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El 2 de febrero, la Cámara aprobó una resolución promovida por Maria Elvira Salazar (R-FL) “denunciando los horrores del socialismo”. Los 109 demócratas que votaron a favor de la resolución se han acorralado a sí mismos retóricamente y han empoderado investigaciones de la Cámara sobre la instrumentalización del Gobierno.
Estos demócratas, sin darse cuenta, han socavado al régimen de Biden, que ha estado promoviendo el socialismo en Latinoamérica. Como se establece en un informe de 2022 de la Fundación Heritage, el marxismo se ha vuelto el principio clave para la ayuda extranjera estadounidense.
La estrategia, políticas y crímenes que el régimen apoya en Latinoamérica son los mismos que ejecuta en casa. En ambos casos, el régimen debe ser frenado.
Afinidades socialistas al desnudo
En una conferencia de prensa llena de elogios en octubre de 2022 en Bogotá con el presidente colombiano y exguerrillero, el secretario de Estado Antony Blinken dijo: “Debemos atacar las raíces de la inseguridad: corrupción, impunidad y desigualdad”. La llamada igualdad, base de las políticas locales del régimen de Biden, es un código para la igualdad de resultados. Esta es la bandera del socialismo.
El alto funcionario de política exterior se ha alineado con un presidente que ofrece impunidad a 22 grupos criminales, como lo explica la senadora colombiana María Fernanda Cabal: “Si pudiera, Petro llevaría a cabo un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder”.
La gente de Biden ayudó al candidato socialista —aliado cercano de Fidel Castro— Luiz Inácio “Lula” da Silva en las elecciones presidenciales del año pasado. La Corte Suprema de Brasil liberó a Lula por un tecnicismo de una sentencia de 12 años en la cárcel y le permitió ser candidato presidencial otra vez. Como lo explica Matthew Trymand del Instituto Claremont, esto fue “un descarado acto de politiquería por interés propio sin estar basado en absoluto en la jurisprudencia”.
La autoridad electoral de Brasil prohibió llamar a Lula “exconvicto”, “ladrón”, o “corrupto” —todas descripciones certeras. Sin embargo, a pesar de la censura partidaria y flagrante, Biden describió las elecciones como “libres, justas y creíbles”. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, apoyó la dictadura judicial de Brasil y dijo que los brasileños demostraron “La viabilidad de su democracia, que en muchas formas es un modelo para el hemisferio”.
Apoyo encubierto a lo peor de lo peor
El régimen de Biden critica a las dictaduras socialistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela para encubrir su apoyo a estos. Durante las masivas protestas en Cuba en julio de 2021, brutalmente reprimidas por la dictadura, Orlando Gutiérrez Boronat sugirió cuatro acciones que la administración de Biden podía tomar para promover la libertad en Cuba. Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dice que “Biden y su gente han hecho lo opuesto”.
Cuando la dictadura de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo en noviembre con la oposición de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), el régimen de Biden permitió a Chevron que continúe con su producción en Venezuela. Esto ayudará al régimen de Biden, que está libre mientras Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por su paradero. Pedro Urruchurtu del partido de oposición Vente dice que la PUD no tiene credibilidad y que el acuerdo es una fachada.
Ariel Montoya es el fundador y presidente del partido nicaragüense en exilio: Organización Política Accionaria (OPA). Él dice: “Es inconcebible que una democracia tan hermosa como la de Estados Unidos continúe ayudando económicamente a tiranías como la de Daniel Ortega en Nicaragua y el castro-chavismo. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, continuando su apoyo mientras se esconde tras sanciones inefectivas”.
El récord de apoyar a criminales
Después de las elecciones de junio de 2021 en Perú, el Departamento de Estado elogió la elección del comunista Pedro Castillo como libre y justa antes de resolver las impugnaciones. Una encuesta mostró que 65% de peruanos creía que había sucedido un fraude, incluyendo 50% de los votantes de Castillo. Castillo intentó sin éxito un autogolpe de Estado en diciembre.
Biden y el exembajador Todd Robinson arrebataron la justicia guatemalteca en 2016. Ellos atacaron a industrias clave —como la minera y la energía hidroeléctrica— y exacerbaron la pobreza y la violencia. Aliados estadounidenses protegieron a grupos sucesores de la guerrilla que victimizaron a las personas más pobres e indefensas del país.
Jueces y fiscales del Departamento de Estado (DOS) regularmente violaron derechos individuales, manteniendo a sus objetivos en la cárcel por años. Algunos murieron. Algunos fueron torturados.
Cuando el periodo de la Corte de Constitucionalidad terminó en 2021, las autoridades guatemaltecas resistieron a la presión del DOS y nombraron jueces independientes y despidieron al fiscal clave del DOS. La justicia empezó a procesar casos en contra de los agentes criminales del DOS. El DOS difama a las autoridades de la justicia para esconder su propias acciones criminales.
Autores de la Fundación Heritage reportaron el año pasado que Giammattei les había dicho que el embajador de Estados Unidos y USAID querían derrocar su Gobierno. Giammattei luego dijo: “A pesar de compartir valores y principios, hemos sido vilmente atacados por el Departamento de Estado”.
El régimen de Biden apoya la justicia arbitraria a lo largo de Latinoamérica. Pone a la política por encima de la justicia a expensas de los derechos individuales de las personas, tal como hace en casa.
No hay respiro en Estados Unidos
El Departamento de Justicia politizado persigue a los padres que se preocupan de que sus hijos sean llenados de propaganda y favorecen a quienes lo hacen. Protege a las protestas ilegales a favor del aborto fuera de las casas de los jueces de la Corte Suprema mientras persiguen a los providas que se manifiestan pacíficamente. Protege a los vándalos de Antifa y Black Lives Matter mientras persigue a cualquiera que esté remotamente conectado al evento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
El régimen de Biden satanizará y no cooperará con las investigaciones del Comité Judicial porque cooperar significa exponer la agenda socialista del régimen. Exponer lo que ha hecho en el exterior, especialmente sus múltiples crímenes, empoderarán las investigaciones de la Cámara.
La resolución de Salazar “denuncia al socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en Estados Unidos de América” (el énfasis es mío). Los representantes que votaron a favor de esta implícitamente apoyan las investigaciones del socialismo de Biden en casa, lo que incluye la instrumentalización del Gobierno para lograrlo.
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