Guyana es solo una ficha más en el juego de poder chavista

La amenaza de anexión de la dictadura no es más que humo previo a las elecciones de 2024

Guyana es solo una ficha más en el juego de poder chavista. La administración Biden relajó las sanciones a las industrias de Venezuela.

La administración Biden relajó las sanciones a las industrias de Venezuela. (Andrés Sebastián Díaz)

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El dictador venezolano Nicolás Maduro ha revivido una remota disputa territorial como una cortina de humo previo a las elecciones presidenciales de 2024. El régimen chavista —que lleva más de 20 años atornillado al poder— no tiene ninguna intención de marcharse y el conflicto con Guyana le sirve como estrategia para acorralar a la administración de Biden en favor de sus intereses. Maduro busca que la administración demócrata elimine todas las sanciones a los sectores petrolero, gasífero y minero de Venezuela.

El 3 de diciembre de 2023, el régimen chavista llevó a cabo un referéndum para solicitar el apoyo ciudadano en la anexión de la región del Esequibo, perteneciente a Guyana. Esto representa aproximadamente el 75% del territorio guyanés y una proporción aún mayor de sus enormes recursos naturales, especialmente los ubicados en el océano Atlántico. Según funcionarios chavistas, todas las preguntas del referéndum recibieron más del 95% de votos afirmativos, retratando un presunto apoyo ciudadano.

Sin embargo, el régimen parece estar practicando fraudes electorales para el próximo año al proporcionar datos electorales poco claros. Elvis Amoroso, jefe de la autoridad electoral y ex contralor del régimen, afirmó que el referéndum tuvo una “participación histórica” de 10,5 millones de votos afirmativos. Un día después, afirmó que el referéndum tuvo “10,4 millones de votantes”. Dado que había cinco preguntas en el referéndum (cinco votos por votante), no quedó claro si Amoroso se refería al total de votos o de votantes. Más tarde aclaró que se refería a los votantes, pero hasta la fecha de publicación de este artículo, tres semanas después del referéndum, la autoridad electoral no ha publicado los resultados oficiales.

El apoyo ciudadano al referéndum es simplemente propaganda del descarado y criminal régimen chavista, periodistas independientes locales informaron que poca gente participó, los centros de votación permanecieron prácticamente vacíos. Sin embargo, el referéndum no ha logrado alcanzar el propósito del régimen de ganar al menos un mínimo de popularidad. Los venezolanos rechazan la dictadura, aunque, en general, respaldan la idea de que el Esequibo es venezolano.

Según la encuesta de diciembre realizada por la consultora Poder y Estrategia, Maduro obtendría el 23% de los votos en 2024 si se enfrentara a la líder opositora María Corina Machado, quien obtendría el 73%. El 22 de octubre, Machado obtuvo el 92% de los votos en la elección primaria de la oposición, en la que votaron más de 2,5 millones de venezolanos. Sin embargo, Amoroso es un fiel lacayo del régimen, así que respaldó la inhabilitación ilegal contra Machado para participar en las próximas elecciones. Si esa decisión se mantiene, las elecciones de 2024 carecerán de cualquier credibilidad.

Con el referéndum del Esequibo, la dictadura chavista también está probando la tolerancia de la comunidad internacional antes de las elecciones de 2024. Por ejemplo, el régimen no permitió la presencia de observadores nacionales ni extranjeros en este proceso electoral, corroborando que fue una fachada descarada.

Además de poner a prueba la tolerancia de la comunidad internacional, los socialistas bolivarianos disfrutan burlándose del gobierno de los Estados Unidos, que tiene una reputación cada vez más debilitada como opositor de las dictaduras. El 20 de diciembre, la administración Biden liberó a Alex Saab —testaferro de Maduro— a quien el gobierno estadounidense acusó de lavado de dinero y sobornos. A cambio, el régimen liberó a 10 prisioneros estadounidenses en Venezuela. Saab también colaboró con funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos durante un año.

En octubre, la administración Biden relajó las sanciones a las industrias petrolera, gasífera y minera de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos tenía una condición: el régimen debía negociar con la oposición para garantizar elecciones generales libres y democráticas, como si eso fuera a suceder. Levantar las sanciones después de tales elecciones tendría sentido, pero no antes. En 2022, la administración Biden también liberó a dos sobrinos de Maduro, a quienes Estados Unidos acusó de narcotráfico. El gobierno demócrata parece hacerse amigo de sus enemigos mientras trata con desprecio a sus aliados, como a Guatemala.

Al amenazar a la vecina Guyana con la anexión de la mayor parte de su territorio, la dictadura tiene más poder para negociar la eliminación de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Un conflicto armado tendría efectos devastadores en la región y en el suministro mundial de energía. Estados Unidos también tendría dificultades para abordar un conflicto militar en la región sudamericana, ya que está ocupado con Ucrania, Israel y los ataques de los hutíes a barcos comerciales en el Mar Rojo.

En los últimos ocho años, Guyana, con la ayuda de compañías petroleras estadounidenses, ha descubierto nuevos yacimientos de petróleo, gas y minerales en el Esequibo. Esto ha llevado a un crecimiento económico guyanés sin precedentes. Según el Banco Mundial, en 2022, el PIB de Guyana creció un 57.8% en comparación con el año anterior, siendo el mayor crecimiento del PIB en el mundo ese año. Mientras la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil en Guyana produce 400,000 barriles por día, un informe de Bloomberg se estima que podría alcanzar los 750,000 barriles para 2026. Para hacer una comparativa, la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA produce solo 810,000 barriles por día.

El régimen chavista ve al Esequibo como un botín tentador. Sin embargo, el analista político venezolano Esteban Hernández del medio Contra Poder le dijo al Impunity Observer que el régimen no está en condiciones para afrontar una guerra de este tipo a pesar del tamaño pequeño y el escaso poder militar del enemigo. Las fuerzas armadas venezolanas carecen de financiamiento, capacitación y logística. Para Hernández, las fuerzas armadas pueden enfrentarse fácilmente a ciudadanos desarmados, pero no a un ejército de oposición. Además, a Maduro no le conviene incomodar con un conflicto bélico a los altos funcionarios militares, ya que son quienes mantienen a la dictadura en el poder.

En definitiva, la disputa territorial del Esequibo no es más que otra artimaña de Maduro para eludir las elecciones generales de 2024. El tirano y sus cómplices saben perfectamente que unas elecciones libres y democráticas marcarían el fin de su reinado de terror, por lo que tendrían que enfrentar a la justicia por sus múltiples crímenes. A Maduro no le queda más que cometer un nuevo fraude electoral o ir a la guerra. Esta última parece ser su último recurso, otro truco bajo la manga. El referéndum fue un movimiento estratégico. Aunque poco probable, un régimen acorralado y desesperado podría llevar a su paupérrimo ejército a la guerra, tanto por la continuidad del régimen como por el botín, pero muy probablemente sería lo último que haga.

Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

Andrés Sebastián holds a bachelor’s degree in political science and international relations from the University of the Americas, Ecuador. He founded Libertario, a Spanish-speaking community that promotes the ideas of liberty in Latin America, and he collaborates with the Ecuadorian liberal think tank Libre Razón. Follow @asdp250.

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