El 17 de febrero de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió ayuda a las Naciones Unidas (ONU) para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Para Castro, la corrupción y la impunidad “son dos flagelos que han dañado profundamente al país”.
La ONU estuvo de acuerdo y anunció el envío de una misión a Honduras el 9 de mayo. Los senadores demócratas estadounidenses Tim Kaine y Patrick Leahy mostraron su interés y enviaron una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) pidiendo colaborar con el gobierno hondureño y la ONU en este proyecto. Kaine y Leahy argumentan que la CICIH puede contribuir a la erradicación de la corrupción y la impunidad en Honduras.
La CICIH, sin embargo, no será la primera institución de su tipo en la región. En 2007, Guatemala estableció, también con cooperación de la ONU, un equivalente a la CICIH: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desde 2016 hasta 2020, Honduras también creó una comisión similar liderada por la Organización de Estados Americanos. Ambas experiencias ofrecen pistas respecto a los resultados potenciales de una iniciativa liderada por ONU en Honduras.
La creación de la CICIH
Castro incluyó la creación de la CICIH en su campaña electoral. Durante el periodo electoral de 2021, ella hizo público sus planes para trabajar con la ONU para luchar contra la corrupción.
El 11 de abril, Edmundo Orellana, el secretario anticorrupción del gobierno de Castro, anunció que en mayo se llevará a cabo una reunión con funcionarios del gobierno y miembros de ONU. Los primeros temas de discusión serán las responsabilidades de la CICIH y la duración de su periodo.
La administración de Castro espera que el periodo de la CICIH dure más que los cuatro años de un periodo presidencial. Para Orellana, “encaminar el sistema de justicia hondureño” necesita más de cuatro años.
Asimismo, la misión de la ONU se reunirá con funcionarios del Ministerio Público (MP) y elegirán a los futuros miembros de la CICIH, quienes, según la ONU, deberán ser seleccionados cuidadosamente. Para el ministro de asuntos exteriores hondureño, Enrique Reina, “esta reunión demuestra un verdadero esfuerzo de la ONU en la lucha contra la corrupción en el pais”.
Corrupción en Honduras
Honduras está atravesando un periodo crítico en cuanto a corrupción. Con 23 puntos sobre 100 en 2021, el país obtuvo su peor puntaje en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International. El Salvador y Guatemala obtuvieron un mejor puntaje que Honduras con 34 y 25 puntos, respectivamente. Sin embargo, con 20 puntos a causa de una dictadura flagrante, Nicaragua tuvo el peor rendimiento de todos los vecinos.
En febrero de 2022, Estados Unidos acusó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de narcotráfico y solicitó su extradición a las cortes estadounidenses. Mientras tanto, su hermano, Antonio Hernández, está cumpliendo con una cadena perpetua en Estados Unidos debido a condenas relacionadas al tráfico de drogas.
Intentos anteriores de luchar contra la corrupción
En enero de 2016, el expresidente Hernández firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Los objetivos de MACCIH eran:
- apoyar y colaborar con el estado hondureño para sancionar e investigar la corrupción;
- contribuir a los canales de comunicación entre instituciones anticorrupción del estado;
- proponer nuevas leyes y reformas de leyes que apoyen la lucha contra la impunidad;
- ayudar a reforzar el sistema de rendición de cuentas en Honduras.
MACCIH investigó 12 casos de corrupción involucrando a expolíticos, funcionarios públicos y congresistas entrantes. Las acusaciones incluyen desvío de fondos públicos, lavado de dinero y aceptar sobornos.
Uno de los casos era la red de congresistas, en la que un grupo de legisladores presuntamente desviaron más de $300,000 de fondos públicos que iban a ser destinados a oenegés. Augusto Cruz, Enrique Padilla y Audelia Rodríguez — del partido político VAMOS—, Dennys Sánchez del Partido Liberal, y Eleázar Juárez de LIBRE están entre los acusados. El último es el partido de Castro.
Otros casos que involucraron a congresistas fueron el pacto de la impunidad, pandora y arcaa abierta. La MACCIH se volvió una amenaza para ellos y, en diciembre de 2019, el Congreso sugirió que el gobierno termine el mandato de la MACCIH a causa de “abuso de poder y falta de garantías cnstitucionales”.
Consecuentemente, la administración de Hernández anunció que la MACCIH dejaría de funcionar en Honduras desde enero de 2020. La OEA dijo que no pudieron llegar a un acuerdo para continuar la cooperación con el gobierno hondureño.
