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Las acciones totalitarias del régimen de Joe Biden en el extranjero predicen lo que hará a nivel local. El régimen está mostrando su desprecio por la ley, la verdad y los electores estadounidenses al forzar un presidente para Guatemala. Si Guatemala aplica sus leyes, sufrirá violencia patrocinada por Estados Unidos. La alternativa es consentir a la imposición abiertamente ilegal del régimen de Biden.
Los aliados de Biden hicieron esto en 2020 con sus llamadas protestas pacíficas, donde se quemaron edificios. Alcaldes y gobernadores demócratas y burócratas del Departamento de Justicia no hicieron nada al respecto porque esto es parte de su manual.
A diferencia del 2020, la gente de Biden ahora controla la presidencia. Ellos no pueden darse el lujo de entregar el poder en 2025, peor aún la extinción de la agenda de Obama-Biden y que tengan que enfrentar a la justicia por sus crímenes. Similar a un país tercermundista, el régimen hará lo que sea necesario para derrotar la libertad estadounidense y continuar construyendo su tiranía.
La evidencia indica un fraude promovido por el Departamento de Estado en las elecciones guatemaltecas de 2023. El objetivo es instalar al títere comunista Bernardo Arévalo como presidente. Los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron con funcionarios del DOS antes de las elecciones y el DOS elogió a las autoridades electorales, a pesar de que conspiraron con el Movimiento Semilla de Arévalo.
La fiscal general guatemalteca Consuelo Porras está dedicada a la ley. Ella está investigando el conteo de votos y el registro fraudulento del Movimiento Semilla de Arévalo. El régimen de Biden ha satanizado y mentido sobre Porras, como lo hace constantemente con sus enemigos.
El régimen de Biden ha dicho que el Ministerio Público (MP) no tiene la jurisdicción sobre asuntos electorales. Esto es falso. La ley electoral de Guatemala sostiene que los crímenes y delitos electorales deben ser procesados de acuerdo al Código Penal. La Constitución asigna el procesamiento criminal exclusivamente al MP.
El MP lo ha investigado, como exige la ley, en virtud de más de 1.000 denuncias penales. Consecuentemente, una corte suspendió a Semilla y emitió órdenes de allanamiento para confiscar material electoral.
El MP ha sido transparente e informa rutinariamente al público. De los 25.000 miembros requeridos para registrar un partido político, más de 8.000 registrados de Semilla eran fraudulentos. Arévalo no puede servir como presidente si se clausura su partido.
El 12 de septiembre, el MP legalmente incautó material electoral, lo que generó condenas del DOS. Las actas originales no se encontraban donde la ley dicta que deberían haber estado, un crimen de la autoridad electoral que el DOS elogió.
El 30 de septiembre, el MP de nuevo incautó material electoral. Los magistrados de la autoridad electoral intentaron detener físicamente a los agentes del MP, lo que es un crimen. Sin embargo, el régimen de Biden volteó la verdad y aseguró que el MP estaba equivocado. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, denunció “los esfuerzos antidemocráticos de la semana pasada para… intimidar a las autoridades electorales”. Los videos no dejan dudas de que Sullivan mintió.
Ya que no pudieron detener a Porras, que está haciendo cumplir la ley, el siguiente paso era la violencia. La oenegé 48 Cantones, un grupo sucesor a una guerrilla que ha recibido financiamiento de USAID, bloqueó calles y el acceso a las oficinas del MP. Esto impidió que se libere la investigación y sus descubrimientos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó el 18 de octubre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que el Ejecutivo aplique la ley contra los manifestantes violentos. El 31 de octubre, el DOS emitió un comunicado acusando al MP de hacer un llamado a la “remoción forzosa de manifestantes pacíficos”. Otra vez los videos confirman que el DOS estaba mintiendo.
El DOS se ha involucrado en una guerra de información contra Porras para que frene sus investigaciones y desacreditar posibles hallazgos. Nosotros habíamos usado tal guerra de la información contra enemigos de la Guerra Fría. Ahora, el régimen de Biden aplica esta táctica contra aliados democráticos.
El régimen de Biden ha abusado del poder para engañar al público guatemalteco e intimidar a sus instituciones y el sector privado, incluso con violencia manifiesta. Si las autoridades guatemaltecas aplican la ley, las oenegés del régimen de Biden descargarán más violencia y justificarán con que actúan en contra de acciones “antidemocráticas” para evitar que el presidente electo asuma el cargo.
El régimen de Biden ha condicionado al público guatemalteco para que acusen falsamente a Porras por la violencia reciente, a pesar de que el régimen la patrocina.
Mientras desestabiliza a la democrática Guatemala, el régimen de Biden no ha dicho nada sobre Maduro, que anuló unas elecciones primarias. Este silencio demuestra la mentira de que actúan para proteger la voluntad de Guatemala.
Si las autoridades guatemaltecas violan la ley para mantener la paz, el títere será presidente, como lo demanda el régimen de Biden. Guatemala estará camino a Honduras, cuyo presidente ha alabado a Cuba y Venezuela.
Bajo el mandato de Xiomara Castro, Honduras ha roto relaciones con Taiwán y las estableció con el Partido Comunista Chino (PCCh). Tal y como hizo con el Grupo de Puebla en septiembre, Arévalo se unirá al colombiano Gustavo Petro, venezolano Nicolás Maduro y brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, entre otros mimados de Biden, en apoyar al PCCh e Irán.
Si Arévalo es presidente, Guatemala permanecerá abierta para traficantes de personas, drogas y armas. La inundación de migrantes en nuestro país por el régimen de Biden continuará sin disminuir.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de mayoría republicana permanece casi en silencio con respecto a la criminalidad del régimen de Biden en Guatemala. La Cámara debe exponer esta instrumentalización del gobierno estadounidense para educar al público y proponer una legislación que arregle la burocracia federal que no rinde cuentas a nadie.
Esta educación puede instruir a los ciudadanos estadounidenses con respecto a lo que deben preparar para las elecciones de 2024.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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