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El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y el régimen de Joe Biden han suprimido la verdad de forma agresiva y esparcido mentiras para instalar a su títere comunista, Bernardo Arévalo, como presidente de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometió un fraude en las elecciones de 2023 —como lo documentó el Ministerio Público (MP)— mientras coordinaban con funcionarios estadounidenses.
El reporte del 8 de diciembre del MP muestra la contratación de operadores computacionales partidarios, votos sin respaldo legal y reporte prematuro de votos. Estos hallazgos instan a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a investigar al régimen de Biden y el DOS por estar involucrados en el fraude. Esta investigación se sumaría a los esfuerzos del Congreso por exponer la instrumentalización de nuestro gobierno.
Funcionarios del DOS conspiraron con magistrados del TSE antes de las elecciones del 25 de junio. El candidato sorpresa, Arévalo, llegó al balotaje del 20 de agosto con 12% de los votos después que ninguna encuesta le daba más de 3% de intención de voto. Al mismo tiempo, su Movimiento Semilla no pudo ganar en ninguno de los 340 municipios, una anomalía sin precedentes.
El DOS y el régimen de Biden libraron una guerra de información contra los guatemaltecos: los medios y agentes corruptos diseminaron los puntos de discusión para hacer creer a la gente que el resultado fue legítimo. El DOS y el régimen de Biden presionaron a funcionarios del gobierno y organizaciones del sector privado para sacar a la fiscal general Consuelo Porras de su cargo y aceptar a Arévalo como presidente electo.
La ley obligó a Porras y al MP a investigar más de 1.000 denuncias de crímenes electorales. Semilla pidió a la justicia que ordene al MP que no interfiera en asuntos electorales, como lo había alegado el DOS y el régimen de Biden. La Corte de Constitucionalidad, sin embargo, ordenó al MP que continúe investigando y que reporte los resultados a los organismos pertinentes.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara (HFAC) hizo eco del cargo falso por presunta interferencia del MP en un comunicado de prensa del 14 de julio. El presidente del comité, Michael McCaul, también instó al régimen de Biden a que sancione a los supuestos actores corruptos.
Cinco días después, el DOS socavó la capacidad de hacer cumplir la ley del MP al sancionar a una fiscal sin ninguna justificación. El MP respondió con una carta el 12 de septiembre dirigida al HFAC, donde detallaba los crímenes del DOS, incluyendo sancionar arbitrariamente a un fiscal.
Biden y funcionarios del DOS se tomaron el sistema judicial de Guatemala en 2016. Después del daño al país y a pesar de la presión del régimen de Biden, funcionarios guatemaltecos en 2021 eligieron a magistrados de la Corte que no eran controlados por el DOS. Esto liberó a Porras para investigar a fiscales y jueces que han ejecutado la agenda criminal de los funcionarios del DOS. Esto llevó a que el DOS sancione a Porras.
Cuando el periodo de Porras estaba llegando a su fin en 2022, el DOS abierta e ilegalmente intervino para evitar su reelección, falló estrepitosamente. Esta intervención generó numerosas solicitudes de información en el Congreso. Sin embargo, el DOS no respondió porque mentir ante el Congreso es un delito y decir la verdad llamaría la atención que ellos no quieren.
El HFAC ha ignorado muchas razones para investigar la criminalidad del DOS. Solo la contradicción entre sus acusaciones contra el MP y la respuesta del 12 de septiembre ya es una razón para investigar.
El 16 de marzo, el Departamento de Justicia elogió a las instituciones de cumplimiento de la ley en Guatemala por una cooperación sin precedentes en cuanto a extradiciones de traficantes de personas. Esto difiere de la condena del DOS a Porras ya que solo la fiscal general puede solicitar extradiciones.
El DOS ha mentalizado a todos para que crean que el MP es corrupto y no tiene jurisdicción sobre asuntos electorales. Esto es falso, pero el régimen de Biden quiere que la gente crea sus mentiras en lugar de buscar la verdad.
El reporte del MP del fraude electoral junto a la inacción del HFAC debería provocar que el liderazgo de la Cámara investigue y exponga al régimen de Biden y al DOS por la instrumentalización de nuestro gobierno en el exterior: apoyando a nuestros adversarios y atacando a nuestros aliados. El títere del DOS, Arévalo, es parte del socialista Grupo de Puebla, que apoya a Irán, Hamás y al Partido Comunista Chino.
El siguiente paso que dicta la ley es que Guatemala anule su elección presidencial. El TSE decidirá aquello y la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra. La ley es clara.
Así como en casa, al régimen de Biden no le interesa la ley en el exterior y este desprecia al Congreso. La exención de facto de la supervisión del Congreso hacia el DOS lo ha vuelto arrogante y fuera de control.
El DOS actúa en todo el mundo como en Guatemala. Investigaciones de su criminalidad y la del régimen de Biden traería a colación historias similares en otros países.
Los funcionarios del DOS, tanto pasados como presentes, aquellos que no son parte de la criminalidad, testificarían si se llevara a cabo investigaciones y audiencias creíbles. Lo mismo aplica para el personal de la agencia de seguridad que tiene información sobre los crímenes del DOS pero no han tenido forma razonable ofrecerse para decir la verdad.
A diferencia del Departamento de Justicia, que puede decir que hay “investigaciones en curso” como excusa para bloquear al Congreso, el DOS no tiene ese pretexto. Ver la enorme criminalidad del régimen de Biden y del DOS complementará y empoderará a las exposiciones de instrumentalización internal del gobierno federal por parte de los comités de Supervisión, Judicial y de Medios y Arbitrios.
Esto dejará listo el camino para reestructurar a la burocracia federal y cambiar su forma de funcionar, una necesidad para un gobierno pro Estados Unidos que comience en 2025. Una valiente fiscal general, dedicada a la ley, nos ha dado el ejemplo de lo que la verdad y los principios pueden hacer para recuperar nuestra libertad. Necesitamos un fiscal general así en Estados Unidos.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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