Revertir el flujo de inmigrantes ilegales y narcóticos que atraviesa la frontera sur de los Estados Unidos parece estar fuera de alcance.
Una pieza faltante del rompecabezas, no obstante, ha quedado fuera del radar.
El gobierno de Obama empeoró estos problemas en el momento que favoreció a los colectivistas en Latinoamérica, especialmente al dictador de Cuba, Raúl Castro.
Al amparo de la ayuda externa y la CICIG, creada por la ONU, Obama llegó a tener presencia en Guatemala. Como centro geopolítico de inmigración ilegal y drogas para los Estados Unidos, una Guatemala sin ley asegura su flujo constante. México comparte una frontera de 965 kilómetros y ha comprobado ser incapaz de generar resistencia.
Tal como la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha documentado, los centroamericanos superan la cifra de mexicanos que cruzan la frontera ilegalmente. Durante el mandato de Obama, el número de niños no acompañados que llegan desde el Triángulo del Norte— Guatemala, El Salvador y Honduras — incrementó de 3 304 en 2009 a 46 893 en 2016.
El alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas señala que el aumento de cinco veces más los solicitantes de asilo del Triángulo Norte desde el 2008 es “un impactante indicador de cómo la creciente violencia sacude a la región.”
El problema, según el Almirante Kurt Tidd del Comando del Sur de los Estados Unidos, “es muy grande en realidad”. Él identifica la infuencia desestabilizadora y corruptiva de las “redes de amenazas transnacionales”, incluso desde el Medio Oriente, que trabajan con pandillas locales para incidir en Estados Unidos.
La tendencia se mantiene para los narcóticos, con más del 94 por ciento de la heroína de contrabando transportada a través de México. No es heroína Mexicana, puesto que sus fuerzas armadas han acabado con casi todos los cultivos. Al contrario, los narcotraficantes usan el área rural de Guatemala para cultivar amapola y transportar heroína, particularmente desde Colombia.
En estas áreas rurales no impera la ley y el dominio lo tienen las pandillas descendientes de las guerrillas marxistas entrenadas por Castro durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) — gracias a la protección de sus aliados que Obama impuso en el gobierno. Los camaradas radicales de Obama controlan el poder judicial en Guatemala y la acción penal a través de la CICIG.
Estas pandillas obligan a los habitantes a formar parte de su agenda criminal. Víctimas de la coerción, los indígenas no permiten a policía hacer cumplir la ley y destruyen negocios que podrían crear riqueza y oportunidades.
El ministro del interior, desde su cargo, agradece al embajador designado por Obama y ordena a la policía a entablar un “diálogo” con los sucesores de la guerrilla, mientras cometen delitos flagrantes. En la práctica, la policía falla al ejecutar órdenes para el arresto de los blancos más importantes.
El embajador de los Estados Unidos ha sido cómplice y ha tratado de silenciar a quienes hablan. Él llama corruptos a los opositores y los amenaza con enjuiciamiento penal, incluso ha cancelado sus visas americanas.
Las amenazas del embajador se extienden hasta el más alto tribunal de Guatemala. Un miembro del congreso, por ejemplo, denuncia que los magistrados temen a las investigaciones y a los problemas con su visa si dictaminan en contra de los deseos del embajador. Esto conlleva a fallos ilícitos en contra de negocios y enemigos políticos, y a favor de los radicales.
Desafortunadamente, el Departamento de Estado se ha hecho eco de la propaganda de los sucesores de la guerrilla en Guatemala. En su informe de Derechos Humanos del 2016, por ejemplo, cubrieron a quienes obstruyen proyectos de desarrollo regional.
Esto sigue el patrón ideológico que solo llevó al Departamento de Estado a culpar a Israel por incitar el terrorismo Palestino. Del mismo modo que los funcionarios de la ONU van tras Israel, la CICIG va tras Guatemala.
Sin supervisión alguna, la CICIG se rehúsa a enjuiciar a las pandillas colectivistas. No obstante, tiene aliados en el congreso de los Estados Unidos y funciona gracias a los dólares de los contribuyentes estadounidenses. En las audiencias del 19 de julio para confirmar al nuevo embajador de Guatemala, el senador Robert Menendez (D-NJ) dijo “La CICIG no solo ha logrado superar la impunidad en Guatemala sino que también sirve como modelo para otros países en la región.” Se une a las palabras de George Soros, de Sociedad Abierta, que afirma que la “CICIG ahora es un fuerte modelo potencial.”
Si, un modelo para imponer colectivistas radicales en países amigos que buscan ser libres.
Luego de sufrir bajo el mando de los sucesores guerrilleros de Obama, la población rural de Guatemala está sedienta de liberación y oportunidades económicas. Las élites económicas, víctimas de la implementación arbitraria de la ley por parte de los aliados de Obama, también estarían dispuestos a apoyar al cumplimiento del estado de derecho.
Una táctica para cubrir la ineficiencia de Obama en Guatemala ha sido promocionar la cooperación antinarcóticos y las estadísticas infladas sobre avances en la lucha contra la delincuencia organizada. Mientras tanto, la actividad de los sucesores de la guerrilla incrementa el flujo de inmigrantes ilegales y narcóticos.
La semana pasada el fiscal general Jeff Sessions estuvo en El Salvador buscando combatir el daño causado por la pandilla MS-13. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno de Trump fracasarán a menos que dirijan su mirada hacia la puerta de entrada en Guatemala.
Garantizar el imperio de la ley en la zona rural guatemalteca reduciría significativamente el flujo de ilegales y narcóticos antes de llegar a México, donde los funcionarios corruptos facilitan su paso. El gabinete de Trump debe, por lo tanto, revertir la política de Obama y ayudar genuinamente a establecer el estado de derecho, algo que no ocurrirá a través de la comisión creada por la ONU.
Este artículo se publicó primero en Daily Caller.
Traducido por Patricia Areano.
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