Donald Trump tiene un aliado en Guatemala, el presidente Jimmy Morales, pero uno jamás lo sabría a juzgar por las acciones del embajador estadounidense. El martes pasado, Luis Arreaga decidió por su propia cuenta dar legitimidad a un evento organizado por una comisión de la ONU antiestadounidense.
Arreaga asistió a la conferencia “Experiencias comparadas de combate a la corrupción y la impunidad” de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto contradijo al Gobierno Trump y señaló que el Departamento de Estado se opone a Morales. Dicho apoyo de Arreaga es dañino porque la CICIG ya no es bienvenida en Guatemala y se ha desviado de su mandato legal.
La CICIG es patentemente partidista y se prepara para robarse las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2019. Ilegalmente, la CICIG supervisará las elecciones y las campañas —rol que nada tiene que ver con su mandato— y está usando su poder para intimidar a potenciales financistas de partidos que podrían desafiar la intervención del “Estado profundo” globalista del que forma parte.
Creada en 2006 para identificar y desmantelar aparatos clandestinos de seguridad, la CICIG supuestamente debía apenas asistir al Ministerio Público. Sin embargo, un reciente informe de cuatro organizaciones de la sociedad civil examina su historia, acciones e inacciones, y concluye que la CICIG se ha convertido en una fuente de corrupción y criminalidad. Es lo que fue creada para eliminar.
En abril, por ejemplo, la Comisión Helsinki del Gobierno de EE. UU. descubrió que la CICIG coludió con Rusia en el enjuiciamiento de la familia rusa Bitkov que estaba huyendo de la persecución de Vladimir Putin. Tanto audiencias en el Congreso, el Wall Street Journal, como Judicial Watch documentaron los crímenes de la CICIG y sus lealtades colectivistas.
En septiembre, Morales notificó a las Naciones Unidas que ya no aceptaría a Iván Velásquez como comisionado de la CICIG. La notificación decía que no se le permitiría el reingreso a Guatemala y solicitaba un nuevo comisionado.
Violando la legislación internacional, el secretario general António Guterres no ha nombrado a un reemplazante, presumiblemente porque éste descubriría y expondría los crímenes de la CICIG. Dicha transparencia y publicidad pondría en peligro la agenda política de la CICIG de robar el Poder Ejecutivo para sus aliados.
Ahora con una oficina en el corazón de la autoridad electoral de Guatemala, la CICIG está concretando su arreglo ilegal. Esto significa monitorear el financiamiento de partidos políticos y la propaganda electoral. La presencia de la CICIG ya ha intimidado a grandes organizaciones privadas para que no contribuyan fondos.
En contravención a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la CICIG continúa operando con Velásquez como su comisionado desde el extranjero. La máxima corte de Guatemala ilegalmente dictaminó que Velásquez puede regresar al país. La pelea de Morales con la ONU tiene un único propósito: poder. Velásquez ha intentado, infructuosamente, derrocar a Morales y ahora está decidido a colocar a una sucesora aliada de la CICIG en la presidencia.
El exembajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson (2014-2017), ahora asesor principal para Centroamérica del Departamento de Estado, abusó de su poder para colocar a sus aliados en la más alta corte guatemalteca. Trabajando en conjunto, la magistrada Gloria Porras y Velásquez emprendieron una agenda socialista en Guatemala. Quienes se interponen en su camino pueden esperar ser encarcelados sin evidencia ni debido proceso alguno.
El evento de la CICIG del martes tuvo como destacada participante a la jueza Erika Aifán en un panel sobre el rol de la justicia en el combate a la corrupción. Aifán es el mejor ejemplo de una jueza-verdugo, corrupta y con antecedentes de obvias violaciones del debido proceso y de la ley.
Los rusos Igor Bitkov, su esposa e hija fueron sentenciados a penas inusualmente duras de prisión por obtener documentos de una empresa internacional que asiste a migrantes. Dos días antes de la audiencia de la Comisión Helsinki sobre el caso, la alta corte en Guatemala decidió que no había habido crimen alguno y ordenó a la corte inferior que liberara a los Bitkov.
Defensores de la CICIG solicitaron que la audiencia sea cancelada. El veredicto de la alta corte buscaba evitar el escrutinio sobre la CICIG. El plan fracasó y la audiencia expuso los crímenes de la CICIG.
En lugar de obedecer, sin embargo, Aifán ordenó un nuevo juicio. El abogado constitucionalista José Luis González Dubón dice enfáticamente: “La jueza Aifán claramente violó la orden y la alta corte se contradijo al no actuar en contra de la jueza”.
El abogado Moisés Galindo representó a acusados por la CICIG y es uno de sus principales adversarios. La CICIG acusó a Galindo de lavado de dinero por recibir un vehículo como pago por honorarios, lo arrestó e ilegalmente lo expuso ante la prensa. Aifán lo mantuvo preso por 57 días hasta que obtuvo su audiencia, lo cual constitucionalmente debe ocurrir tras 24 horas.
La única evidencia de la CICIG es una declaración y una grabación forzadas e ilegales que violaban el privilegio abogado-cliente, inadmisibles en una corte. González Dubón dice: “No hay crimen ni evidencia contra Galindo. La jueza ha violado muchas leyes y garantías constitucionales. Galindo no debió haber sido arrestado, enviado a juicio ni detenido. Esto es política pura por parte de la CICIG. Galindo es un preso político”.
Una pieza en la estrategia de la CICIG para dominar Guatemala, las transgresiones de Aifán fueron relatadas al Congreso de EE. UU. durante la audiencia sobre los Bitkov. Además de la ilegalidad de la ONU sobre Velásquez, la presencia de Arreaga en el evento de la CICIG es un apoyo público del Departamento de Estado a la corrupción de Aifán. Ni la CICIG ni una judicatura cooptada existirían sin las acciones del Departamento de Estado.
Arreaga tiene antecedentes de dar legitimidad a procesos judiciales ilegales. En el caso de Molina Theissen, cuatro militares retirados fueron sentenciados por serios crímenes sin evidencia y violando la ley. Aun así, Arreaga asistió al juicio y aplaudió el veredicto, así como David Mandell-Anthony, representante del Departamento de Estado y exempleado de una organización de George Soros.
Robinson, el predecesor de Arreaga, apoyaba a la candidata presidencial Sandra Torres en 2015. Ella fracasó, pero ahora es una de las principales contendientes para 2019 y en septiembre se reunió con Robinson en el Departamento de Estado. Su ascenso a la presidencia aseguraría una Guatemala contraria a Estados Unidos y aumentaría el flujo de migrantes y drogas ilegales.
El poder de Estados Unidos puede contener a adversarios, pero ¿por qué dejar que eso suceda cuando Trump y Pompeo solo necesitan controlar a su propia gente para evitarlo? Podrían obligar a que los globalistas del Departamento de Estado apoyen a Morales y al fin inmediato de la CICIG.
Los socialistas no pueden ganar unas elecciones libres en Guatemala. Es por eso que recurren al fraude. Unas elecciones libres serían suficientes para evitar que Guatemala sea controlada por adversarios.
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