La imposición ilegal de Gloria Porras por la Universidad de San Carlos

La estrategia judicial subversiva detrás de su designación en la Corte Constitucional

La designación de Gloria Porras a la CC es un ejemplo de los esfuerzos subversivos de los anticapitalistas en Guatemala. (@infoUSAC)

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Los anticapitalistas guatemaltecos no han cesado en su empeño de imponer una dictadura en el país. Su filosofía judicial, despojada de su falso envoltorio, es la subversión. La designación en 2021 de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Universidad de San Carlos (USAC) es un ejemplo.

Quienes controlan el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC crearon un proceso arbitrario para designar a Porras. Sus argumentos jurídicos pretenden ser una interpretación de buena fe de la Constitución y las leyes.

Por el contrario, sus argumentos legales desafían directamente al gobierno constitucional de Guatemala. El CSU utilizó el voto a viva voz para que sus esbirros y la embajada de Estados Unidos pudieran amenazar a los miembros con represalias por no votar por Porras.

La Asamblea Constituyente de Guatemala redactó la Constitución y una ley que regula la selección de los magistrados de la CC. La ley prevé el voto secreto y el nombramiento de un magistrado con experiencia docente universitaria.

El CSU alegó que el artículo 30 de la Constitución, que dice que la administración de Guatemala será pública, requiere un voto a viva voz y anula la ley. El Procurador General de la Nación, en un recurso contra la designación de Porras, rechazó este argumento.

No hay conflicto entre el voto secreto y la naturaleza pública del gobierno. El público puede ver el proceso, pero no puede ver a quién votan los miembros de la CSU, lo que garantiza que prevalezca su libre albedrío.

El CSU ignoró las normas de votación de la USAC, alegando que solo se aplican a la elección de los funcionarios de la USAC, no a la designación de magistrados para la CC. Este reglamento también exige una votación secreta y especifica los procedimientos de elección.

El reglamento de la USAC prevé dos rondas de votación. Si ningún candidato obtiene la mayoría, se celebra una segunda vuelta al día siguiente hábil entre los dos más votados. El 4 de marzo, la CSU celebró dos rondas de votación, por votación a viva voz, sin que ningún candidato obtuviera la mayoría.

Después de la segunda ronda, el CSU celebró ilegalmente 10 rondas de votación adicionales antes de que Porras recibiera 20 de los 38 votos en la duodécima ronda. Una representante estudiantil miembro del CSU que había dicho que Porras carecía de los requisitos para ser nombrado miembro de la CC cambió repentinamente su voto a favor de Porras después de haber votado 11 veces por Omar Barrios.

Fuentes dijeron a Impunity Observer que la embajada de Estados Unidos había intervenido en favor de Porras. El Defensor de Derechos Humanos, Jordán Rodas, cercano a Porras y a la embajada estadounidense, también intervino en su favor. Estudiantes, profesores y decanos también presionaron a los miembros del CSU para que votaran a favor de Porras.

La Asamblea Constituyente otorgó al presidente, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, al Colegio de Abogados y Notarios y a la USAC cada uno una designación de magistrado ante la CC. Las designaciones profesionales de las dos últimas instituciones equilibran las designaciones políticas de las tres primeras.

Los siete magistrados de la CC nombrados por la USAC entre 1986 y 2016 eran profesores de derecho de la USAC. La ley y las normas de la USAC son claras: los profesores de la USAC tienen preferencia. Gloria Porras no tiene experiencia docente en la universidad y era la única candidata de este tipo este año. Barrios es un profesor de derecho de la USAC con 19 años de experiencia docente.

La ley exigía la notificación obligatoria a los participantes y a las partes interesadas de la designación de Porras el 4 de marzo. El CSU no cumplió, alegando que el carácter público del acto obvia la necesidad de notificación.

Sin embargo, la ley permite impugnar la designación de la USAC. Los impugnantes deben conocer el procedimiento y la base incluida en las notificaciones legales.

La USAC violó la ley al no notificar a los participantes y esperar a que expirara el periodo de impugnación de cinco días antes de certificar oficialmente a Porras ante el Congreso. Al certificar la designación de Porras al Congreso el 5 de marzo, la USAC incumplió la ley.

El Congreso preguntó a la USAC sobre impugnaciones pendientes el 8 de marzo. La USAC respondió que se aplica la Ley de lo Contencioso Administrativo, pero que aún no se había recibido ninguna impugnación.

Posteriormente, cinco personas impugnaron la designación de Porras. El CSU las rechazó sin abordar los argumentos. Estaba claro que intentaban burlar la ley para que el Congreso instalara a Porras en la CC. El 13 de abril, la USAC dijo al Congreso que la Ley de lo Contencioso Administrativo no se aplicaba a las impugnaciones de la designación de Porras. El mismo funcionario, el 8 de marzo, había escrito lo contrario.

Cuando el Congreso no pudo jurar legalmente a Porras el 13 de abril, el Departamento de Estado de EE. UU. les tildó de corruptos, a pesar de que simplemente estaban cumpliendo la ley.

En un acto del 15 de abril, tras ser ordenado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el CSU comenzó a tramitar a regañadientes una impugnación que había rechazado previamente. En ese acto, la CSU afirmó que no está sujeta a los tribunales, afirmando de hecho que estaba por encima de la ley.

Esta arrogancia es coherente con sus acciones.

El 23 de junio, el CSU rechazó la impugnación, alegando el razonamiento antes mencionado. La USAC reanudó sus esfuerzos para que el Congreso diera posesión a Porras. De nuevo, el Congreso no pudo hacerlo debido a las impugnaciones pendientes, reforzadas por órdenes judiciales.

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reprochó a la CC por impedir “la toma de posesión a una magistrada debidamente electa en un proceso que había sido cuidadosamente revisado y afirmado por la institución electora de acuerdo con la legislación guatemalteca”.

Esta mentira da validez a las fuentes anónimas de Impunity Observer que denunciaron la intimidación de la embajada estadounidense a favor de Porras. Al no poder intimidar a los tres poderes de Guatemala, la embajada recurrió a la USAC para nombrar a Porras, a pesar de que esta carecía de los requisitos legales.

El régimen de Biden tiene la misma filosofía judicial subversiva que la USAC y participa activamente, y hasta tal vez dirige, la subversión de la república democrática de Guatemala.

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media. He has appeared as a guest on national American media networks and programs, including the One America News, Newsmax, and The Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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