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La absolución de Michael Sussmann es un adelanto de cómo se verá nuestro sistema judicial si los marxistas que lideran el Partido Demócrata consiguen su objetivo de control arbitrario y centralizado de un partido.
Con su nueva mayoría en el Congreso el año pasado, los demócratas inmediatamente se movilizaron para crear una ley de votaciones que hubiese federalizado el ejercicio del voto, eliminado la identificación del votante y registrado grandes números de votantes que no son elegibles. Los demócratas en el Congreso también han clarificado su deseo de llenar la Corte Suprema con más jueces.
La ley de votaciones hubiese facilitado el fraude generalizado y que el partido de gobierno retenga el poder incluso si las personas votaban para quitarlos de allí. Federalizar las votaciones es inconstitucional. Una Corte Suprema expandida hubiese ignorado la Constitución y apoyado la ley de votaciones.
Dos senadores — Joe Machin (D-WV) y Kyrsten Sinema (D-AZ)— evitaron que el Senado pase ambas medidas y salvaron a nuestra república democrática de volverse una dictadura.
Washington, DC, es más de 90% demócrata. El juez del caso de Sussmann, nombrado por Obama, emitió resoluciones antes del juicio que favorecían a la defensa y aceptó a demócratas sesgados para el jurado. El juez también tenía sus propios conflictos de interés. Estos factores causaron que la mayoría de observadores legales predigan que el acusado no sea convicto.
Por otro lado, el prominente académico en derecho, Jonathan Turley, dijo que la evidencia en contra de Sussmann era “remarcablemente fuerte”. La evidencia era sencilla. Sussmann falsamente dijo que estaba proporcionando información al FBI como un ciudadano preocupado, mas no en representación de un cliente. La fiscalía proporcionó el registro de facturación de Sussmann a la campaña de Hillary Clinton.
Sussmann ahora está regodeándose de haber vencido a la “falsa” acusación en su contra. Sus colegas demócratas y fanáticos se ven despreocupados por el veredicto predeterminado. Ellos no comprenden que un sistema de justicia politizado lleva a una dictadura — o quizás prefieren ese resultado—.
Un vistazo a un sistema politizado por Joe Biden cuando era la mano derecha de Barack Obama en Centroamérica revela resultados alarmantes en cuanto a poder judicial sin control. Biden presionó al presidente de Guatemala en 2015 para extender el mandato de una comisión criminal de Naciones Unidas (CICIG). El exembajador estadounidense, Todd Robinson, usó aquel entonces a la CICIG para destituir al presidente y cooptar el sistema de justicia criminal de Guatemala.
Robinson dio dos opciones al fiscal general de Guatemala: ser destruido por él y la CICIG o hacer su oferta. En 2016, Robinson convocó a los líderes congresistas de Guatemala a su residencia. Llevándolos al jardín, él los amenazó con investigaciones y revocaciones de sus visas estadounidenses si no votaban por su candidato para la corte de último recurso en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC). Gloria Porras ganó 145 a 6 en un campo con múltiples candidatos.
El congresista guatemalteco Fernando Linares fue uno de los seis que votaron en contra de Porras y en 2017 le cancelaron su visa estadounidense. Él compartió: “Los magistrados [de la CC] me han dicho que [Porras] les dijo ‘por lo que quiero que voten tiene el respaldo del embajador estadounidense’”. La corte ilegalmente cerró negocios, dañando la economía y comunidades alrededor. Esto encarceló a oponentes políticos sin evidencia, violando sus derechos constitucionales, y protegió a aliados sin importar los crímenes que cometieron.
Algunas de las personas acusadas pasaron más de seis años en prisión preventiva sin evidencia en su contra y sin juicio. Algunos murieron en esta prisión preventiva ilegal. La Oficina de Guatemala para la Prevención de Tortura condenó dicho tratamiento en varias ocasiones. Veteranos militares fueron condenados en juicios espectáculo con evidentes violaciones al debido proceso y sus derechos constitucionales. Robinson y su sucesor asistieron a dos juicios y los alabaron.
El Departamento de Estado de Estados Unidos manejó esta pervertida justicia. Algunos miembros republicanos del Congreso denunciaron este comportamiento. Los demócratas alabaron a la CICIG y a la CC. Los actores corruptos del Departamento de Estado siguen por encima de la ley.
La falsa información de Sussmann sobre una conexión entre el candidato Donald Trump y un banco ruso y el falso Steele Dossier condujo a la investigación de Robert Mueller sobre la colusión entre Trump y Rusia. El equipo de Mueller usó tácticas de la CICIG para coaccionar a las personas para que testifiquen falsamente. Ellos arrestaron a sus objetivos con gran fanfarria para condenarlos antes de los juicios e intimidar a otros objetivos. Los demócratas, sus fanáticos, y sus oligarcas, sus medios y compañeros burócratas no piensan nada sobre el uso de estas tácticas totalitarias en contra de contrincantes políticos. Ellos consideran a sus enemigos por debajo del desprecio y que se merecen aquel trato.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts dijo: “Nosotros no tenemos jueces de Obama o jueces de Trump… nosotros tenemos… jueces haciendo su mejor trabajo para que tengan los mismos derechos aquellos que parecen delante de ellos”. Roberts vive en el pasado. Esta es la forma en la que debería ser, pero no es así bajo los marxistas manipuladores y sus seguidores demócratas.
El año pasado, Kamala Harris recibió a Gloria Porras en la Casa Blanca y la llamaron “luchadora por la justicia”. El juez Emmet Sullivan violó el precedente de la Corte Suprema de continuar el caso de Michael Flynn después de que el Departamento de Justicia retiró los cargos; antes había encontrado evidencia incriminatoria suprimida. Este es el tipo de jueces politizados con los que los demócratas llenarían la corte.
La evidencia revelada durante el juicio de Sussmann permanece relevante. Todos debemos reconocer el asalto marxista que ha politizado la justicia. Si no volvemos a aceptar las reglas y a aplicarlas a todos por igual, perderemos nuestra libertad.
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