Panamá es la parte fácil del primer viaje oficial del Secretario de Estado Marco Rubio, porque el presidente Donald Trump está manejando la negociación. Guatemala es más difícil por los crímenes cometidos por el predecesor de Rubio, Antony Blinken, y sus cómplices del Departamento de Estado (DOS) allí.
Si lo maneja correctamente, las acciones del DOS en Guatemala pueden catalizar el desmantelamiento del “estado profundo”, un objetivo clave de Trump. Por otro lado, una mala gestión alentaría las dictaduras criminales latinoamericanas. Mostrará que la administración Trump está protegiendo al presidente Bernardo Arévalo de la aplicación de la ley.
Muchos agentes de la ley de EE.UU., como el zar de fronteras de Trump, Tom Homan, han comentado que la agenda de fronteras abiertas del régimen Biden fue deliberada. La asociación cívica guatemalteca Liga Pro-Patria ha declarado que el “régimen de Biden y el Departamento de Estado lideraron el fraude electoral de 2023 que colocó a Bernardo Arévalo en la Presidencia… Esto fue para ocultar sus crímenes pasados y mantener Guatemala abierta para los flujos ilegales, incluido el tráfico de menores.”
El expresidente mexicano, conocido como AMLO, recibió a varios colegas criminales el 30 de septiembre de 2024, su último día en el cargo. Entre ellos estaba el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Este grupo ha acogido a Arévalo y aceptado el fraude que lo llevó al poder. Estos autócratas de izquierda podrían intensificar su colaboración con China y Rusia para oponerse a Trump.
Para que la política “América Primero” de Trump funcione, debe contrarrestar la creciente penetración de China en América Latina, incluido el Canal de Panamá. El DOS ha respaldado a varios presidentes criminales en América Latina como Luis Inácio “Lula” da Silva de Brasil. Junto con Xi Jinping de China, Lula busca reemplazar al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial.
Las políticas MAGA—gobierno limitado, desregulación, descentralización e imperio de la ley—promoverían una actividad económica productiva en cualquier lugar. Las tres primeras dependen del imperio de la ley para obtener los mejores resultados.
La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, aplica la ley correctamente, lo cual ha sido un obstáculo para la agenda del DOS. El DOS tomó el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala en 2016. Sin embargo, el DOS perdió el control en 2021, lo que liberó a Porras para perseguir legalmente a los fiscales y jueces corruptos que habían ejecutado la agenda criminal del DOS.
El DOS sancionó posteriormente a Porras, alegando que ella estaba persiguiendo corruptamente a quienes habían luchado contra la corrupción. Las pruebas mostraron que esos individuos eran corruptos.
El DOS intervino en 2022, pero no logró evitar que Porras fuera reelecta para otro período. La intervención evidente provocó investigaciones en el Congreso a través de audiencias y cartas. Esto incluyó una carta del 29 de abril de 2022, de los senadores Marco Rubio y Mike Lee al entonces Secretario de Estado, Antony Blinken.
Después de recibir más de 1.000 quejas sobre las elecciones de 2023, el Ministerio Público (MP) presentó pruebas de fraude electoral. Los metadatos de las actas escaneadas registraban una hora previa a la del conteo de votos. Las papeletas y actas originales no se habían almacenado donde la ley lo exigía. El MP buscó, pero se perdieron 2 millones de los 5.6 millones de votos. Esto, por sí solo, es motivo para anular las elecciones de 2023.
Bajo orden de la CC, el MP presentó sus pruebas de fraude al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 12 de diciembre de 2023. Sin embargo, el TSE se ha negado a responder, y el poder judicial ha evadido ordenar al TSE emitir alguna resolución.
Si la ley se aplicara correctamente, las elecciones serían anuladas; Arévalo y su vicepresidente tendrían que dejar el cargo. El Congreso nombraría a un nuevo presidente y vicepresidente.
La Liga declaró públicamente que el DOS ha intimidado al poder judicial para que no aplique la ley. Rubio debería retirar inmediatamente esta intimidación e insistir en que Estados Unidos apoye la aplicación adecuada de la ley. Si va a Guatemala, Rubio debe reunirse con Porras.
Hay evidencia pública de la participación del DOS en el fraude electoral. Si Rubio lo ignora, el mensaje para Nicolás Maduro de Venezuela, Lula de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras, Claudia Sheinbaum de México, Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua es que ellos también pueden eludir la responsabilidad democrática.
Existen otros beneficios para Estados Unidos al investigar y exponer la verdad sobre el DOS y Guatemala. Porras ha cooperado firmemente con las agencias de seguridad de EE.UU. con respecto al tráfico de personas y narcóticos. Los migrantes ilegales que llegan por tierra desde el sur pasan por Guatemala. Porras puede ayudar a los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, y Estado de Trump de muchas maneras.
Rubio se ayudaría a sí mismo al recopilar información pertinente antes de involucrarse. El caso guatemalteco parece complejo, pero es simple cuando se está bien informado. Si el público estuviera al tanto de la criminalidad y traición del DOS —lo que ha resultado en el tráfico de menores— el apoyo público hacia el objetivo clave de Trump de desmantelar el estado profundo aumentaría.
