Desde que tomó el poder, el Departamento de Estado (DOS) del régimen de Biden ha estado proyectando su propia corrupción sobre los funcionarios guatemaltecos. Las sanciones y la retórica del DOS han caído sobre quienes se resisten a la imposición de los criminales socialistas en Guatemala.
El más reciente intenso y desesperado ataque ha sido contra la fiscal general Consuelo Porras. Ella despidió al agente criminal al servicio del DOS, el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
La compañera de crimen de Sandoval, la juez Erika Aifán, está a punto de unirse a él y a otros exjueces y fiscales corruptos en Estados Unidos bajo la protección de ese Gobierno. Allí podrán eludir la responsabilidad de sus delitos. Aifán y Sandoval, cada uno haciendo la voluntad del otro como parte de la agenda del DOS, han cometido crímenes demasiado numerosos para describirlos en un breve artículo. Tres ejemplos son los casos Odebrecht, Bitkov y Galindo.
Odebrecht
Odebrecht se declaró culpable en un tribunal federal de EE. UU. por sobornos en varios países y pagó una multa de US$2.600 millones. Sandoval viajó a Brasil como turista y entregó a Odebrecht una dispensa por el reclamo de $384 millones que Guatemala le hizo a cambio de $18 millones.
El procurador del Estado de Guatemala presentó una denuncia penal contra Sandoval por usurpación de funciones. Solo el procurador general del Estado, y no un mero fiscal, puede conceder una dispensa de esta naturaleza. Aifán detuvo ilegalmente la denuncia contra Sandoval.
Bitkov
La Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala determinó que las jueces Yassmin Barrios, otra juez corrupta del DOS, y Aifán habían violado los derechos humanos de Igor Bitkov mientras él estaba en prisión preventiva.
Las barbaridades legales y la crueldad infligida a la familia Bitkov a instancias de los secuaces de Vladimir Putin llamaron la atención de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos y de algunos medios de comunicación estadounidenses. Intentando cancelar la audiencia de la comisión, la aliada del DOS y magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras hizo que la CC confirmara una sentencia del tribunal de apelación que liberaba a los Bitkov. Los participantes no se dejaron engañar y la audiencia siguió adelante.
Desafiando la orden de la CC que obligaba a Aifán a desestimar el caso, ella ordenó ilegalmente un nuevo juicio, acto que desencadenó su destitución automática. La CC no hizo cumplir su propia orden y apoyó el desafío descaradamente ilegal de Aifán. Sandoval era el fiscal.
Galindo
Sandoval denunció al abogado Moisés Galindo por haber recibido un coche en pago de honorarios legales. Para demostrar que Galindo sabía que el coche, adquirido antes de que Galindo representara al cliente, tenía un origen supuestamente ilícito, Sandoval puso un micrófono a la pareja de hecho del cliente: Alexandra Reyes, también cliente de Galindo. Reyes testificó contra Galindo, lo que era ilegal por múltiples razones. No había orden judicial para el micrófono, y cualquier conversación entre Reyes y Galindo era privilegiada.
Aifán estaba obligada a tener a Galindo presente en la audiencia en su contra, tanto como el objetivo como el abogado de Reyes en el caso contra ella. Sin que Galindo estuviera presente, Aifán ordenó ilegalmente la “detención provisional” de Galindo, un concepto inexistente en la legislación guatemalteca. Su primera audiencia tuvo lugar 58 días después, a pesar de que la ley exige que se celebre en 24 horas. Aifán ordenó entonces la detención preventiva de Galindo. Lleva ya cuatro años en la cárcel sin que se presenten pruebas en su contra. Desde su detención hasta ahora, Aifán y Sandoval han violado abiertamente los derechos constitucionales de Galindo en numerosas ocasiones.
Galindo dice que la fiscalía no tiene “ningún tipo de prueba”. Es un preso político porque ha defendido eficazmente a clientes y representado a demandantes en casos importantes para el DOS. Aifán y Sandoval estaban haciendo el trabajo sucio del DOS.
Ninguna de las ilegalidades en estos casos y otros podría haber ocurrido sin la participación corrupta de la CC. Gloria Porras era el respaldo, emitiendo constantemente fallos ilegales para proteger la agenda del DOS. Ella se ha unido a las ex fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz en Washington D. C.
Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas, resistiendo la presión del DOS en sentido contrario, han nombrado a magistrados independientes para la CC, por lo que esta está aplicando correctamente la ley. Este es el núcleo de la desesperación del DOS. Sin una CC y fiscales corruptos que protejan a los agentes del DOS, la ley los está alcanzando uno a uno.
Varios partidos han presentado denuncias contra Aifán. Gloria Porras detuvo las denuncias para proteger a Aifán de la responsabilidad de sus actos. La CC acaba de dictaminar que una denuncia contra Aifán puede continuar. Considerando la evidente naturaleza criminal de sus fallos, es muy probable que Aifán se una pronto a Sandoval, Gloria Porras, Aldana y Paz y Paz en Washington D. C. Allí es donde el régimen de Biden protege la criminalidad de sus funcionarios domésticos además de sus corruptos aliados socialistas en otros países.
En consonancia con su apoyo a la criminalidad en el país y en el extranjero, el régimen de Biden gritará que hay corrupción cuando Aifán salga de Guatemala para evitar ser procesado. El Departamento de Estado seguirá afirmando que la corrupción del pasado ha retomado las instituciones guatemaltecas y que Aifán no puede obtener un trato justo en Guatemala.
La naturaleza orwelliana del régimen de Biden invierte completamente la verdad. Mientras Guatemala intenta constituir un Estado de derecho, el país está luchando contra la intervención ilegal e inmoral de Estados Unidos. El primer paso es aplicar la ley a los funcionarios corruptos que han abusado de su poder. El régimen de Biden necesita suprimir la verdad sobre Aifán y sus otros agentes para ocultar su propia criminalidad. Los guatemaltecos deben documentar y hacer públicas las voluminosas pruebas de criminalidad de los agentes corruptos del DOS.
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