Mientras que los ciudadanos respetuosos por la ley celebraban el final de la deficiente Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig), los vecinos de El Salvador recibieron la noticia de que su país sería el hogar del próximo experimento globalista: la Cicies.
El 6 de septiembre, el Presidente Nayib Bukele y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmó un acuerdo para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. La Cicies empezó sus operaciones inmediatamente, con la misión de “prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo delitos relativos a la hacienda pública, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de capitales, y la delincuencia organizada nacional y transnacional, en términos no limitativos”.
La OEA, un cuerpo regional conformado por 35 naciones independientes del continente, indica que la Cicies trabajará conforme al marco legal vigente del país y será “independiente, neutral y transparente”. Sin embargo, colocar un equipo extranjero que no está sujeto a escrutinio dentro del Ejecutivo genera un gran riesgo al imperio de la ley. La Cicies incluso tendrá una nueva unidad policial, como parte de la policía salvadoreña, para apoyar en sus casos.
La comisión de Guatemala fue la fuente de inspiración para Bukele, la misma que acabó convirtiéndose en uno más de los grupos criminales a los que supuestamente enfrentaría. Incluso peor, Bukele ha solicitado al creador de la fallida Cicig que respalde a la nueva comisión en El Salvador. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha confirmado su apoyo y pronto enviará personal a este país.
Si Guatemala es un indicio del futuro, la Cicies será otra innecesaria violación a la soberanía y al imperio de la ley bajo la máscara de la lucha contra la corrupción. De hecho, ya inició con el pie izquierdo al no revelar el completo alcance de sus poderes y provocar la crítica entre la sociedad civil salvadoreña.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización defensora de derechos Acción Ciudadana, dice que los roles de la OEA y la ONU aún son inciertos. En su opinión, esto demuestra que Bukele no ha sido lo suficientemente transparente para una iniciativa de esta magnitud.
Javier Castro, director de estudios legales del think tank liberal Fusades, concuerda. Él hace énfasis en la falta de claridad acerca de cómo exactamente la Cicies logrará su mandato y cómo se mantendrá independiente de quien sea presidente y otros actores políticos.
Un lobo cuidando el rebaño
Al menos en papel, según el acuerdo actual, la Cicies tiene poderes limitados porque el presidente no puede garantizar unilateralmente su jurisdicción sobre la legislatura, las cortes o los gobiernos locales. Una principal diferencia con la defunta comisión de Guatemala es que —por ahora— solamente puede investigar delitos dentro de las 105 instituciones que conforman la función ejecutiva.
El acuerdo firmado la semana pasada, sin embargo, deja la puerta abierta para expandir el mandato. En tres meses, la OEA y El Salvador concretarán el acuerdo, lo que podría ampliar los poderes de la entidad. Por ejemplo, así como la Cicig, la comisión podría trabajar con procuradores para levantar cargos y enviar a prisión a ciudadanos salvadoreños. Esto podría destapar una caja de pandora que fácilmente se traduciría en persecuciones políticas, como fue el caso en Guatemala.
A menos de que se haga una enmienda constitucional, este poder también sería ilegal. La Constitución de El Salvador establece que los procesamientos penales son dominio exclusivo de la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional. El fiscal general ha mencionado públicamente este punto en su país.
Además, el acuerdo no incluye la necesidad de limitar los poderes de la Cicies o requerir rendición de cuentas de su parte. Los controles y contrapesos son un pilar de las instituciones democráticas: ni el presidente ni los legisladores ni los jueces deben tener autoridad sin restricción. Lo mismo se aplica para investigadores extranjeros que se instalan en una nación soberana con el poder de poner a las personas tras las rejas.
Cualquier poder de la Cicies que sea ampliado necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Los legisladores deberán pensar dos veces antes de permitir que una comisión internacional —que no es elegida por los ciudadanos y no rinde cuentas— pueda subvertir las instituciones salvadoreñas.
