El 3 de septiembre bandas criminales alineadas con el socialismo asesinaron y mutilaron a tres miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas. El presidente Jimmy Morales declaró estado de sitio en la región y ayudó a portar el féretro de uno de los soldados.
Algunos observadores culparon a los narcotraficantes; otros culparon a los grupos criminales sucesores de las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. La distinción no es significativa, puesto que ambos ocasionaron esta tragedia.
Cuando el entonces presidente Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden reformaron la política exterior estadounidense referente a Cuba, también buscaron imponer grupos políticos socialistas en Guatemala que estén alineados con el régimen comunista. Esta protección continúa hasta el día de hoy por medio de los funcionarios permanentes del Departamento de Estado, quienes están traicionando al presidente Donald Trump y a su país. Mientras tanto, los narcotraficantes toman ventaja de la falta de aplicación de la ley en Guatemala.
Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas frecuentemente mencionan el éxito de sus esfuerzos antinarcóticos para elogiarse a ellos mismos. Sin embargo, La Hora informó que un estimado de 1.400 toneladas de cocaína pasó a través de Guatemala en 2017. De esta cantidad, 13,6 toneladas fueron interceptadas —menos del 1% del total—.
Venezuela se ha convertido en un punto abierto de almacenamiento y tránsito de narcóticos, pues, sin el lucro de esta actividad, el régimen de Nicolás Maduro no podría sobrevivir. Desde ahí, las drogas van hacia Honduras y Guatemala para seguir su recorrido hacia México y finalmente llegar a Estados Unidos.
A partir de los Acuerdos de Paz de 1996, el gobierno ha abandonado las zonas rurales de Guatemala. A la par, las guerrillas se transformaron en organizaciones no gubernamentales que operan en las áreas abandonadas, especialmente las fronteras. La aplicación de la ley por las autoridades locales limitó las actividades de la antigua guerrilla, pero esto cambió luego de que Obama y Biden asumieran el poder en EE. UU.
El Departamento de Estado de Obama obligó ilegalmente a que el fiscal general abandonara su cargo en 2010 e impulsó la designación de una simpatizante de las guerrillas, Claudia Paz y Paz. Ella otorgó inmunidad judicial a los grupos sucesores de las guerrillas para que puedan destruir negocios, invadir propiedad privada y forzar a los habitantes a obstruir el acceso de las autoridades a estas zonas.
Parte de la agenda de las guerrillas y del gobierno Obama-Biden era debilitar a las fuerzas armadas de Guatemala. La nueva fiscal general persiguió a sus propios procuradores, policías y militares por haber realizado adecuadamente sus tareas en contra de los sucesores de las guerrillas.
Con tal flagrante criminalidad, incluso la presión de EE. UU. fue insuficiente para lograr que Paz y Paz permanezca un segundo periodo en el cargo. La alianza entre las guerrillas y el gobierno Obama-Biden tuvo que coaccionar a la siguiente fiscal general Thelma Aldana en 2014. Biden consiguió esto presionando al entonces presidente Otto Pérez Molina para extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) de las Naciones Unidas.
Aldana tenía dos opciones: ir a prisión o cooperar. Ella se alió con Biden y la Cicig.
La embajada de EE.UU. y su ariete político, la Cicig, tomaron el control del Ministerio Público y el organismo judicial. La Cicig envió a sus opositores a la cárcel sin seguir el debido proceso y en violación de la ley. También protegió a los grupos sucesores de las guerrillas y se involucró en la corrupción que supuestamente debía eliminar. El Departamento de Estado denominó a los sucesores de las guerrillas “activistas de los derechos humanos” y difundió sus mentiras al mundo.
La Cámara de Comercio Americana en Guatemala emitió una declaración acerca de la disposición de la Corte de Constitucionalidad para suspender las operaciones de plantas hidroeléctricas, luego de recibir una demanda falsa de un grupo sucesor de las guerrillas.
Como consecuencia directa de los fallos de la CC, más de 445,000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos anuales estarán en riesgo… Estamos en un período de movimientos ideológicos radicales de grupos a favor del conflicto social, así como de tergiversación y abierta oposición a cualquier proyecto de inversión, sin demostrar realmente tener una representación legítima o democrática de las comunidades.
Los narcotraficantes en Guatemala tienen armas modernas y entrenamiento militar. La policía queda corta. Solo los militares, con la preparación adecuada, pueden enfrentar a los narcotraficantes, pero la política estadounidense ha perjudicado la efectividad de las fuerzas armadas.
El exembajador de EE.UU. Todd Robinson acudió y elogió al juicio de Sepur Zarco, y el actual embajador Luis Arreaga acudió y elogió el juicio de Molina Theissen, los dos en contra de veteranos militares. Sus diplomáticos participaron en estas persecuciones políticas que contenían graves violaciones al debido proceso y a garantías constitucionales.
Los diplomáticos estadounidenses jamás podrían respaldar el narcotráfico de manera directa y pública. Sin embargo, su política de imponer socialistas en Guatemala ha propagado el desorden jurídico en el país, lo cual ha facilitado el narcotráfico.
Los funcionarios del Departamento de Estado incluyen profesionales burocráticos y diplomáticos, expertos en manipulación. Ellos han mantenido exitosamente a Morales y a Trump separados, al crear cargos falsos en contra de Morales y advertir a Trump que Morales es corrupto.
Los sucesores de las guerrillas, los diplomáticos estadounidenses, los medios progresistas y los demócratas de EE. UU. están atacando a Guatemala. Sería casi imposible que el gobierno de este país centroamericano gane la batalla por sí solo. Necesita respaldo.
Trump es el presidente perfecto para las necesidades de Guatemala, puesto que él está siendo atacado por los mismos actores. Sin embargo, Morales y Trump no se han unido en contra de sus enemigos mutuos.
El presidente electo Alejandro Giammattei no puede alcanzar ninguno de sus objetivos de desarrollo planteados sin mantener una relación cercana con Trump. Trabajando en conjunto, pueden impulsar a Guatemala mediante la adecuada aplicación de la ley. El rescate de los habitantes rurales de las manos de los sucesores de las guerrillas y la creación de seguridad y oportunidades reduciría significativamente el tránsito de migrantes ilegales y drogas, una gran ganancia para ambos países.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.