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El régimen de Joe Biden y el Departamento de Estado (DOS) han dirigido un fraude electoral para que se declare presidente de Guatemala al títere comunista, Bernardo Arévalo. El 8 de diciembre, el Ministerio Público (MP) publicó los hallazgos —que evidencian fraude— de su investigación basada en 1.000 denuncias.
Si los guatemaltecos aplican sus leyes, anularán las elecciones del 25 de junio. El nuevo Congreso entonces nombrará a un presidente y vicepresidente que actúen hasta que se finalicen nuevas elecciones.
Desde las declaraciones del MP, el DOS ha intensificado su agresión contra Guatemala para asegurarse de que Arévalo asuma el cargo el 14 de enero —sin importar las leyes—. El DOS está intentando intimidar y engañar a los guatemaltecos para que crean que Estados Unidos aplicará un castigo más contundente si Arévalo no asume.
Hasta ahora, el arma principal del DOS ha sido la revocación de visas, pero ahora muchos guatemaltecos temen posibles sanciones comerciales. Al no especificarlo explícitamente, el DOS está fomentando el engaño. Las sanciones comerciales significarían pérdidas para ambos bandos, socavando las oportunidades comerciales y generando escrutinio y rechazo al DOS.
Siendo conscientes o no del asunto, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara (HFAC) ha apoyado los crímenes del DOS contra Guatemala. Intentando castigar a Guatemala por legalmente negar la presidencia de Arévalo provocaría que los líderes de la Cámara corrija que la HFAC ha eludido sus responsabilidades.
La resistencia de Guatemala ha perforado la muralla del Estado profundo que protege al DOS del Congreso y el público. Revelar la enorme criminalidad del DOS en Guatemala desencadenaría en una serie de eventos que podrían exponer la nefasta historia del establishment de la política exterior estadounidense y socavar su hegemonía.
El miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch (R-ID), ha notado que “Biden sancionó a 300 funcionarios guatemaltecos en un día, pero en tres años no ha sancionado a nadie del régimen criminal de Maduro… Las prioridades de Biden socavan a los aliados democráticos y en temas de seguridad de Estados Unidos”. La discrepancia flagrante muestra cómo el DOS y el régimen de Biden están desesperados por esconder sus crímenes y continuar su conquista socialista en Guatemala.
El DOS ha revocado las visas de 108 congresistas guatemaltecos, que votaron a favor de retirar la inmunidad de cuatro magistrados de la autoridad electoral (TSE) el 30 de noviembre. Los magistrados ahora están siendo investigados. Los auditores nacionales los han acusado de malversación de fondos. El régimen de Biden ahora defiende oficialmente la malversación de fondos y el fraude electoral. Hacer que Arévalo asuma el cargo aparentemente justifica el uso de medios criminales.
El DOS también revocó la visa de columnistas y empresarios que ni siquiera están involucrados en política, pero permanecer neutrales no es suficiente para el régimen de Biden. Un empresario debe arrodillarse ante el DOS o permanecer fuera del radar para todavía tener su visa estadounidense. Para demostrar su mala fe y naturaleza castigadora, colectivista y antidemocrática, el DOS también revocó las visas de las esposas de sus víctimas.
El subsecretario de Estado Brian Nichols visitó Guatemala en octubre. Se reunió con líderes empresariales para amenazar con consecuencias si las investigaciones del MP continuaban. El subjefe de Misión de la Embajada estadounidense, Patrick Ventrell, también se ha reunido con líderes del sector privado para intimidarlos con el fin de que no apoyen a los que abogan por un escrutinio de las elecciones.
El exembajador de Estados Unidos en Alemania y actual director nacional de Inteligencia, Rick Grenell, ha criticado esto: “Ventrell incluso ha amenazado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), congresistas y líderes del sector privado de que si no apoyan/gobiernan para proteger al presidente electo, se enfrentarán a ‘medidas extremas’… El Congreso debería llamar a que Ventrell testifique bajo juramento sobre su rol. Esto es vergonzoso”.
El día después de la revocación en masa de visas estadounidenses del DOS, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dijo que “rechazaba enérgicamente las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos… Solicitó a los miembros de ambas cámaras del Congreso, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre sus actuar hacia Guatemala”.
El TSE está obligado a reaccionar al reporte del 8 de diciembre del MP, ya sea anulando la elección o confirmando su validez. Sin embargo, ya que los cuatro magistrados del TSE huyeron de Guatemala el mismo día que el Congreso les levantó la inmunidad, el TSE no ha podido funcionar debido a falta de quórum.
El DOS no quiere que los reemplazos de los magistrados del TSE ni que la CC resuelvan antes del 14 de enero. El DOS sabe que la abrumadora evidencia de fraude merece anulación. La CC y el Congreso pueden evitar la ira del DOS al demorar el proceso, como lo están haciendo hasta ahora, hasta el 14 de enero. Tal abandono de sus funciones encaja en el plan del DOS por evadir la ley para que Arévalo asuma el cargo.
Considerando la evidencia pública de fraude, no hay forma de justificar una eventual presidencia de Arévalo. Esto dejaría que los autores y beneficiarios de crímenes cosechen sus recompensas, violando el precepto de derecho común, que tiene cientos de años en vigencia.
Si el títere del régimen de Biden se convirtiera en presidente, los ejecutores del DOS serían capaces de cometer aún más crímenes para mantenerlo ilegalmente al mando de una dictadura antiestadounidense.
La ley, soberanía y transición de poder constitucional de Guatemala requieren que el Congreso y la CC cumplan con sus labores e inmediatamente hagan que el TSE sesione. La CC entonces podrá emitir su sentencia sobre si anular o confirmar la elección antes del 14 de enero.
La seguridad nacional de Estados Unidos demanda una investigación del Congreso sobre la instrumentalización del régimen de Biden contra Guatemala. La investigación educaría al público y empezaría el proceso de frenar a la burocracia federal de ser una cuarta rama del gobierno que no se elige ni rinde cuentas.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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