La investigación para el juicio político en contra de Donald Trump es la perfecta imagen del modus operandi de los demócratas. Se hacen de lado a las reglas y los procedimientos, calculados para una promoción máxima de una narrativa falsa. Una pieza perfecta de la evidente parcialidad es el Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Adam Schiff (D-CA) interrumpiendo y silenciando a la congresista Elise Stefanik (R-NY); mire el video.
A diferencia de sus antecesores en las audiencias de impugnación de Richard Nixon y Bill Clinton, Schiff no muestra conciencia alguna sobre el debido proceso, mucho menos lo respeta. No tiene una preocupación visible acerca de la percepción pública de justicia. Es la encarnación de la intolerancia y la radicalización que ahora domina al Partido Demócrata.
Los estadounidenses, cuyas vidas están imbuidas por el imperio de la ley, difícilmente se imaginarán que un asalto radical a su libertad sea exitoso. Esas personas solamente necesitan mirar lo que los partidarios demócratas y sus aliados están haciendo dentro de, y haciendo a, la República de Guatemala.
Las naciones latinoamericanas son jardines de deleite para las aventuras políticas como las de los demócratas. Aquellas naciones tienen tradiciones de libertad mucho más débiles que las de Estados Unidos, y una prensa aún más corrompida. El comportamiento de los demócratas en América Latina es exquisitamente revelador, porque actúan sin límites y creen que nadie les está viendo.
La administración de Obama, de hecho, ha honrado a funcionarios guatemaltecos que presidieron juicios amañados y ministerios corruptos. Probablemente su favorita era la juez Yassmin Barrios, quien en 2014 recibió el premio del Departamento de Estado a las Mujeres de Coraje por la primera dama Michelle Obama. El secretario de Estado John Kerry también elogió a Barrios por la fraudulenta condena de genocidio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt.
Al anunciar el veredicto de Ríos Montt, la juez Barrios saludó a los espectadores de la sala del tribunal con una expresión de goce y luego permitió que la multitud dirija burlas y abucheos en contra del acusado de 88 años durante 45 minutos. Aquellos que presenciaron el evento acertadamente lo compararon con juicios llevados a cabo en sociedades totalitarias.
En otro caso, Barrios trató al acusado al estilo de Adam Schiff. La semejanza es lo suficientemente sorprendente como para llamar a Schiff el Barrios del Congreso de EE.UU. o decir que Barrios es el Adam Schiff de Guatemala.
Este caso, que estalló en 2018, inusualmente atrajo la atención de los medios estadounidenses y luego del Congreso, pues expuso las maniobras de Vladimir Putin y el Estado de Rusia en Centroamérica.
Los Bitkov, una familia rusa, han huído del régimen de Putin hacia Guatemala y han pagado $150.000 por documentos de identidad que se volvieron falsos. Los Bitkov fueron procesados por fraude por el Ministerio Público de Guatemala, siguiendo las órdenes de la Cicig —la célebre Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala—, que para 2018 estaba ejerciendo la mayor parte del poder estatal de este país.
La Cicig, que mantiene la mayoría de su poder bajo las sombras, de repente se la vio actuando como un agente del régimen de Putin. Puesto que la Cicig era una extensión de la Embajada de EE.UU., este evento particularmente destacó una alianza perversa entre el Departamento de Estado y el régimen de Putin, acogida por los desafortunados guatemaltecos.
En términos humanos, era imposible no ser comprensivo con la familia Bitkov y su complicada situación. Sin embargo, el tribunal guatemalteco presidido por la juez Barrios —la Adam Schiff local— no compartía aquella comprensión. Cuando Irina Bitkova solicitó al tribunal dar su declaración, Barrios la silenció tal como Schiff silenció a su colega más joven Stefanik.
Bitkova insistió en que la persecución en Rusia y su vuelo desde casa eran relevantes para su defensa. Barrios interrumpió a Bitkova bruscamente y le pidió que tomara asiento. Bitkova nunca pudo hablar en su propia defensa. Mire el video.
Los Bitkov fueron declarados culpables y sentenciados a inusuales términos de prisión muy duros en un proceso judicial enteramente corrupto: 19 años para Igor, el padre, y 14 años para Irina y su hija. Los funcionarios guatemaltecos que entregaron los documentos falsos a los Bitkov y a muchos otros estaban protegidos por la Cicig y la Embajada de EE.UU.
Wall Street Journal y National Review redactaron informes contundentes del caso. La Comisión de Helsinki de EE.UU., incluyendo 18 miembros del Congreso, realizaron una audiencia al respecto. La audiencia estableció que los Bitkov habían sido víctimas de trata de personas y expuso el control de la Cicig sobre el Ministerio Público de Guatemala y los jueces.
En enero de 2019, el presidente de Guatemala Jimmy Morales expulsó a la Cicig del país, aunque elementos continúan en el exterior como una sombra de lo que fueron. El Congreso de Guatemala también ha intentado llevar a cabo audiencias para investigar a la Cicig, pero han sido frustradas por la alta corte.
Mientras tanto, la Embajada de EE.UU. sigue trabajando para los socialistas de Guatemala y los demócratas estadounidenses. La juez Barrios se mantiene como apéndice del Partido Demócrata de Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso, y los acusados socialistas en Guatemala, saben que pueden contar con ella.
Así como con Barrios, lo mismo ocurre con los demócratas y la burocracia permanente del Departamento de Estado. La poca moralidad que han demostrado en Guatemala es ahora absolutamente evidente en sus ataques hacia el presidente Donald Trump.
Estimados estadounidenses, levántense y caminen. Si nosotros premiamos a los demócratas con poder, ellos harán de Estados Unidos lo que han ensayado en Guatemala.
Steve Hecht contribuyó a este artículo.
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