Incluso si la Cicies permanece en su forma actual, aún hay un enigma en torno a su autonomía. Por un lado, si el presidente la controla, la comisión pierde su propósito, porque podría investigar a sus subordinados y sugerir al fiscal general levantar cargos en contra de ellos. Por el otro, si la comisión puede decidir por su cuenta qué investigar y tiene la capacidad de realizar declaraciones públicas, entonces se vuelve un poder contrapuesto. La Cicies, entonces, puede decir que el presidente o cualquier otro funcionario ha cometido un delito, así sea falso, debido a su poder de intimidación: haces esto, o nosotros te exponemos públicamente.
¿Por qué cualquier gobierno daría un poder de tal dimensión a una entidad extranjera?
Lo hemos visto antes
Guatemala no acogió la advertencia de académicos de jurisprudencia y líderes de la sociedad civil cuando se creó la Cicig en 2006. El Congreso y la Corte de Constitucionalidad aprobaron su mandato. En consecuencia, 12 años después el país estuvo a punto de seguir el camino de Nicaragua, bajo el dominio de los socialistas. En la última elección, la Cicig abrió paso para los candidatos respaldados por los sucesores de las guerrillas marxistas, y la OEA tiene inclinaciones izquierdistas similares. Afortunadamente, el pueblo guatemalteco se despertó ante la amenaza y derrotó a la candidata socialista.
La Cicig fue un plan imperfecto para abordar la corrupción desde el inicio. A medida que el tiempo pasaba, sus funcionarios empezaron a presionar a las autoridades guatemaltecas para designar a sus aliados a cargos clave en el Ministerio Público y en las principales cortes. Cualquiera que se interponía a los esfuerzos de la Cicig para acumular poder estaba en riesgo, pues se hacía caso omiso al debido proceso.
La Cicig tenía rienda suelta para cometer sus peores impulsos, ya que sabía que estaba fuera del alcance de la aplicación de la ley, gracias a su inmunidad diplomática respaldada por la ONU. Como parte de la OEA, la Cicies y sus funcionarios tendrán garantizados privilegios similares, haciendo que el enjuiciamiento en su contra por posibles crímenes sea virtualmente imposible.
Cualquier institución con inmunidad diplomática que no rinda cuentas a alguien no es consistente con el principio democrático de la separación de poderes y el escrutinio. Esta es una premisa universal. De otra forma, se deja la puerta abierta para la corrupción y la coacción por actores políticos de cualquier ideología y agenda.
En lugar de ser una fuente de inspiración para una lucha neutral, independiente y transparente en contra de la impunidad, la Cicig se convirtió en un cuerpo todopoderoso que perseguía adversarios políticos y socavó a las instituciones guatemaltecas. El Salvador cometería un error si confía que la Cicies por sí sola va a acatar su mandato.
La OEA también tiene antecedentes en México que los salvadoreños deberían considerar. En 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de Aytozinapa en Iguala, estado de Guerrero. El gobierno de México solicitó ayuda de la OEA, que envió un grupo de expertos para investigar.
Este equipo incluyó dos ex fiscales, Claudia Paz y Paz de Guatemala y Ángela Buitrago de Colombia. Las dos tienen un historial de ejecución de procedimientos penales que favorecen a la agenda socialista. Por lo tanto, no fue sorpresa cuando el grupo insinuó que las Fuerzas Armadas mexicanas eran las culpables de la masacre de los estudiantes. Luego de pagar $2 millones a la OEA, el gobierno mexicano no renovó el contrato.
El Salvador tiene razón al preocuparse por la corrupción. Dos de los predecesores de Bukele estuvieron involucrados en malversación y lavado de dinero; uno está en la cárcel y el otro se esconde en Nicaragua bajo la protección del régimen de Ortega. No obstante, los salvadoreños necesitan entender que son ellos quienes deben exigir a sus gobernantes mantenerse correctos. No pueden renunciar a esta responsabilidad trayendo a extranjeros. De seguro se requiere de mejores jueces, procuradores e investigadores, y deben recibir formación profesional en el exterior. No hay un atajo mágico en donde un redentor venga y limpie el país por ellos.
En los próximos meses, los salvadoreños tienen que pedir a sus representantes que detengan las ambiciones peligrosas de Bukele. Si la Cicies sigue los pasos de la Cicig, como sugieren todas las señales existentes, conseguirá mucho más de lo negociado en el acuerdo.
Maurício Bento contribuyó a este artículo.
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