En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, llevada a cabo el 28 de abril, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine puso en evidencia la colusión entre los demócratas, el Estado profundo y el Cártel de los Soles. Lo hizo mientras interrogaba a Juan Rodríguez, nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador de EE. UU. en Guatemala.
Kaine preguntó a Rodríguez si mantendría las sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras. El régimen de Joe Biden demonizó a Porras por ser el principal obstáculo para su intento de manipular las elecciones de Guatemala de 2023 a favor de Bernardo Arévalo y para facilitar el tráfico ilegal de drogas y migrantes a través del país.
Funcionarios remanentes de la era Biden, como el embajador Tobin Bradley y el subjefe de misión Patrick Ventrell, sabotearon a Trump a EE. UU. hasta su remoción un año después del inicio del actual mandato de Trump. La administración Trump ha mantenido las sanciones contra Porras.
Kaine y agentes del Cártel de los Soles dentro del Departamento de Estado saben que el acercamiento de Trump con Porras expondría su traición. La obsesión de Kaine con Porras, quien debe dejar su cargo el 17 de mayo, indica su preocupación por si Trump apoyase un tercer mandato para ella. Eso aún sería posible con la aplicación inmediata y adecuada de la ley.
John Barrett, sucesor de Ventrell, revirtió algunos de los abusos de su predecesor. Arévalo afirmó que denunciaría ante el Departamento de Estado que Barrett favorecía la reelección del magistrado Roberto Molina y de Porras.
El traslado repentino e inusual de Barrett a Venezuela a finales de abril, sin comentarios del Departamento de Estado, abrió espacio para que funcionarios traidores intervinieran contra Porras. Su reemplazo no ha tenido tiempo suficiente para influir en que el proceso se ajuste a la ley.
Sin oposición externa, la comisión nominadora para fiscal general ha actuado ilegalmente para favorecer a los candidatos de Arévalo. La inacción de la Corte de Constitucionalidad ante impugnaciones sugiere que funcionarios del Departamento de Estado han influido para excluir ilegalmente a Porras y permitir que Arévalo nombre a un aliado. Los objetivos serían: manipular las elecciones de 2027, desestimar múltiples denuncias penales contra Arévalo y ocultar los delitos de funcionarios del Departamento de Estado.
Si se aplicaran las leyes de Guatemala, Porras estaría en la lista de candidatos de la cual el presidente debe elegir al próximo fiscal general, y Arévalo estaría inhabilitado para hacer ese nombramiento. Kaine y agentes del Cártel de los Soles quieren imponer a su fiscal antes de la llegada de Rodríguez.
El interrogatorio de Kaine a Rodríguez reveló información comprometedora que debería exponer a Kaine y a los agentes del Cártel de los Soles en el Departamento de Estado. Insatisfecho con la respuesta de Rodríguez, quien dijo desconocer por qué se sancionó a Porras, Kaine preguntó si alguien del Departamento había hablado con él sobre ella. Rodríguez respondió: “Me dijeron que la información era clasificada y, como civil, no tengo derecho a recibirla”.
La clasificación protege secretos de seguridad nacional estadounidense. Solo un delito de Porras podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, pero el gobierno estadounidense no la ha acusado. Porras incluso ha solicitado al Departamento de Estado que haga pública esa información para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa.
Para ocultar su traición, funcionarios del Departamento de Estado crearon una clasificación sin fundamento para impedir que funcionarios de Trump interactúen con Porras. Compartir esa información sería un delito, dificultando cuestionar la narrativa oficial. El engaño perpetrado por los funcionarios remanentes en el Departamento de Estado ha perjudicado la seguridad nacional de Estados Unidos. Cualquier funcionario leal a Trump debe mirar a través de la estratagema de “seguridad nacional”.
Kaine califica a los guatemaltecos que se oponen a su agenda como el “pacto de corruptos”, lo que el senador republicano por Utah Mike Lee ha señalado como una táctica de desprestigio. Esto es similar a cuando los demócratas califican a Trump como dictador o racista: lo contrario de la realidad.
Kaine afirmó que dicho pacto intentó un golpe de Estado en 2023 para impedir que Arévalo asumiera la presidencia. Los demócratas proyectan sus propias acciones en sus adversarios. El verdadero golpe habría sido ejecutado por el régimen de Biden y el Departamento de Estado, con evidencia significativa incluso en el Congreso.
Arévalo es un presidente ilegítimo. Él no habría sido electo ni investido sin acciones ilegales del Departamento de Estado. No ha sido removido, como dispone la ley, debido a esas mismas acciones, incluso bajo la administración Trump.
Kaine agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por apoyar a Arévalo, sugiriendo que el bipartidismo valida su posición. No es así, incluso podría perjudicar a Rubio si busca la presidencia.
El avance de funcionarios del Departamento de Estado en Guatemala, incluso bajo Trump, complica los objetivos de Rodríguez. Afirmó que busca combatir el narcotráfico y la migración ilegal, promover el Estado de derecho y el desarrollo económico, y limitar la influencia de China mientras apoya a Taiwán. La audiencia del 28 de abril muestra que demócratas y funcionarios del Departamento de Estado ya estarían truncando estos objetivos.
Investigar a los funcionarios involucrados en mantener a Bradley y Ventrell en Guatemala bajo Trump, así como en la remoción de Barrett, podría revelar actos de traición. También es clave investigar quién creó la información clasificada sobre Porras y quién la utilizó para impedir el contacto con ella.
Trump debería ordenar estas investigaciones y presionar al Congreso para que realice audiencias sobre la supuesta colusión entre el Cártel de los Soles y funcionarios del gobierno. Esto debería hacerse rápidamente para informar al público antes de las elecciones de medio término.
