La llamada lista Engel ha tomado el lugar de la Cicig como la arrolladora herramienta del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) para intimidar a sus objetivos metiéndolos en su agenda criminal. El DOS está usando la ley detrás de la lista y otros nefastos métodos para bloquear la reelección de Consuelo Porras como fiscal general.
El DOS está intentando intimidar al presidente Alejandro Giammattei, al sector privado y a los miembros de la comisión de postulación para seleccionar a uno de sus agentes. El DOS utiliza a sus medios aliados en Guatemala, como La Hora y El Periódico, así como a sus aliados internacionales, como el Washington Post, para propagar mentiras y esconder la verdad. Al DOS le gustaría tener a otra Claudia Paz y Paz o Thelma Aldana como sucesora de Consuelo Porras.
Esto le permetiría al DOS desechar los casos en contra de los ex jueces y fiscales corruptos que están fugitivos en Estados Unidos y de aquellos que fueron arrestados antes de que pudiesen escapar. Los agentes del DOS podrían presentar cargos en contra de magistrados, jueces, fiscales y cualquiera que no se someta a la agenda del DOS. El DOS abusaría del poder para arreglar las elecciones de 2023 y continuar su conquista de Guatemala, que apunta hacia la dictadura.
Los guatemaltecos deberían entender que el DOS aplica arbitrariamente la lista Engel y que el Congreso estadounidense lo acepta sin siquiera cuestionarlo. Miembros de los comités de relaciones internacionales y judiciales del Senado y la Cámara, desprovistos de información, han asumido, con pocas excepciones, que el Departamento de Estado aplica correctamente la ley. El DOS solo representa en el papel a los estadounidenses. Sus acciones en Guatemala traicionan a los Estados Unidos y su Constitución.
La ley que creó la lista Engel es la Ley de Cooperación Mejorada del Triángulo del Norte-Estados Unidos. Aparece en las 2,124 páginas de la Ley de Apropiaciones Consolidadas en la división FF, título III, subtítulo F — página 1,946—.
La secretaría de estado y administración de USAID fueron obligadas a presentar una estrategia en el Congreso de cómo “avanzar en prosperidad económica, combatir la corrupción, fortalecer la democracia y mejorar la seguridad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras, y reducir migración irregular en la región”.
Entre la lista de criterios, el secretario de estado debe considerar “apoyo a soluciones basadas en el mercado… fortalecer la capacidad de los sistemas de justicia a nivel nacional y que los fiscales identifiquen y enjuicien el lavado de dinero y… terminar las participaciones financieras de sindicatos criminales… implementando procesos de selección de jueces y fiscales transparentes y basados en méritos”.
Para desarrollar la estrategia, el secretario de estado puede consultar con la sociedad civil y el sector privado en Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras. El DOS consulta con sus onegés afiliadas y financiadas por USAID. También creó la falsa estampa de hule del Consejo Nacional de Emprendedores para engañar al Congreso.
Otros recipientes de ayuda estadounidense son Codeca y 48 Cantones. Ellos bloquearon las carreteras para protestar por el despido de Consuelo Porras a Juan Francisco Sandoval, aliado del DOS, pidiendo la renuncia de Giammattei y Porras.
La ley da autoridad de imponer “sanciones dirigidas a individuos… que están comprometidos en actos significantes de corrupción que impactan El Salvador, Guatemala y Honduras u obstruyen la investigación de actos de corrupción que beneficiarán a los ciudadanos y los gobiernos de dichos países”.
Personas sancionadas son inadmisibles en Estados Unidos. El DOS también usa a las visas como un arma en República Dominicana. Life Site News reporta que “Estados Unidos amenaza con negar visas a legisladores dominicanos si no legalizan el aborto”.
Estados Unidos se ha autodenominado como el padre de Guatemala, El Salvador y Honduras. El presidente estadounidense debe anunciar una lista de personas que “se han visto comprometidos abiertamente en acciones que socavan procesos democráticos o sus instituciones, o en corrupción significativa u obstrucción de investigaciones por casos de corrupción”.
El 1 de julio de 2021, el DOS hizo público su informe al Congreso de conformidad con la ley, y el DOS citó el lenguaje de la ley al emitir sanciones contra sus objetivos: “El informe incluye personas de las que el Departamento tiene conocimiento tras información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, mediante informes de los medios y otras fuentes certeras”.
Los guatemaltecos miraban mientras los anteriormente prestigiosos medios estadounidenses han publicado una serie de historias que hacen referencia a una conspiración en contra del ex presidente Donald Trump con Rusia. Esa falsa narrativa fue desacreditada por un fiscal especial sesgado que, incluso después de usar métodos totalitarios, no pudo encontrar evidencia que sostenga a la denuncia.
El DOS tiene a sus medios aliados sacando reportes falsos en contra de sus objetivos y los usa para asegurar que se tiene información creíble en contra de ellos. El DOS sancionó al presidente y dos abogados de la Fundación Contra el Terrorismo. La fundación presenta quejas en la corte y hace comentarios públicos. El DOS sancionó a sus líderes por ejercer sus derechos civiles.
El DOS sancionó a Porras en retaliación por despedir a Sandoval, quien notoriamente violó la ley como parte de la agenda del DOS. El DOS no dio ninguna razón porque no tiene evidencia alguna. El DOS está usando irresponsablemente la lista Engel como una herramienta política.
El 18 de marzo de 2022, el Departamento de Tesorería pudo incluir a miembros criminales de cárteles a su lista de sanciones gracias a la efectividad y cooperación de Porras. Este es el ejemplo más reciente de que ella está haciendo lo que el criterio de la ley detrás de la lista Engel requiere. El pecado de Porras a los ojos del DOS ha sido aplicar la ley a los jueces y fiscales del DOS, como Sandoval y la ahora fugitiva Erika Aifán. Aifán ha gozado del apoyo total del DOS durante años de fallos ilegales.
El propio DOS ha violado descaradamente los criterios de la ley de lista de Engel: “implementar procesos de selección de jueces y fiscales transparentes, basados en méritos”. Algunas investigaciones han denunciado interferencia ilegal del DOS en el proceso actual de selección de fiscal general.
El DOS está intentando prevenir la reelección de Porras porque no quiere un fiscal general que aplique correctamente la ley. El DOS quiere jueces y fiscales que violen la ley para promover su agenda criminal. Siguiendo con la Ley de Cooperación Mejorada del Triángulo Norte-Estados Unidos, aquellos que implementen la política del DOS, son los verdaderos merecedores de sanciones.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.