Comunicado Oficial. pic.twitter.com/T6ao8i1cZY
— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) January 17, 2020
La experiencia guatemalteca
En 2006, el entonces presidente guatemalteco Óscar Berger y la ONU firmaron un acuerdo de cooperación para “combatir cualquier manifestación de fuerzas de seguridad clandestinas e ilegales que estén operando en el país”. Un año después, crearon la CICIG.
Según el mandato de la CICIG, esta era una institución autónoma operando bajo el marco legal del país. De los casos que daba seguimiento la CICIG, sin embargo, la responsabilidad de procesar recaía exclusivamente en el sistema de justicia guatemalteco.
La ONU y su Secretaría General seleccionaron a los comisionados de la CICIG, quienes gozaban de inmunidad diplomática. Sin embargo, escándalos de corrupción han destrozado la reputación de la ONU en los últimos años. Por ejemplo, en 2015, funcionarios estadounidenses arrestaron al expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, debido a que aceptó sobornos de ejecutivos chinos.
Otros casos que cuestionan la integridad de la ONU incluyen lavado de dinero y dar la espalda a la crisis humanitaria en Venezuela. Esto, en conjunto con casos reportados de violaciones del debido proceso en investigaciones de la CICIG, ha derivado en la popular creencia que Guatemala cedió soberanía ante la ONU, la CICIG y el DOS — el más grande contribuyente de la CICIG—.
El predicamento para los países organizadores de estos convenios es que están invitando a una nueva fuente de poder y una fuente potencial de corrupción y abuso adicional. La inmunidad diplomática significaba que los funcionarios de la CICIG no temían a las consecuencias al momento de hacer acusaciones. Honduras se arriesga a caer en el mismo problema.
Después de una década de operaciones de la CICIG, el expresidente Jimmy Morales no renovó su mandato. La comisión abandonó Guatemala en septiembre de 2019 con una opinión pública dividida sobre su rendimiento.
En abril de 2019, una encuesta de Prensa Libre reveló que 7 de cada 10 guatemaltecos aprobaba su actuación. De acuerdo con el analista político e historiador, José Calderón, la CICIG ayudó a revelar la infiltración de la corrupción y el crimen organizado en el estado guatemalteco.
Mientras la corrupción se refiere a actividades ilegales, la impunidad se refiere a ser libre de castigo y está fuera de la ley. A pesar del intento de la CICIG de erradicar la impunidad en Guatemala, la organización de sociedad civil, Liga Pro Patria, y el exmagistrado de la Corte Suprema, José Quezada, creen que la CICIG abusó de su poder. Para ellos, la CICIG tuvo un giro político hacia la izquierda que socavó las instituciones del país.
En su último reporte, Liga asegura que la CICIG se volvió aquello que buscaba eliminar. Este reporte documenta a funcionarios estadounidenses interviniendo en asuntos locales, la politización de la justicia local y las contradicciones entre la CICIG y la Constitución guatemalteca.
El Impunity Observer ha reportado previamente interferencias del DOS en las operaciones de la CICIG. Quesada acusó públicamente a los comisionados de la CICIG, Carlos Castresana e Iván Velásquez, de manipular a testigos, abusar de la prisión preventiva e inclinar ideológicamente la justicia en Guatemala.
Además, funcionarios de justicia guatemaltecos arrestaron a la exmiembro de la CICIG, Leysi Santizo, en febrero de 2022 por una supuesta obstrucción a la justicia. Más miembros y aliados de la CICIG también están bajo investigación.
Resultados de la MACCIH y la CICIG
De acuerdo con el con el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Guatemala y Honduras no han mejorado su situación en el rendimiento judicial a partir del funcionamiento de las comisiones en contra de la corrupción y la impunidad. El índice, estrenado en 2015, mide la ausencia de corrupción, restricción de los poderes del estado, justicia criminal y cumplimiento de la ley.
Con un puntaje estable de 0.44 sobre 1 en 2019, Guatemala no mejoró en el estado de derecho. En el caso de Honduras, cuando el gobierno creó la MACCIH en 2016, el índice calificó al país con 0.42 sobre 1. En 2020, cuando se disolvió la MACCIH, su puntaje se redujo aún más a 0.40.
Ambos, la CICIG y la MACCIH, no lograron generar un impacto positivo a largo plazo en los sistemas judiciales de los dos países. Estos dos casos previos llevan a un cuestionamiento inevitable de la efectividad de los resultados de una nueva comisión para luchar contra la impunidad en Honduras.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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