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A punto de ser expuesto por la imposición de su títere comunista como presidente guatemalteco, el Departamento de Estado (DOS) del régimen de Biden ha mostrado esta semana su desprecio por la ley y el Congreso. El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols se ha referido a la apertura legal de las cajas electorales de la elección del 25 de junio por parte del Ministerio Público (MP) en Guatemala como “escalofriante” y una “brecha a la democracia”.
Estas alegaciones se añaden a acusaciones falsas anteriores, repetidas por el presidente del Comité de asuntos exteriores de la Cámara (HFAC) Michael McCaul en el comunicado de prensa del 14 de julio. El MP respondió a McCaul el 12 de septiembre con una lista de crímenes del DOS, donde lo retaron a que investigue, y ofrecieron cooperación total.
Para mostrar buena fe y consistencia con la instrumentalización de investigaciones del liderazgo de la Cámara, McCaul ahora debería investigar las nuevas falsas acusaciones del DOS.
El MP abrió las cajas en consecuencia de una resolución emitida por la corte, que había surgido de una denuncia penal de que los votos no habían sido reportados de forma adecuada. El artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala sostiene: “Todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales, se regirá por el Código Penal guatemalteco”. El artículo 251 de la Constitución guatemalteca asigna el procesamiento criminal al MP.
El asesor especial de Biden Juan González, sin embargo, emitió un comunicado melodramático y engañoso en español hacia medios guatemaltecos: “Tomaremos acciones para defender la voluntad de los votantes guatemaltecos, eso incluye el uso de sanciones e incluso suspender asistencia y otras herramientas” —como si hacer cumplir la ley con respecto a la integridad electoral fuese contrario a la voluntad de los guatemaltecos—. El régimen de Biden está diciendo en efecto que castigará a Guatemala si se aplican las leyes y no lo hacen presidente al candidato preferido del DOS.
El DOS sostiene que todos los observadores internacionales reportaron que el proceso electoral se dio de forma apropiada, pero los observadores no están calificados y no tienen autoridad legal para verificar una elección. No sólo que no hay forma de que los observadores vean cómo se manipularon las actas y los votos ni cómo se reportan los resultados, sino que las instituciones a las que los observadores representan están colaborando con el fraude del DOS.
Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos abiertamente apoyó al Movimiento Semilla. Su candidato, Bernardo Arévalo, ha adoptado la posición a favor de los criminales del DOS. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha visto personalmente la evidencia voluminosa del fraude de las inscripciones de Semilla en dos ocasiones en el MP, pero aún así se niega a reconocer que las acciones del MP son conforme a la ley y sus obligaciones.
Una elección es una expresión de la voluntad de una nación, pero sólo si se da conforme a lo que establece la ley. El régimen de Biden no tiene credibilidad en este aspecto ya que las leyes de las elecciones estatales en algunos de los Estados bisagra se violaron abiertamente en las elecciones de 2020, las que llevaron a Biden al poder.
Solo esas violaciones, que nunca se abordaron de manera apropiada, mancharon las elecciones de 2020. Así como sucedió entonces en casa, el régimen de Biden ahora está calificando a todos los guatemaltecos que protestan sosteniendo que la autoridad electoral violó las leyes como extremistas corruptos y antidemocráticos.
Cuando el MP abrió las cajas que contenían las papeletas y las actas de escrutinio originales, de lo que había sobradas medidas para garantizar que no podrían haber sido manipuladas, estas no estaban allí. Esto es un delito. El MP debe investigar y encontrar esas hojas y a los responsables de que no estuvieran donde la ley dice que tenían que estar.
Los delitos de la autoridad electoral ahora han sido verificados para el público. La reacción del DOS es gritar que quienes aplicaron correctamente la ley y abrieron las cajas son corruptos. Mientras tanto, el DOS sigue alabando a las autoridades electorales que no guardaron las actas en las urnas. Este crimen electoral niega la voluntad del pueblo guatemalteco y desmiente las pretensiones del régimen de Biden de defenderla.
El régimen de Biden redobla sus esfuerzos para engañar a la opinión pública e intimidar a los opositores. El presidente Lula de Brasil denunció un intento de golpe de Estado en Guatemala contra “la investidura del vencedor de elecciones democráticas.” Biden colaboró en el fraude que instaló a Lula como presidente brasileño. Desde entonces, Lula ha colaborado con Xi Jinping para desbancar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Sin embargo, el régimen de Biden mirará hacia otro lado mientras Lula ayude a un camarada comunista a llegar al poder en Guatemala.
Los socios globalistas del régimen de Biden se unen, como hicieron contra un fiscal ucraniano en 2016, para intimidar a un gobierno para que haga lo que ellos quieren. El DOS sancionó arbitraria y corruptamente a la fiscal general Consuelo Porras en 2021 e intervino abiertamente en el proceso de selección el año pasado para impedir que volviera a ser nombrada porque había aplicado correctamente la ley.
Estados Unidos bajo Biden y el DOS representa la tiranía. Llaman víctimas a los criminales y victimización a la aplicación de la ley. Los comités de Justicia, Supervisión y Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes están investigando y exponiendo la politización del gobierno bajo el régimen de Biden, pero el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara apoya la politización del gobierno de Estados Unidos contra Guatemala.
Porras se encuentra valientemente sola en su lucha contra esta politización debido a su coraje y dedicación a la ley. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara debería investigar las acusaciones documentadas por ella de la criminalidad por parte del DOS, informar al público y corregir el comportamiento del DOS.
Esto tendría efectos positivos en otros países maltratados por el DOS y otros departamentos del gobierno federal que actúan como si el Congreso fuera una figura decorativa. El liderazgo de la Cámara debería considerar la ausencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en la lucha por exponer la politización del gobierno bajo el régimen de Biden y debería involucrar al comité en esa lucha.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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