El presidente Donald Trump ha comprometido “por completo la influencia diplomática y económica” de Estados Unidos para forzar a Venezuela a “restituir su democracia”. Sin embargo, un embajador del gobierno anterior y algunos elementos del Departamento de Estado están liderando un golpe constitucional en Centroamérica.
Venezuela está bajo una dictadura, dirigida por el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y su asamblea constituyente ilegal. Trump y varios líderes en América han condenado rápida y justamente este cambio, pero no se han percatado que Guatemala tiene en marcha un proceso similar.
En 2016, el partido político Unión Nacional de la Esperanza (UNE), presentó ante el congreso una propuesta para cambiar la Constitución de Guatemala. La iniciativa fue entregada a la UNE por parte de la CICIG, una comisión creada por las Naciones Unidas, con la participación del embajador Todd Robinson.
La propuesta cambiaría la manera en que los jueces y el fiscal general son designados. Actualmente, las comisiones de postulación incluyen a decanos y miembros del Colegio de abogados y, en menor proporción, miembros del poder judicial. Este cambio permitiría remover a los decanos y a los abogados colegiados.
Los miembros del poder judicial — repleto de socialistas aliados a los Chavistas — serían capaces de subsistir en el poder. Podrían mandar a las otras ramas del gobierno y hacerlas simples testaferras.
La política de Obama en Guatemala posicionó a socialistas en posiciones clave del gobierno, desde donde persiguieron a las autoridades legítimas y protegieron a bandas criminales, descendientes de la guerrilla apoyada por Castro que luchó contra el gobierno (1960-1996). Estas pandillas y aliados del gobierno han extendido la anarquía, destruido negocios, degradado la propiedad privada y aumentado la violencia. El resultado ha sido un flujo masivo de migrantes y drogas desde y hacia Guatemala.
El profesor de historia, Carlos Sabino, de la Universidad Francisco Marroquín mencionó que “El embajador venezolano en Guatemala alienta y apoya a grupos que desestabilizan al país e impiden la actividad productiva, como las minas y las centrales hidroeléctricas. Son los mismos grupos que los aliados del embajador Robinson en el gobierno protegen”.
La nula aplicación de la ley y la frontera de 965 kilómetros con México hacen de Guatemala la puerta de entrada hacia los Estados Unidos para personas ilegales y drogas. Aprobar los cambios constitucionales presentados al Congreso guatemalteco únicamente garantiza que el flujo continúe.
Para asegurar los cambios constitucionales a favor de los aliados de Castro y Maduro, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez y Robinson han amenazado e intimidado a sus opositores con persecución criminal y problemas de visa americana para someterlos a sus órdenes.
Su desesperación surgió luego de la elección de Donald Trump. Robinson y sus aliados temen que el presidente Jimmy Morales, que ha sido obediente, modifique su política y aplique la ley si Trump lo solicitara. Puesto que eso no ha sucedido aún, la carrera para cambiar la Constitución de Guatemala es ahora, con el embajador designado por Obama en el timón.
En respuesta a la jugada de Maduro, un diputado guatemalteco presentó una resolución lamentando que el gobierno venezolano haya realizado una “elección para la asamblea constituyente incompatible con su constitución”. La resolución no pasó, por el voto en contra de todos los congresistas de la UNE.
Mientras el gobierno de Trump se oponía rotundamente al movimiento de Maduro, los aliados de Robinson en Guatemala emitían votos de manera unánime a favor del mismo.
El partido político UNE no es solo aliado de Robinson; es el vehículo por el que presiona a sus aliados y a la agenda legislativa de sus aliados. Esa legislación tiene en común la centralización del poder y la arbitrariedad en la toma de decisiones. Mientras tanto, la CICIG y el Ministerio de Justicia investigan la corrupción en gobiernos previos, pero sin casi tocar al gobierno de la UNE (2008-2012), a pesar de hechos bastante cuestionables.
Adicional a la fuerte presión por los funcionarios del Departamento de Estado, algunos miembros del sector privado contribuyen, de igual forma, a mantener oculta la política de Obama. Una organización sin fines de lucro, por ejemplo, publicó un informe en inglés culpando a los narcotraficantes por ataques en las plantas hidroeléctricas. No obstante, un experto en el combate de narcóticos en Guatemala, quien solicitó su anonimato, describió esta declaración como “basura”. La fundación estaba tapando la política de Obama; los ataques eran en realidad producidos por los grupos protegidos descendientes de la guerrilla.
El autor del informe también ha participado en la misión especial del Atlantic Council en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador). Influyente con el congreso de Estados Unidos y su gobierno, el Atlantic Council apoya la Alianza por la Prosperidad, que proveía $750 millones en ayuda al Triángulo del Norte destinados a erradicar los factores que generan “migración de menores sin compañía e indocumentados”.
Los términos de la Alianza (Sec. 7045), no obstante, incluyen “aumentar la capacidad e independencia de la justicia y la oficina del fiscal general”. Las enmiendas constitucionales presentadas y respaldadas por el embajador estadounidense, por lo tanto, pueden violar los términos de la Alianza y los principios democráticos.
Las reformas son una toma de poder socialista. Bajo este acercamiento, Guatemala puede unirse a Maduro y a sus aliados autoritarios de Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua.
La administración de Trump impuso sanciones a Maduro y otros miembros de su régimen por cambiar la Constitución venezolana de modo ilegal. En Guatemala, quizá deban sancionarse a ellos mismos, porque el poder de Estados Unidos intenta modificar la Constitución de Guatemala, y los agentes de ese cambio son aliados de Maduro.
Este artículo fue publicado originalmente en Daily Caller. Traducido al español por Patricia Areano y Paz Gómez.
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