La audiencia pública del 27 de abril, “El largo brazo de la injusticia”, ha conducido a la Comisión para la Seguridad y Cooperación en Europa, también conocida como la Comisión Helsinki, a la punta de un importante iceberg sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.
Los miembros de la comisión, legisladores y funcionarios del Ejecutivo, deberían ir más allá de los resultados de su investigación sobre el sufrimiento de la familia Bitkov en Guatemala. Deberían prestar mayor atención a los efectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, tanto allí como en Estados Unidos.
El Wall Street Journal (WSJ), en su editorial del 9 de mayo, señaló que los defensores de la CICIG están bombardeando al Congreso de EE. UU. “para defender la autoridad sin límites de la CICIG”. En su llamado a investigar el caso, los editores del WSJ argumentaron que todo el buen actuar de la CICIG “aparecerá en cualquier investigación, así como los abusos de su poder”. Como ciudadano estadounidense con más de 45 años de vida en Guatemala, y editor de Impunity Observer, estoy de acuerdo con el análisis del WSJ.
Hay pocas dudas de que los esfuerzos de la Comisión Helsinki sobre el caso Bitkov, si es que persisten, rendirán frutos. Sin embargo, si se pierde el foco de la atención sobre Guatemala bajo la influencia de la CICIG, se perdería una oportunidad para fortalecer la seguridad nacional estadounidense.
Para entender el caso Bitkov y sus ramificaciones, los miembros del Congreso y del Gobierno Trump debería examinar el informe publicado recientemente “CICIG y el imperio de la ley“. Patrocinado por cuatro organizaciones de la sociedad civil, el informe examina varios casos y la historia de la CICIG y su rol en la gobernanza de Guatemala.
Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, y Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad, trabajan de manera interdependiente. Juntos controlan el sistema judicial y penal y encarcelan e intimidan a adversarios políticos. El Departamento de Estado y el exembajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, abusaron su autoridad para lograr que Porras ocupe dicho cargo, con el cual ella y Velásquez usurparon poderes del Ejecutivo y Legislativo, lo cual ha sido documentado en medios estadounidenses.
Si la CICIG continúa controlando el sistema penal guatemalteco y persiguiendo al presidente Jimmy Morales, Velásquez o su reemplazante estará en posición de robarse las elecciones de 2019 y completar una toma de Guatemala. Estados Unidos perdería un aliado como Morales y la oportunidad de liberar y propiciar el progreso para los guatemaltecos que sufren bajo las pandillas que descienden de las guerrillas y son protegidas por la CICIG.
El embajador estadounidense en Guatemala, Luis Arreaga, ha apoyado firmemente a Velásquez pese a su abierta e ilegal interferencia en los asuntos políticos internos del país. Arreaga incluso publicó una fotografía donde aparece junto a Velásquez con un cartel de “Yo amo a la CICIG” desde la cuenta oficial de la embajada en Twitter. La información que el Departamento de Estado proveyó al Congreso y a la Casa Blanca, por consiguiente, está probablemente alineada a los argumentos de los defensores de la CICIG.
El exvicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala nada menos que tres veces en un año y dejó claro que la ayuda de EE. UU. dependía de la permanencia de la CICIG. Tomando en cuenta las acciones de la CICIG, esta política daña los intereses de EE. UU.
Los miembros de la Comisión Helsinki deberían utilizar lo obtenido en su investigación para abogar en el Congreso y en el Ejecutivo una revisión completa de la política de EE. UU. respecto a Guatemala, incluyendo el rol de la CICIG. Tal investigación revelaría que el Departamento de Estado está socavando al Gobierno Trump y que sigue en marcha una política de protección y promoción a los sucesores de guerrillas antiestadounidenses cuyas actividades han incrementado el flujo de migrantes ilegales y de drogas hacia EE. UU.
Read in English.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.