El periódico guatemalteco La Hora y el director del hemisferio occidental de Joe Biden han creado una falsa controversia sobre la entrevista del 21 de octubre de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, con Impunity Observer. La desinformación comenzó con un tuit erróneo de La Hora y un tuit embaucador de Juan González, quien también es asistente especial de Joe Biden. La Hora publicó dos noticias, una que intentaba menospreciar a Porras y otra que destacaba la confusa declaración de González.
El propósito de La Hora y González parece haber sido crear una distracción de la información que muestra la duplicidad del Departamento de Estado (DOS) y la obstrucción de la justicia en Guatemala. En dos ocasiones, Porras ofreció aclarar a través de canales diplomáticos las razones del despido del fiscal Juan Francisco Sandoval. El DOS ignoró las ofertas y siguió atacando a Porras.
Porras dijo al Impunity Observer: “No es el gobierno de EE. UU. sino el Departamento de Estado el que está tratando de obstruir la justicia penal”. El tuit de La Hora tergiversó las palabras de Porras y dijo que ella señaló “que el Departamento de Estado es independiente al gobierno del presidente Joe Biden”.
González tuiteó que el DOS habla por Biden y que el embajador William Popp representa al presidente. La Hora publicó una nota sobre el tuit de González y destacó que el despido de Sandoval había provocado la polémica con Porras.
Porras se enfrenta a una circunstancia muy inusual, posiblemente sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Una parte de la administración (DOS) está atacando a una funcionaria extranjera mientras que otras partes de la misma administración la elogian. Porras se limitó a señalar que no todo el gobierno federal de EE. UU. está unido para impedir su trabajo en Guatemala. Lo que siguió de La Hora y González fueron tergiversaciones y falacias del hombre de paja.
El DOS sancionó a Porras el 20 de septiembre de 2021, incluyéndola en la llamada lista Engel de personas “significativamente corruptas”, lo cual le prohíbe entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, Impunity Observer citó un premio y elogios para Porras por parte del fiscal estadounidense del distrito este de Texas, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Administración de Control de Drogas.
Porras tiene razón: el gobierno estadounidense se ha expresado con dos voces contradictorias. La contraparte de Porras, el DOJ, la elogió y sigue trabajando con ella, mientras que el DOS, que no es su contraparte, la ha atacado y ha dejado de trabajar con ella. Biden preside ambos departamentos, y solo él puede aclarar cuál es la posición de EE. UU. respecto a Porras, cosa que no ha hecho.
Esta contradicción crea un problema para González. Él fue asesor especial del exvicepresidente Biden, y en 2016 se convirtió en subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Permaneció en el puesto durante la administración Trump.
En 2019, yo tuve una distendida conversación con el superior inmediato de González, Kim Breier. Le dije que la Corte de Constitucionalidad había emitido una serie de fallos ilegales que perjudicaban a Guatemala y a Estados Unidos. Breier dijo que tenía información de que la Corte estaba haciendo un excelente trabajo.
Sabiendo que las resoluciones penales del tribunal son de dominio público, me quedé atónito. Después de ver a González trabajando con Guatemala este año, ahora me doy cuenta de que era uno de los líderes que socavaban a Trump. González continuó la política dañina que Biden había implementado como vicepresidente y que llevó a las resoluciones ilegales.
El 29 de enero, nueve días después de que Biden se instalara en la Casa Blanca, González concedió una entrevista a La Hora. González se reveló como un partidario ideológico que apoya la criminalidad para imponer su agenda mientras llama corrupto a cualquiera que se oponga a ella. La Hora no desafió a González y pareció compartir su agenda. Esto coincide con que La Hora y González ahora trabajan juntos contra Porras.
Biden encargó a Kamala Harris mitigar las causas de la migración desde Guatemala y sus vecinos centroamericanos. González estuvo con Harris cuando esta se reunió en la Casa Blanca con la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras y las ex fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz.
Estas tres exfuncionarias cometieron delitos en favor de la agenda de González. González estuvo con Harris en sus reuniones virtuales y físicas con los guatemaltecos. González está claramente a cargo de la política estadounidense en Guatemala. Ni Biden ni Harris saben más que un poco sobre Guatemala y dependen de González, dándole el poder para implementar la agenda criminal.
González quiere que Porras se vaya, mientras que las partes de justicia y seguridad del gobierno estadounidense están contentas con ella. Lo primero es político; lo segundo es una actividad gubernamental normal. Para que González consiga que Biden se ponga públicamente de su parte, Biden tendría que sacrificar las auténticas necesidades de seguridad nacional, a las cuales Porras ayuda.
Si Biden se pusiera del lado de la DOS, llamaría más la atención sobre la falsedad de González. El DOS no puede permitirse el escrutinio de sus críticas a Porras en relación con Sandoval.
La criminalidad de Sandoval es bien conocida en Guatemala. Eximió ilegalmente a Odebrecht, costándole a Guatemala la oportunidad de recuperar US$384 millones. Conspiró con los secuaces de Vladimir Putin contra la familia Bitkov, un caso bien conocido por senadores y congresistas estadounidenses. Sandoval ha sido acusado de otros varios delitos y tiene una orden de arresto pendiente.
Peor aún para la DOS es haber ignorado los dos intentos de Porras de aclararle sus razones para despedir a Sandoval. Podemos suponer que Porras tiene más información que la perjudicial información disponible públicamente.
Si el DOS acepta la información, tendrá una prueba formal innegable de los delitos de Sandoval. Esto podría llevar a la exposición del resto de los jueces y fiscales que cometieron crímenes para la agenda del DOS. También podría llevar a la posibilidad de que los funcionarios estadounidenses tengan que responder ante las autoridades de EE. UU. por sus acciones.
Todo el DOS podría estar bajo el escrutinio del Congreso y de la prensa si Estados Unidos se adhiere al Estado de derecho. La criminalidad del DOS en Guatemala podría llevar a una revisión general de la burocracia federal. Los beneficios para Estados Unidos de un examen completo de las acciones de sus funcionarios en Guatemala serían de gran ayuda para ambos países.
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