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El 7 de julio, expliqué que el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) había intervenido ilegalmente en las elecciones de Guatemala para ocultar sus crímenes en el país. El DOS ha intimidado a los guatemaltecos para que acepten su agenda, incluyendo hacer del comunista Bernardo Arévalo su próximo presidente. La página web de su Movimiento Semilla habla de “las odiosas desigualdades generadas por un capitalismo descontrolado”.
Llamar a Arévalo un luchador anticorrupción, como lo hizo el New York Times, socio de Biden, es como llamar a Joe y Hunter Biden luchadores anticorrupción. Arévalo ha acogido a antiguos fiscales y jueces quienes se encuentran prófugos bajo la protección del DOS con voluminosas pruebas de criminalidad contra ellos.
Biden tiene mucho que ocultar en Guatemala, lo que explica su intervención en el país. El expresidente Otto Pérez (2012-2015) dijo que Biden lo presionó para que concediera a una empresa estadounidense un lucrativo contrato y para que extendiera el mandato de una comisión criminal de la ONU contra la impunidad (CICIG). Pérez dijo que Biden viajó a Guatemala tres veces en 12 meses y que tenía intereses financieros en la empresa estadounidense.
El DOS dirigió el encarcelamiento y la persecución de los miembros de la junta directiva de la institución estatal en 2015 que había concedido el contrato al competidor de la empresa estadounidense. Una revisión realizada en 2017 por la entidad oficial de auditoría del Estado de Guatemala concluyó que la institución había actuado correctamente. Todos los acusados fueron declarados inocentes, pero dos de ellos ya habían fallecido durante su encarcelamiento ilegal.
Las revelaciones del Comité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la corrupción de Biden muestran un patrón que hace que sus acciones en Guatemala merezcan ser investigadas.
El embajador estadounidense en Guatemala Todd Robinson (2014-2017) utilizó a la CICIG para apoderarse del sistema judicial del país. Mientras tanto, la CICIG se convirtió en un agente del gobierno ruso al perseguir a una familia de refugiados rusos que huían de los crímenes de Putin contra ellos, según el senador Roger Wicker (R-MS).
El excomisionado de la CICIG Iván Velásquez, la ex fiscal general Thelma Aldana y el exfiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval otorgaron finiquitos a Odebrecht. Estas, sin recibir nada a cambio, fueron en relación a la demanda de 384 millones de dólares de Guatemala contra Odebrecht. Un tribunal anuló los finiquitos y emitió órdenes de captura contra Aldana y Sandoval, a quienes el DOS protege.
Estos son algunos de los crímenes que Arévalo y sus controladores del DOS esperan ocultar durante su presidencia. Los comités de la Cámara de Representantes deberían investigar inmediatamente los roles de Biden y Robinson en estos crímenes. El nombramiento de Robinson por parte de Biden como subsecretario de Estado en 2021 coincide con que ambos han cometido crímenes juntos. Sus acciones ilegales para apoderarse del sistema judicial de Guatemala en 2015 y 2016 y en la interferencia electoral de este año exigen una investigación.
El uso del gobierno de Estados Unidos como arma por parte del régimen de Biden contra su oponente nacional más visible, Donald Trump, y contra Guatemala, muestra su naturaleza marxista y su desprecio por la ley. El régimen está tratando de provocar a sus oponentes, a través de la guerra legal y la satanización, para responder de la misma manera, rebajándose a los estándares del régimen de Biden. Debemos ser mejores que eso y podemos aprender de una víctima de Biden, la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras.
Porras continuó procesando a los agentes criminales del DOS y fue meticulosa a la hora de respetar públicamente sus derechos y hacer públicas las pruebas que respaldaban sus acciones. El 16 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elogió a las fuerzas de seguridad guatemaltecas por su cooperación sin precedentes. El elogio no mencionó a Porras ni a su ministerio, probablemente por deferencia al DOS. Sin embargo, esa cooperación no podría haber ocurrido sin que Porras la ordenara.
Necesitamos un fiscal general de Estados Unidos en 2025 que aplique sin miedo la ley de forma pública y adecuada a los funcionarios que la hayan violado.
Desgraciadamente, los presidentes de las dos comisiones de relaciones exteriores del Congreso —un demócrata y un republicano— apoyaron e incluso instigaron la politización del DOS repitiendo sus falsas afirmaciones contra Porras. La acusaron de perseguir ilegalmente al partido político de Arévalo. Esto a pesar de las pruebas de 5.000 firmas falsificadas y de que al menos 18 personas muertas habían firmado como miembros del partido para alcanzar el umbral de inscripción de Semilla.
Los presidentes deben saber que la intimidación del DOS provocó que la Corte de Constitucionalidad: (1) dictaminara que las autoridades electorales habían cumplido su orden de recuento tras la primera vuelta de votaciones a pesar de la evidencia en contra (2) ignorara los recursos legales que demostraban múltiples violaciones de la ley electoral. Para no arriesgarse a la ira del DOS, es poco probable que el Tribunal Constitucional anule el partido Semilla de Arévalo a pesar de las abrumadoras pruebas de su inscripción fraudulenta.
Como era de esperarse, el presidente Robert Menéndez (D-NJ) apoya al DOS porque los demócratas se han convertido en el partido de la criminalidad. Sorprendentemente, el presidente Michael McCaul (R-TX) se unió a él para instar la politización del DOS. McCaul ha apoyado a Taiwán y se ha opuesto al Partido Comunista Chino (PCCh), que le ha sancionado. El año que viene, McCaul probablemente tendrá que explicar por qué apoyó la instalación fraudulenta de un marxista en Guatemala que luego cortó relaciones con Taiwán y las estableció con el PCCh.
El 14 de julio McCaul pidió a Biden más sanciones de la Lista Engel en virtud de una ley de 2020 que McCaul había defendido. El DOS ha violado esa y otras leyes estadounidenses con sus sanciones políticamente selectivas. El senador Mike Lee (R-UT) ha criticado el uso indebido de estas sanciones por parte del DOS.
McCaul puede dar marcha atrás y unirse a la campaña de los líderes de la Cámara para investigar y sacar a la luz la politización. Tal vez no se haya dado cuenta de lo nefasto que es el régimen de Biden y los funcionarios del DOS que perpetran este fraude.
McCaul debería empezar a investigar la criminalidad de Biden y del DOS, para lo cual Guatemala ofrece un punto de partida perfecto. Esto ayudaría a desenmascarar la burocracia federal y la traición de Biden y apartaría al DOS de apoyar a nuestros enemigos y atacar a nuestros aliados.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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