Sanciones de congresistas demócratas a Guatemala confirman contuvernio socialista

La elección presidencial guatemalteca está en la mira de la alianza anticapitalista

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Esto es un pretexto en clave socialista para la toma de Guatemala, igual a lo que ocurrió con Cuba, Venezuela y Nicaragua. (publinews)

Los congresistas demócratas en EE. UU. decidieron no condenar los polémicos comentarios antisemitas de su colega Ilhan Omar de Minnesota. Ahora ella, el senador Patrick Leahy de Vermont y otros 26 legisladores demócratas proponen sancionar a funcionarios guatemaltecos que supuestamente “apeligran la estabilidad y la democracia del país” y  “socavan los esfuerzos apoyados por EE. UU. para abordar la raíz del problema de la migración”.

Esto es, sin embargo, un pretexto en clave socialista para la toma de Guatemala, igual a lo que ocurrió con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Fidel Castro creó el Departamento América para exportar la revolución comunista a lo largo de América Latina. Años después, Barack Obama cambió la política exterior hacia Cuba que habían sostenido sus diez antecesores inmediatos para beneficiar a Castro. Su Departamento de Estado se alineó con los sucesores de los insurgentes apoyados por Castro y los totalitaristas anti Estados Unidos de toda la región, incluida Guatemala.

Las acciones de los diputados demócratas y de la burocracia permanente del Departamento de Estado con respecto a Guatemala coinciden con el fortalecimiento del socialismo en Estados Unidos que ha llevado a la ascendencia de Bernie Sanders en el Partido Demócrata. Esta corriente ha sido la palestra para nuevos legisladores como Omar y Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York.

La perversión de la Ley Global Magnitsky

La Ley Global Magnitsky de 2012 ampara las sanciones que buscan aplicar los congresistas. El Congreso de EE. UU. aprobó dicha ley para prohibir viajes y congelar activos de los rusos involucrados en la muerte del abogado tributario y auditor Sergei Magnitsky durante su arresto. Su amigo y cliente, el financista Bill Browder, fue el impulsor de esta legislación, ampliada en 2016 para aplicarla a todos los violadores de derechos humanos en el mundo.

Por lo tanto, la propuesta de los diputados es sancionar a los “funcionarios guatemaltecos vinculados a casos de corrupción, obstrucción de la justicia, uso indebido del equipo entregado por EE. UU., caso omiso a los fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala e interferencia con el trabajo del Gobierno estadounidense”. Ninguno de estos cargos tiene sentido si se aplican al presidente guatemalteco Jimmy Morales y su gabinete. Las sanciones Magnitsky deben aplicarse precisamente a las personas que los demócratas defienden.

En 2016, el entonces embajador de EE. UU. Todd Robinson intervino ilegalmente en el proceso de designación de los magistrados para el periodo de 2016-2021 de la CC. Él amenazó a líderes del Congreso guatemalteco para que eligieran a Gloria Porras. Sus amenazas tenían peso, pues Robinson trabajaba de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la ex fiscal general Thelma Aldana, quienes juntos han arrestado a opositores políticos sin contar con evidencias ni respetando el debido proceso.

En la CC, Porras se convirtió en parte del eje Embajada-CICIG-Ministerio Público. El diputado Fernando Linares denunció inconsistencias en el proceso de designación y votó del lado perdedor (145-6). Linares también declaró que Porras avisó a los otros magistrados que estarían sujetos a investigaciones de la CICIG si no emitían los fallos que Robinson dispusiera.

Bajo el control de Porras, la CC ha fallado de manera ilegal, afectando a los intereses de Guatemala y Estados Unidos. Ella ha protegido a los grupos ilícitos armados que atacan negocios, invaden tierras y niegan el acceso a la policía en las áreas fronterizas, acrecentando la ausencia del Estado y facilitando el tránsito de migrantes y narcóticos ilegales hacia México y EE. UU.

La CC ha usurpado poderes ejecutivos y legislativos y ha creado una dictadura judicial. Esta es la fórmula que utilizan los socialistas para tomar por completo el poder sin la necesidad de recibir aprobación constitucional.

El ejemplo más claro de la criminalidad de la CC es la forma en la que los magistrados se garantizan a sí mismos la inmunidad ante procesos judiciales. Algunos exredactores de la Constitución de Guatemala han presentado denuncias penales contra los magistrados. Estos cargos pasaron al Congreso, como la ley lo requiere, pero luego la CC ordenó a todas las autoridades que no prosigan con ellos. La comisión del Congreso incorrectamente detuvo la investigación requerida por la Constitución.

Dos organizaciones civiles guatemaltecas publicaron una declaración: “Los demócratas reclaman que Morales ‘ordenó la remoción de la comisión antiimpunidad (CICIG) financiada por EE. UU.’. Omitieron mencionar que es una comisión de la ONU y que las Naciones Unidas ha provocado su remoción al violar el derecho internacional. Judicial Watch, el Wall Street Journal y cuatro grupos civiles guatemaltecos han identificado la criminalidad de CICIG”.

