Una corte de apelación guatemalteca recientemente confirmó una sentencia de 14 años para Irina Bitkov y su hija Anastasia. Los Bitkov, refugiados de Rusia, pensaron que su persecución había terminado en 2018. No se dieron cuenta que el régimen de Vladimir Putin estaba estrechamente vinculado a la conspiración de la Embajada de Estados Unidos para imponer a los sucesores de la guerrilla apoyada por Fidel Castro y sus aliados en Guatemala.
Luego de vivir una pesadilla en su originaria Rusia en 2007, por negarse a entregar su negocio a los gangsters de Putin, la familia Bitkov huyó hacia Guatemala en 2009. Para 2015, los secuaces de Putin lograron que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continúe la persecución de los Bitkov con cargos relacionados al proceso de inmigración.
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Los medios y el ala de organizaciones no gubernamentales del movimiento izquierdista frecuentemente crean narrativas diametralmente opuestas a la verdad. La Cicig era un ejemplo clásico. Supuestamente creada para luchar contra la impunidad, la Cicig se convirtió en un ariete criminal para su promotor político y financiero indispensable –el gobierno de Obama– para imponer al socialismo en Guatemala. La Cicig era también un socio natural de los secuaces de Putin.
La Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura identificó que las jueces Yassmin Barrios y Erika Aifán habían violado los derechos humanos de Igor Bitkov mientras estaba en prisión preventiva. La ex primera dama Michelle Obama entregó el premio “Mujeres con Valentía” a Barrios, un respaldo a sus inclinaciones socialistas. Barrios y Aifán, ambas frecuentemente apoyadas por el embajador estadounidense Luis Arreaga, acompañaron a la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. en una fotografía en la residencia de Arreaga.
En 2018, el caso Bitkov fue noticia internacional. La Comisión de Helsinki de Estados Unidos agendó una audiencia, y Wall Street Journal y National Review vincularon a la Cicig y a Putin con la persecución de los Bitkov. Judicial Watch informó que el comisionado de la Cicig Iván Velásquez estuvo alineado con “la violenta guerrilla marxista FARC”. El conglomerado –la Cicig, la Corte de Constitucionalidad (CC) y Arreaga– temieron su exposición por primera vez.
Una corte de apelación falló que la Convención de Palermo se aplicaba para los Bitkov, como migrantes. La Cicig había apelado ante la CC. Dos días antes de la audiencia programada de la Comisión de Helsinki, con un ademán infructuoso de cancelarla, la CC confirmó el fallo de la corte de apelaciones, terminando efectivamente el caso Bitkov.
Posteriormente, sin embargo, Aifán desobedeció a la orden de la CC y ordenó ilegalmente un nuevo juicio. Pese a que esto desencadenó un imperativo legal ipso facto para la remoción automática de Aifán de su cargo, la CC increíblemente, en una clara violación a la ley, confirmó el nuevo juicio.
Los pocos informes previos sobre la criminalidad de la CICIG habían recibido poca publicidad por parte de los medios corruptos locales e internacionales. Esto cambió por el caso Bitkov, y luego el gobierno de Jimmy Morales expulsó a la Cicig en enero de 2019. Arreaga intensificó sus esfuerzos en contra de Morales, inclusive sacrificó sus labores antinarcóticas, para presionar a Morales a restaurar la Cicig.
El mandato de la Cicig oficialmente expiró el 3 de septiembre de 2019. Sin este, el observador casual puede imaginar que el caso en contra de los Bitkov terminaría.
No obstante, los conspiradores tienen que proteger a la Cicig y a ellos mismos del descubrimiento de sus crímenes. Su exposición podría provocar el colapso de su agenda política. Arreaga, la pieza clave de la conspiración, es intocable en Guatemala pero no en su casa. El desenmascaramiento en Estados Unidos de la conspiración criminal puede tener serias consecuencias personales para él.
Arreaga y sus conspiradores han estado reconstruyendo a la Cicig dentro del gobierno. Ellos ya se tomaron a la CC y a la Fiscalía General a través del control de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval. Sandoval lidera el caso en contra de los Bitkov y, con la protección de Arreaga, no está sujeto a las órdenes de su jefe nominal, el fiscal general.
Para arrestar a los oponentes políticos, sin importar la evidencia o ley, y proteger a los co-conspiradores, como hicieron con la Cicig, el conglomerado tiene que también controlar a la Policía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Luego de que el expresidente Jimmy Morales despidiera al ministro de Interior y su equipo impuesto a Morales por la Embajada, Arreaga arregló para que ellos trabajaran en el Departamento de Estado. Dos años después, él hizo que los contrataran en el nuevo gobierno, incluyendo en la Policía. Pese a no cumplir con los requerimientos de sus cargos, haciendo que sus designaciones sean ilegales, Arreaga los felicitó públicamente.
La CSJ ha demostrado ser más complicada. En 2019, la CC ilegalmente demoró las designaciones de los nuevos magistrados para esperar a lo que creyeron sería un Congreso más amigable. Aún incapaces de imponer a sus aliados en la CSJ en 2020, la CC emitió órdenes ilegales que la FECI cumplió para eliminar algunos candidatos e incluir a sus predilectos. El Congreso y la CSJ se están resistiendo.
El equipo de Arreaga ha suplicado al Congreso de Estados Unidos para que interceda, denunciando que el Congreso de Guatemala es corrupto y la CC, inocente. Un grupo de organizaciones civiles guatemaltecas e individuos han comunicado al Congreso de EE.UU. que lo opuesto es cierto. Ellos piden una investigación sobre las acciones de Estados Unidos en Guatemala durante la última década.
El equipo de Arrega y su grupo opositor están de acuerdo en un asunto: Guatemala es importante para Estados Unidos. Los legisladores y formuladores de política estadounidenses deben realizar una audiencia pública para establecer los hechos. Guatemala necesita desarrollo. EE.UU. necesita la ayuda de Guatemala para reducir el tránsito de migrantes y drogas ilegales. La acción requerida en ambos objetivos es la misma: aplicar la ley.
La persecución a los Bitkov continúa con evidentes violaciones al debido proceso. El entorno actual impide la aplicación apropiada de la ley a los Bitkov. Su destino –junto con el de otras víctimas de la justicia revolucionaria– depende de que el imperio de la ley se instaure en Guatemala.
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