Todos los años, cuando se publica el Índice de Libertad Económica del Mundo, los lectores quedan impresionados al encontrar a Guatemala, uno de los países más pobres de América Latina, entre los primeros lugares.
Pese a disminuir desde su mejor puntaje en 2013, Guatemala se ubica en el puesto 34 de 164 países, situándose cómodamente en el primer cuartil entre Corea del Sur y Suecia. Es la tercera economía más libre de América Latina, de acuerdo con el estudio, solamente detrás de Chile y Panamá.
Sin embargo, Guatemala es hogar de 17 millones de personas, de las cuales más de la mitad vive en condiciones de pobreza. Su PIB per cápita (PPP) es apenas US$8.771 —mientras que el de Chile y Panamá es $27.059 y $28.810, respectivamente. Lo que le hace falta a Guatemala y ha apoyado el éxito económico de Chile y Panamá es el imperio de la ley.
La liberalización económica debe continuar
Durante los años anteriores, Guatemala ha mejorado significativamente en tres de las cinco categorías que forman parte del índice: tamaño del Estado, moneda estable y comercio internacional.
La carga del gobierno en la economía, medido en términos de impuestos divididos por el PIB total, es 12.4%, el menor en América Latina. Más importante aún, este indicador se ha reducido en los últimos años. No obstante, si calculamos la carga tributaria sobre cada uno de los trabajadores, es claro que todavía se puede mejorar. La simplificación tributaria y regulatoria puede fortalecer la economía y atraer más inversiones nacionales e internacionales.
Guatemala tiene un nivel de deuda en relación al PIB moderado, de 24.7%, el segundo más bajo de América Latina. A diferencia de la carga tributaria, sin embargo, la deuda ha estado creciendo en los últimos años. Guatemala sigue siendo un modelo de responsabilidad fiscal para la mayoría de países latinoamericanos, pero tiene que ser cauteloso.
En política monetaria, Guatemala ha llevado a cabo diversas reformas para proteger el valor de la moneda nacional, el quetzal. De 1989 a 1999, el país ha actualizado varias regulaciones financieras importantes, como prohibir el financiamiento del Banco Central al gobierno mediante la compra de bonos. Eso previno una espiral inflacionaria e incentivó la responsabilidad fiscal. Otra medida relevante fue la desregulación de las tasas de interés, haciéndolas más reactivas a las fuerzas de mercado.
Estas reformas, junto con la posibilidad de comerciar en monedas internacionales desde 2001, hicieron que el puntaje en moneda estable de Guatemala suba de 7,64 en 2000 a 9,17 en 2005.
En este sentido, Guatemala está en mejor posición que la mayoría de las economías de la región. Por ejemplo, en Brasil y Argentina los problemas económicos han sido causados en gran medida por irregularidades fiscales y monetarias.
El obstáculo de la corrupción
Aunque hay motivos para ser optimistas, la vida no es fácil en Guatemala. Si bien el gasto público y la deuda pueden ser relativamente bajos, un enmarañado de regulaciones todavía perjudica severamente al emprendimiento y a la inversión.
El 70% de los trabajadores guatemaltecos subsisten en la economía informal debido a que los trámites burocráticos no les permiten conseguir mejores trabajos o expandir sus negocios. El cumplimiento dentro del mercado laboral formal es una pesadilla para las pequeñas empresas —la corrupción suele ser una salida más barata—. No es de sorprenderse, entonces, al observar que el puntaje de Guatemala en regulación disminuyó de 6,95 en 1980 a 6,50 en 2017, a pesar de la mejora en las otras áreas del estudio.
Guatemala también está quedándose atrás en la fiabilidad de su sistema de justicia y protección de derechos de propiedad. Mientras Chile y Panamá obtuvieron un puntaje de 6,44 y 5,17 en esta categoría, Guatemala logró apenas 4,33. La corrupción estaba tan implantada que en 2006 que el gobierno firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Aceptar la intermediación de una entidad extranjera se convirtió en un error fatal. Luego de 12 años, la CICIG dejó a las instituciones del país en ruinas. Aprovechando su inmunidad diplomática, el personal de la CICIG se involucró en todo tipo de comportamiento criminal, ignoró el debido proceso y persiguió a opositores políticos. La CICIG y la Embajada de Estados Unidos cooptaron el sistema judicial y adoptaron una agenda colectivista contraria a la inversión y la producción.
De hecho, los ciudadanos en Guatemala todavía perciben a los tribunales y a los funcionarios públicos como corruptos. El Barómetro de Corrupción Global más reciente de Transparencia Internacional revela que la mayoría de guatemaltecos no confía en sus autoridades.
Todo esto demuestra que la ausencia de intervención gubernamental en la economía es una condición básica para la prosperidad, pero que sola no es suficiente. Tener instituciones sólidas y confiables es fundamental —y esto es precisamente lo que le hace falta a Guatemala—.
Los guatemaltecos han dado pasos muy importantes en cuanto a la estabilidad fiscal y monetaria, adquiriendo resultados comparables con los de grandes economías. Ahora la nación centroamericana necesita implementar reformas para eliminar la corrupción desde adentro, sin intermediación extranjera. Si esto funciona, la promesa de la libertad económica finalmente puede dar frutos.
Maurício Bento contribuyó a este artículo.
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