forma de verificar su autenticidad o sus sitios web no existen o han estado inactivos por años. Sin embargo, cuentan con destacados seguidores como Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala; el Partido Winaq, un partido progresista guatemalteco; Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG; Amilcar Pop, diputado de izquierda; y una variedad de periodistas.
Según un análisis de siete días realizado por Urbina con herramientas de análisis de redes, el tema fiscalía general que fue tendencia en Twitter tuvo 1.502 tuits originales de personas reales y un
total de 18.393 retuits. Urbina dijo al Impunity Observer: “Hay un esfuerzo coordinado palpable en la creación de nuevos medios autoproclamados independientes que se enfocan en crear y difundir noticias relacionadas con el fiscal general, casos de corrupción y supuestas organizaciones sociales”.
Ecos del pasado
El DOS ha tenido abiertamente un rol activo en el sistema de justicia de Guatemala en la última década. Más específicamente, González asegura que “el DOS se ha involucrado fuertemente en la selección de fiscal general desde 2010”.
“En 2010, el embajador estadounidense Stephen McFarland y el entonces comisionado de la CICIG Carlos Castresana ilegalmente presionaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para remover al recientemente seleccionado fiscal y abrir paso para su candidato. La CC anuló el proceso y empezó uno nuevo, añadiendo a Claudia Paz y Paz, que luego fue seleccionada”. Un reporte publicado por el Centro Americano de Estudios Latinos y Latinoamericanos—en Washington, DC—alabó a Castresana, un español, por tener un rol principal en la salida de un “fiscal inescrupuloso”, lo que pavimentó el camino para la selección de Paz y Paz.
En 2014, Hillary Clinton llamó al expresidente guatemalteco Otto Pérez e insistió en que presione a la CP para nominar a Paz y Paz. A pesar de esto, la CP no incluyó a Paz y Paz en la lista de seis finalistas. Pérez nombró a Aldana como la sucesora de Paz y Paz.
La CICIG llamó a Aldana corrupta cuando era candidata para magistrado de la Corte Suprema en 2010. Sin embargo, se quedaron silenciados en 2014 cuando Aldana fue seleccionada como fiscal general. Ella se alineó con el DOS, incluyendo la cooperación contra Pérez para llevarlo a la cárcel. Su juicio empezó después de seis años y medio.
Un año después de que el periodo de Aldana haya terminado, el MP presentó denuncias contra ella a causa de malversación de fondos en la compra de un edificio. El Ministerio de Finanzas avaluó el edificio en la mitad de lo que Aldana había pagado. El edificio tampoco cumplía con los estándares legales para compra del gobierno.
En febrero de 2020, Aldana huyó hacia Estados Unidos, donde el ex congresista Eliot Engel apoyó su asilo entusiásticamente. Kamala Harris le rindió homenaje en la Casa Blanca por luchar por la justicia.
Las irregularidades en el proceso de selección de fiscal general demuestran que hay una voluntad por hacer caso omiso a la Constitución guatemalteca. Las inconsistencias entre la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación socavan al proceso de selección. Herramientas ilegítimas como cuentas de troles en redes sociales que descareditan a autoridades les dificultan el trabajo. Varios actores nacionales y extranjeros están actuando ilegalmente y manipulando la selección de fiscal general lejos del imperio de la ley.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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