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El Departamento de Estado (DOS) está manejando una maquinaria criminal en Guatemala con el objetivo de imponer el socialismo. Parte de esta operación ha incluido el control del Ministerio Público (MP) desde 2010 a 2018. El DOS ahora está desesperado por recuperar el control del MP y así, esconder sus crímenes, que han aumentado la migración humana hacia el norte y el narcotráfico.
En 2018, Consuelo Porras se volvió fiscal general de la nación después de ser una de las finalistas aprobadas por el DOS. Para la desazón del DOS, la intimidación de la Embajada de EE.UU. no hizo nada. Porras ha aplicado la ley de forma correcta, sin importar sus creencias personales.
El periodo de Porras termina el 14 de mayo. Debido a que está investigando crímenes apoyados por el DOS, la institución está determinada a evitar que sea reelegida.
Recientemente, el MP de Porras presentó cargos en contra de Eva Sosa —ex-fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)— a causa de otorgar un finiquito ilegal a Odebrecht. El MP también presentó cargos contra su abogada, Leyli Santizo —quien anteriormente trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas—por intentar manipular el sistema judicial. La CICIG era un ariete fundamental del DOS para imponer sus agentes en el sistema de justicia. La FECI estaba al servicio de la CICIG y continuó siendo un arma crucial incluso después de la salida de la CICIG en 2019.
El DOS está gravemente preocupado y ha aumentado la presión sobre Porras para que se abstenga. Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, dice que “las acciones de Porras contra fiscales activos y pasados siguen un patrón de intimidación y venganza contra individuos que luchan contra la impunidad”. La administradora de USAID, Samantha Power, ha acusado a Porras de intimidar y perseguir “jueces y fiscales que defienden el imperio de la ley”. Todd Robinson, subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, dice que las acciones de Porras son “inaceptables” y que ”la ley debe imperar”.
Santizo solicitó a la juez Erika Aifán, otra de las agentes del DOS, que conexara a otros ante ella con el caso en contra de Sosa. Aifán ordenó al otro juez que le dé el caso de Sosa, pero el juez negó esta petición. La orden es ilegal porque el MP no hizo la petición a la Corte Suprema, como la ley lo especifica.
Porras ofreció explicar los hechos a los funcionarios del DOS, Nichols y Power. El DOS respondió en un comunicado acusando a Porras de “abuso persistente de funcionarios actuales y antiguos”.
La Constitución guatemalteca garantiza derechos individuales de acuerdo a los procedimientos legales. Aifán los ha violado, mientras Porras hace su trabajo acusando a ella y a Santizo. La defensa de Santizo dice que simplemente estaba representando a Sosa, su cliente. Los hechos indican que Santizo y Aifán conspiraron ilegalmente para dar el caso a Aifán para que pueda desecharlo.
Aifán, protegida y premiada por el DOS, ha tenido un largo historial de resoluciones criminales. Ella ha mantenido ilegalmente a los enemigos políticos del DOS en las cárceles por años. Recientemente, un testigo se retractó en su testimonio en contra del presidente Alejandro Giammattei, a quien el DOS quiere fuera del cargo. Él dijo que Aifán y el ex-líder de la FECI, Juan Francisco Sandoval, también premiado por el DOS, lo coaccionaron para presentar ese testimonio en la oficina de Sandoval.
La presencia de Aifán en el MP es un delito. El testigo dijo que Aifán y Sandoval le dieron un discurso y lo amenazaron para que dé su testimonio. Ese falso testimonio es la única evidencia del caso.
Al mismo tiempo, el embajador estadounidense William Popp reunió ilegalmente a Aifán y otros jueces que responden a la Embajada en su residencia, donde seleccionaron a Aifán como presidente de los llamados jueces de la integridad. El DOS apoya abiertamente a las acciones ilegales de Aifán, que busca esconder la criminalidad del DOS y recuperar el control del MP.
El caso de Sosa también involucra a Sandoval. Ambos fueron a las oficinas de Odebrecht en Brasil y los libraron de pagar una multa de $384 millones reclamada por Guatemala. Para evitar exponer a Sandoval por este y otros crímenes, el DOS quiere ilegalmente remover el caso contra Sosa del juzgado que lo tiene. Aifán actúa criminalmente y el DOS la intenta proteger difamando a Porras.
El mismo día en que Porras despidió a Sandoval en julio, él se fugó hacia Estados Unidos. Porras explicó públicamente sus crímenes y el DOS respondió atacándola. El DOS la incluyó en la lista Engel de personajes corruptos, sanción que incluye la remoción inmediata de su visa.
Porras ofreció en dos ocasiones explicaciones a través de canales diplomáticos para clarificar dudas sobre el despido de Sandoval. El DOS ignoró la oferta.
Si el DOS acepta la oferta de Porras, tendrían en sus manos la evidencia de los actos criminales de Sandoval. Así, el DOS se expondría a sí mismo como cómplices al quedarse callados o condenarían a Sandoval, alegando su ignorancia sobre los crímenes cometidos. La última destruiría la infraestructura criminal del DOS, que se usa para imponer el socialismo en Guatemala. Los otros agentes del DOS huirían a los Estados Unidos de Biden o buscarían acuerdos de culpabilidad a cambio de exponer la criminalidad del DOS.
El DOS todavía tiene jueces y fiscales en Guatemala. Ellos obstruyen la justicia y socavan a Porras. Para continuar su maquinaria criminal, el DOS debe negar a Porras para el siguiente periodo y reemplazarla con uno de sus agentes.
En el pasado, el DOS usó a la CICIG y la FECI contra quien sea que impedía su agenda criminal. Después de perder su control, ha tomado las riendas abiertamente. La tal llamada lista de Engel sirve como un arma para intimidar a los miembros de la Comisión de Postulación para el MP. Los miembros de la comisión y los jueces se arriesgan a represalias de la Embajada por adherirse a la ley.
Esta criminalidad extensa en contra de un aliado clave merece exposición y castigo.
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