Kamala Harris legitima lo peor que Guatemala tiene para ofrecer

Reunirse con exiliados criminales promueve la ilegalidad y la migración a EE.UU.

Harris se reunió con tres exfuncionarias guatemaltecas con historiales públicos de corrupción. (Vice President Kamala Harris)

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Kamala Harris ha superado a George Orwell al elogiar a tres ex funcionarias guatemaltecas como líderes “que han dedicado toda su carrera profesional a luchar por la justicia en Guatemala”. Los tres están exiliados en Estados Unidos, evitando procesos judiciales por crímenes que cometieron en cargos de confianza pública.

La Casa Blanca publicó una foto de Harris con Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Gloria Porras. Las dos primeras son ex fiscales generales y la última era magistrada en la Corte de última instancia de Guatemala. La foto y la declaración de Harris son un mensaje claro para los guatemaltecos de que el régimen de Biden quiere imponerles criminales socialistas. A menos de que Harris haga un cambio total de 180 grados, ella fracasará en el Triángulo del Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Fiscales solo cuando encaja en la agenda socialista

Como fiscal general, Claudia Paz y Paz, descendiente de una extensa familia guerrillera, dio instrucciones ilegales a los fiscales. Les ordenó especificar a los jueces en las peticiones de desalojos en propiedades ilegalmente ocupadas cuánto tiempo necesitaban los invasores para abandonar la propiedad. La ley establece que las invasiones de propiedad son crímenes flagrantes que todos los fiscales, policías y jueces deben terminar inmediatamente. La orden escrita es la prueba de los crímenes y es la razón por la que Paz y Paz no logró su reasignación a pesar de la significativa presión desde EE.UU. a su favor.

Paz y Paz protegió al personal del Comité de Unidad Campesina (CUC), creado por el Ejército Guerrillero de los Pobres durante el conflicto armado de Guatemala (1960–1996) con las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. La fiscal Gilda Aguilar sufrió un intento de asesinato luego de que obtuvo orden de detención para 10 miembros del CUC y se negó a cumplir con la orden ilegal de Paz y Paz que buscaba la cancelación de esas órdenes de arresto. Paz y Paz le dijo a Aguilar que el CUC era un “grupo de derechos humanos” merecedor a “consideración especial”.

La rama de la fiscalía especializada en crímenes contra fiscales, policía y jueces pidió a la Corte desestimar el caso de Aguilar. Dijeron que no ocurrió crimen alguno, pese a que el carro tenía hundidos de bala y un oficial de policía estaba gravemente herido. Después Aguilar encontró un testigo que declaró bajo juramento que observó al coordinador general del CUC, Daniel Pascual, ofrecer a Byron Tello $7,000 por asesinar a Aguilar.

El testigo añadió que Pascual dijo a Tello que el CUC “tiene mucho poder dentro del gobierno”. Nunca le pasó nada a Pascual. Paz y Paz luego transfirió a Aguilar a una bastión del CUC, donde su vida estaría en peligro. En radio, Aguilar dijo que Paz y Paz estaba preparándola para que la asesinen, y luego Aguilar renunció.

Aldana reemplazó a Paz y Paz como fiscal general pese a que la comisión anti impunidad de la ONU, la Cicig, la había denominado como una candidata no idónea para ser magistrada de la Corte Suprema. Luego de que Aldana ascendió a la Corte, la Cicig la puso en una lista de jueces corruptos.

Biden se puso manos a la obra

Joe Biden gestionó $750 millones por año para el Triángulo del Norte para extender el periodo de la Cicig, el ariete criminal de Biden. Él utilizó a la Cicig, respaldada por EE.UU. para cooptar a Aldana, apalancándose de los trapos sucios que tenían sobre ella. Ante la decisión de ser perseguida por la Cicig o procesar al Presidente Otto Pérez, quien la asignó para que lo proteja, Aldana dió la espalda a su benefactor. Él ha estado por casi seis años esperando en prisión por un juicio.

Aldana continuó los procesamientos judiciales ilegales que Paz y Paz había iniciado, y ella también cuidó de sí misma. Con todas sus actividades ilegales y pese al apoyo de Estados Unidos, Aldana no tuvo esperanza para ser reasignada. Luego de que ella dejó su cargo, el Congreso estableció una comisión para informar sobre la compra oficial que hizo Aldana de un edificio de alrededor de $4 millones. La rama auditora del Ministerio de Finanzas reportó a la comisión que el edificio valía cerca de $2 millones.

El Congreso emitió una denuncia penal ante la Fiscalía General. Además del sobreprecio, el edificio carecía de las condiciones legales para la adquisición del gobierno. Un juez emitió una orden de arresto para Aldana, pero ella huyó a Estados Unidos.

Aldana y sus defensores, aparentemente incluyendo a Harris, argumentan que Aldana es perseguida por un sistema corrupto debido a sus actividades anticorrupción. Sin embargo, una de las heroínas anticorrupción elogiadas por Harris, Porras, fue una de las jueces a las que hubiera llegado el caso de Aldana. Aparentemente, dos heroínas anticorrupción estaban rivalizadas entre ellas al mismo tiempo.

El ex embajador de EE.UU. Todd Robinson amenazó a los miembros del Congreso de Guatemala con revocaciones de visa y procesamientos de la Cicig si ellos no votaban por Porras para que sea asignada a la alta Corte. Ella ganó 145 a seis en una elección con múltiples candidatos. En el documental, De Hillary con Amor, el ex congresista Fernando Linares explica que otros magistrados le dijeron “que [Porras] sigue usando esas estrategias intimidatorias… diciendo que: lo que yo quiero que ustedes hagan y por lo que quiero que voten tiene el respaldo de los Estados Unidos de América a través del embajador de Guatemala”.

La víctima es la economía

Dos veces Porras ha participado en resoluciones en casos de los que ella era parte. Ella ha hecho numerosos fallos políticos, cerrando fábricas ilegalmente y protegiendo a grupos como el CUC que invaden la propiedad privada, destruyen fábricas, y presionan a los habitantes a cometer crímenes en contra de las autoridades.

Luego de que la alta corte cerró ilegalmente dos plantas hidroeléctricas en 2017, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana declaró, “Estamos en un período de movimientos ideológicos radicales de grupos a favor del conflicto social, así como de tergiversación y abierta oposición a cualquier proyecto de inversión… Esto ha llevado al vandalismo, daños, disturbios, invasión de propiedad privada y pérdida de vidas… Como consecuencia directa de los fallos de la CC, más de 445,000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos anuales estarán en riesgo”.

Paz y Paz, Aldana y Porras han contribuido más que nadie a la falta de oportunidades y la violencia en Guatemala—las causas raíz de la migración que Harris busca mitigar.

Pese a las serias denuncias en contra de cada una de ellas y sus historiales públicos de criminalidad, los demócratas y sus medios aliados han acogido a las tres autoridades guatemaltecas como heroínas. Más que suficiente evidencia existe para que las tres estén en la cárcel en lugar de ser honradas por la Casa Blanca.

Al tratar a los guatemaltecos con total irrespeto y apoyar al mismo tipo de actuales funcionarios corruptos, Harris exacerbará el tránsito de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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