Los partidistas demócratas y acérrimos opositores al presidente Donald Trump están cegados a la verdadera amenaza a la democracia estadounidense. Se rehúsan a reconocer el abuso de poder en los niveles más altos del Gobierno Obama y lo proyectan sobre Trump.
La justicia partidista sostiene que los fines políticos justifican los medios, algo opuesto diametralmente a la democracia. No debemos mirar muy lejos para saber a donde conduce este camino. El abuso del Poder Judicial está por destruir un país que envía muchos inmigrantes ilegales, pandilleros y drogas hacia EE. UU.
Puesto que México es incapaz de controlar los cárteles criminales y su muy porosa frontera sur de más de 950 kilómetros, Guatemala es el país clave en la ruta terrestre de drogas ilegales, migrantes y pandilleros. El presidente Jimmy Morales es un aliado de EE. UU. que está intentando detener dicho flujo, pero se ve obstaculizado por una desbordada Judicatura controlada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo del Departamento de Estado de EE. UU.
Las políticas de la CICIG y del Departamento de Estado han ocasionado la destrucción de empresas y un aumento de la violencia, la ilegalidad y la migración, especialmente de menores. El expresidente Joe Biden viajó a Guatemala tres veces en un año y públicamente condicionó la ayuda estadounidense a la permanencia de la CICIG en el país.
El Gobierno Obama presionó a las sucesivas autoridades guatemaltecas para que nombraran en puestos claves, especialmente en el Ministerio Público y el Poder Judicial, a aliados de los sucesores de las guerrillas apoyadas por los Castro durante el conflicto armado de 36 años que supuestamente terminó en 1996. La CICIG y estos aliados, respaldados por el Departamento de Estado, han formado una alianza de terrorismo judicial.
Los amigos de la alianza son inmunes a la persecución penal mientras que todos los demás deben someterse a una aplicación arbitraria de la ley. Los adversarios políticos son encarcelados sin pruebas y permanecen en prisión por años sin un juicio, violando todo principio del derecho. Este entorno hostil está reduciendo la economía e intimidando a casi toda oposición política efectiva.
El exembajdor estadounidense Todd Robinson abiertamente intervino en el nombramiento de altos magistrados. Abreviando el procedimiento legislativo, la votación en el Congreso a favor de su candidato obtuvo 145 votos contra 6. El nuncio papal y el arzobispo de Guatemala criticaron la intervención de Robinson, así como un valiente legislador que luego pagó por éste y otros actos de resistencia con la cancelación de su visa estadounidense.
Desde entonces, la corte máxima del país se ha entrometido abiertamente en los asuntos de los otros poderes del Estado. Yendo en contra del derecho internacional y de la propia Constitución de Guatemala, le dice al presidente qué diplomáticos no puede expulsar y ordena al Congreso qué leyes debe aprobar.
La Corte de Constitucionalidad protege a sus aliados desestimando denuncias criminales en su contra y anula la inmunidad de políticos de oposición. El miembro del Congreso cuya visa estadounidense fue revocada perdió su inmunidad porque ofendió a personas discapacitadas con tan solo oponerse a una ley que ellos apoyaban.
Jueces han sentenciado a miembros de grupos opositores específicos a largas penas sobre la base de testimonios ni confirmados ni corroborados de supuestas víctimas, ya que saben que la alta corte ilegalmente les respaldará. Sospechosos han sido condenados sin la posibilidad de confrontar a los testigos que declararon en su contra, y selectos jueces de cortes inferiores pueden solicitar ilegalmente que fallos desfavorables de cortes de apelación sean revertidas.
Pese a que nunca tuvieron el imperio de la ley, este terrorismo judicial bajo la alianza ha empujado a Guatemala más cerca que nunca del totalitarismo, aunque no del presidente. El miedo a encarcelaciones arbitrarias y a la confiscación de bienes –una típica táctica inconstitucional de la CICIG– inhibe el ejercicio de los derechos civiles y el apoyo a causas cívicas que la alianza desaprueba.
Si esto continúa, la alianza se robará las elecciones de 2019 y consolidará su poder sobre el gobierno entero. Éste es el plan de Obama para Guatemala.
Debido a una combinación de problemas más apremiantes y la complicidad orwelliana del Departamento de Estado —liderado por el sucesor de Robison, el embajador Luis Arreaga—, el Gobierno Trump no ha prestado atención al daño que ocasiona esta alianza a Guatemala y a Estados Unidos. Trump puede reducir el flujo de inmigrantes ilegales, drogas y pandilleros si revierte la política de Obama y retira al comisionado de la CICIG y brinda su apoyo a Morales
Los estadounidenses dan su libertad por sentado. Deberían repensarlo bien. El plan de Obama para pervertir la justicia en Guatemala arroja luz sobre el manejo de otros escándalos como el del correo de Hillary Clinton, el de la interferencia rusa, y el del abuso con la FISA. Tras bambalinas está la misma intolerancia y sentimiento de superioridad moral que el equipo Obama aplica en Guatemala a lo que ellos ven como enemigos malvados que derrotar a toda costa. Sin total transparencia y rendición de cuentas —un regreso al imperio de la ley— el plan de Obama en Guatemala puede llegar a su ciudad más rápido de lo que cree.
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