La inaudita investigación sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales tiene un paralelismo preciso y hasta prófetico en el hemisferio sur. Se trata de una perniciosa comisión investigadora de las Naciones Unidas en Centroamérica de la cual el anterior gobierno de Barack Obama es un gran responsable.
La orwelliana CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) es el prototipo para la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller en Estados Unidos. El objetivo de la CICIG es destruir el orden constitucional en Guatemala, así como el objetivo de la investigación de Mueller es deponer al presidente estadounidense.
Dicha investigación llevó recientemente a la confiscación de documentos del abogado personal de Trump, Michael Cohen, razón por la que el presidente tuiteó “el privilegio cliente-abogado está muerto”. Esta degradación del estado de Derecho forma parte de un intento colectivista de sacar a Trump de la presidencia y es una táctica recurrente de la CICIG.
Trump es caracterizado por sus adversarios como un dictador peligrosamente bélico, racista, misógino, antihispánicos y antimusulmanes. Pero si uno mira más allá de este estereotipo descabellado y antojadizo, Trump en realidad se revela como una amenaza existencial para un movimiento colectivista que ha tomado el control de nuestra educación, prensa, cultura y gobierno.
El colectivismo, también conocido como política identitaria, antepone lo colectivo a los derechos individuales. Los colectivistas dividen a la sociedad en grupos de víctimas que sufren de una supuesta discriminación tan extendida que requiere un Estado intervencionista.
Para proteger a las personas de insultos y discriminación, los colectivistas están a favor de limitar la libertad de expresión y el debido proceso. El derecho del individuo a la presunción de inocencia y a un juicio justo —pilares fundamentales de Estados Unidos— deben ser sacrificados por el bien colectivo.
Por ejemplo, tildan de racista cada acción de un policía blanco contra una persona negra, sin importar los hechos ni la ley. En la mente del colectivista, el debido proceso solo beneficia a la parte culpable.
Infectado por esta mentalidad colectivista, el Colegio Estadounidense de Abogados (ABA) está encarando de una manera ideológica y selectiva el privilegio cliente-abogado. Respecto a la confiscación de correspondencia confidencial entre Cohen y sus clientes, emitió una respuesta poco comprometida con el imperio de la ley.
La ABA ha defendido sin reparos a la CICIG, la cual —entre muchas acciones ilegales— encarceló a un abogado guatemalteco luego de violar el privilegio de confidencialidad con su cliente. La presidenta de ABA, Hillarie Bass, incluso envió una carta al Wall Street Journal alabando a la CICIG, una organización de las Naciones Unidas financiada por los contribuyentes estadounidenses.
En su carta, Bass describió a la CICIG como “promotora del justo imperio de la ley”. Sin embargo, debajo de la publicación, el director de Investigaciones de Judicial Watch Chris Farrell escribió esta refutación: “Los contribuyentes de Estados Unidos no deberían estar subsidiando a ‘caciques’ de las Naciones Unidas, quienes necesitan ser sometidos ellos mismos a un riguroso control”.
El comportamiento de ABA es típico de una sociedad polarizada donde la política se antepone a los principios y demasiados criminalizan las diferencias políticas. La ley se aplica de manera desigual cuando Mueller investiga al presidente sin precisar cualquier crimen, mientras que el Departamento de Justicia no investiga a funcionarios del gobierno Obama con indicios de haber cometido ilícitos.
Barack Obama encabezó un copamiento colectivista radical de Guatemala por parte de partidarios de guerrillas apoyadas por los Castro. Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, pudieron implementar esta política —que el Departamento de Estado de Trump mantiene por inercia— porque sabían que la prensa no la cubriría. Un mayor escrutinio de lo que el gobierno Obama hizo en Guatemala arroja luces sobre el actual conflicto de acusaciones de interferencia rusa en la campaña de Trump y el socavamiento de su gobierno.
Obama presionó a varios gobiernos guatemaltecos para que dieran las riendas del sistema judicial a los radicales, quienes usaron dicho control para brindar impunidad a aliados y perseguir a autoridades legítimas. ¿A qué suena esto?
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, es un jurista colombiano que Farrell de Judicial Watch ha vinculado con las organización terrorista FARC. Velásquez ya ha depuesto a un presidente de Guatemala y está trabajando para deponer a otro más. Mientras tanto, Robert Mueller prepara una estrategia similar en Estados Unidos.
La evidencia indica que Obama intervino e intentó bloquear la llegada de Trump a la Casa Blanca, algo propio de elecciones tercermundistas. Acciones similares llevaron a que en 1974 los republicanos forzaran a Richard Nixon, presidente de su propio partido, a renunciar.
Desafortunadamente, demasiados somos quienes aceptamos abusos de poder de personas con las que coincidimos políticamente. Si hacemos la vista gorda cuando se trata de nuestros aliados políticos, merecemos perder nuestra democracia republicana y nuestras libertades.
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