De forma contraria a la evidencia pública, Leahy dice que la CICIG ha “permitido que los valientes magistrados de la Corte de Constitucionalidad defiendan las débiles instituciones judiciales de Guatemala”.

Los demócratas han estado alegando, sin fundamentos, que el presidente Donald Trump conspiró con Rusia en las elecciones de 2016. Hay evidencia, sin embargo, de que los demócratas han apoyado actividad ilegal de Rusia en el caso de los Bitkov, una familia rusa que reside en Guatemala luego de huir a la persecución de Vladimir Putin.

El caso Bitkov fue el tema de la audiencia de la Comisión de Helsinki el 27 de abril de 2018 y fue abordado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. el 11 de julio de 2018. El Departamento de Estado y demócratas como Leahy defienden a la CICIG y han tratado de mantenerla en vigencia sin el escrutinio justificado por los cargos expuestos en su contra.

Irónicamente para los demócratas, Bill Browder denunció las acciones ilegales de la CICIG con el banco ruso VTB, un querellante adhesivo contra los Bitkov, representado por uno de los “valientes magistrados” de la CC, como Leahy los denomina. El presidente de VTB está sujeto a sanciones por el Tesoro de EE. UU. Alfonso Carrillo, un abogado de la CICIG, representa a Gazprombank, que también actuó contra los Bitkov y cuyo presidente está también bajo las sanciones del Tesoro de EE. UU. Carrillo solicitó a Browder que cancele la audiencia de la Comisión de Helsinki, en la cual Browder era el principal testigo.

La alianza perversa

El senador demócrata Thomas Carpenter de Delaware recientemente lideró una delegación de miembros demócratas al Congreso de Guatemala. Junto con el embajador estadounidense Luis Arreaga, un opositor de Morales y defensor de la CICIG, se reunieron con Morales y “lo presionaron para que adoptara políticas que protejan los derechos humanos”. Ellos también se reunieron con la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Francisco Sandoval.

Porras recientemente violó la ley a favor de la agenda criminal de la CICIG. Sandoval es un peón del excomisionado de la CICIG Iván Velásquez, sobre quien Judicial Watch reportó que “como abogado en Colombia, Velásquez estaba alineado con las FARC, la violenta guerrilla marxista”.

Estos representantes demócratas y la Embajada trabajan de forma contraria a Morales, quien derrotó a una exguerrillera y vicepresidenta de la Internacional Socialista en las elecciones de 2015. Los demócratas, por ejemplo, están ayudando a sus aliados socialistas a robar la próxima elección presidencial de junio para completar la toma de Guatemala, que enviará más migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Al tanto de lo que está sucediendo en Guatemala, el senador republicano Mike Lee de Utah recientemente señaló: “Las elecciones libres y justas de los representantes de una nación, escogidos por y para el pueblo, son la clave de un gobierno republicano. Nuestros amigos en Guatemala deben ser capaces de ejercer este derecho, libre de la influencia extranjera del Departamento de Estado de EE. UU.”.

Leahy y sus colegas están presionando para que Guatemala devuelva los Jeeps J8 donados, pues argumentan incorrectamente que fueron mal utilizados por el gobierno. Los Jeeps sirven para operaciones antinarcóticos. El secretario de Estado Mike Pompeo ha elogiado a la cooperación de Guatemala en este ámbito. Sin embargo, como en su postura contraria al muro de Trump, los demócratas priorizan las políticas socialistas a la interdicción de narcóticos.

Los demócratas han ocultado información sobre la actividad criminal de la CICIG y han seguido apoyando al comportamiento criminal de la mayoría de magistrados de la CC en Guatemala. Esta estrategia es parte de la toma socialista de Guatemala orquestada por el Gobierno de Obama y continuada por la rebelde embajada estadounidense en Guatemala. Para nuestro propio beneficio, necesitamos que más miembros republicanos del Congreso y del Gobierno de Trump apoyen a la lucha de Guatemala contra la corrupción del socialismo. La inmediata remoción del embajador Arreaga es un buen comienzo.

Las acciones de los demócratas en Guatemala coinciden con, y arrojan luz sobre, el mismo asunto en Estados Unidos. Ellos han eliminado información referente a la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la excontrincante de Trump, y al socavamiento del presidente Trump en las más altas esferas del Gobierno de Obama. Para salvar la democracia estadounidense y no imponer el socialismo en países amigos y en nuestro propio territorio, necesitamos una completa transparencia y persecuciones penales contra oficiales estadounidenses que han cometido delitos en EE. UU. y Guatemala.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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One comment

  1. Este gringo deberia venir a vivir a Guatemala, para escribir la realidad de lo que vivimos en nuestro Pais y no ponerse a defender a los corruptos incluyendo al payaso que finge ser el presidente.

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