Estados Unidos debe apoyar a Guatemala contra la criminal CICIG, no enviar mensajes confusos

Carta abierta al secretario de Estado Mike Pompeo

carta abierta a pompeo

Teniendo en cuenta que la CICIG no es supervisada ni rinde cuentas a nadie, sería arriesgado que usted ignorara a los críticos de la CICIG. (Gage Skidmore)

Honorable
Michael R. Pompeo,
Secretario de Estado

4 de diciembre de 2018

Estimado secretario,

Una carta que el Departamento de Estado envió a un congresista demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está causando preocupación en Guatemala. Sus habitantes temen que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo del Departamento de Estado, se robe las elecciones generales de 2019. Esto preocupa a cualquiera que esté a favor de elecciones libres en Guatemala.

El secretario adjunto interino de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, Charles S. Faulkner, respondió a una carta del 7 de septiembre del congresista Eliot Engel de Nueva York con respecto a la CICIG. La misiva de Faulkner opina que “el Gobierno de Estados Unidos debe seguir apoyando públicamente a una CICIG reformada”. Dice que su Departamento está “discutiendo con las Naciones Unidas reformas relacionadas a un mayor escrutinio y rendición de cuentas de la CICIG”.

La CICIG firmó un acuerdo ilegal con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, donde ahora tiene una oficina. La CICIG supervisará las contribuciones financieras a los partidos políticos y sus comunicaciones electorales.

Existen argumentos convincentes que llevaron al Departamento de Estado a discutir reformas de transparencia y rendición de cuentas. Dichas razones son suficientes para no querer que la CICIG tenga un rol importante en las próximas elecciones. La CICIG ya ha intimidado a gran parte de la sociedad civil para que no participe en las elecciones.

La carta de Faulkner se refiere al interés de Estados Unidos en “combatir los altos niveles de corrupción […] que contribuyen a la inseguridad, obstaculizan el crecimiento económico y promueven la inmigración ilegal a Estados Unidos”. La CICIG es la principal impulsora de la corrupción, la contracción económica y del flujo de migrantes y drogas ilegales. Por supuesto que sus defensores rechazan esta aseveración, pero teniendo en cuenta que la CICIG no es supervisada ni rinde cuentas a nadie, sería arriesgado que usted ignorara a los críticos de la CICIG.

Si los críticos de la CICIG están en lo cierto y usted no hace nada, corre el riesgo de un próximo Gobierno adverso y peores condiciones económicas y de seguridad. Usted perdería la oportunidad que ofrece Guatemala —un nuevo Gobierno competente y amigable— para aumentar sustancialmente la seguridad y reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales desde Guatemala y a través de ella.

Tanto audiencias del Congreso como el Wall Street Journal y Judicial Watch han documentado los crímenes de la CICIG y sus lealtades colectivistas. Yo he escrito extensamente sobre estos problemas. Cuatro organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe sobre la historia, las acciones y las inacciones de la CICIG, la cual, trabajando de cerca con la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, se ha convertido en lo que fue creada para eliminar.

El exembajador Todd Robinson violó la ley al presionar a instituciones guatemaltecas para que apoyen nombramientos a la alta corte. Él solo es responsable del nombramiento de la magistrada Gloria Porras, quien domina la corte y, según varios expertos en derecho constitucional, ha emitido varias sentencias ilegales. Ella e Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, trabajan muy de cerca. Juntos han encarcelado a adversarios políticos sin evidencia y violando el debido proceso.

El presidente Jimmy Morales ha documentado las acciones criminales de la CICIG y las violaciones de su mandato y ha solicitado a las Naciones Unidas que nombre a un nuevo comisionado. Él ha actuado según el acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU que creó la CICIG. Esto incluye la cláusula 10.1, que somete al comisionado de la CICIG a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La ONU ha violado la legislación internacional al no nombrar un nuevo comisionado y mantener a Velásquez en el cargo desde el extranjero, pese a la notificación del Gobierno guatemalteco de que él ya no es aceptable.

La Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad judicial de Guatemala, ha revocado ilegalmente las acciones de Morales con respecto a Velásquez. La Constitución de Guatemala, así como la nuestra, coloca a las relaciones exteriores bajo el único dominio del Poder Ejecutivo. Expertos legales en Guatemala han dicho claramente que la más alta corte ha violado su juramento de proteger y defender la Constitución.

La política alrededor de la CICIG es similar a las acusaciones de una colusión entre Trump y Rusia, el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton y el espionaje federal a la campaña de Trump. Los demócratas solo quieren investigar denuncias sobre Trump y Rusia mientras suprimen cualquier otra investigación, pese a claras evidencias de conducta indebida por parte de funcionarios de la era Obama sobre los otros dos asuntos. De manera similar, los demócratas quieren suprimir cualquier investigación sobre la CICIG y quiere que usted la apoye basándose en sus afirmaciones y en las de medios de izquierda.

El Gobierno Trump ha criticado a la ONU y ha cambiado el enfoque de Estados Unidos hacia ella. ¿Por qué debería usted aceptar de buena fe que una comisión de la ONU que no rinde cuentas ni es supervisada, dirigida por un colombiano con vínculos a terroristas antiestadounidenses, hace lo que dice?

Mucha gente que todavía trabaja para su Departamento de Estado estuvo involucrada en la creación de políticas que han llevado a la izquierda a dominar Guatemala. Ellos tienen un interés creado en mantener esas políticas y proteger a sus aliados. Dichas políticas fueron creadas bajo el expresidente Barack Obama y no han sido cambiadas—un atraso en comparación con otros reveses de políticas de Obama por parte del Gobierno Trump.

Existen sendas evidencias disponibles para que cualquier investigación imparcial demuestre que la CICIG utilizar procedimientos ilegales e inmorales que conllevan efectos negativos para Estados Unidos. Para salvar las elecciones de Guatemala de 2019 del robo, la CICIG debe marcharse inmediatamente. Los defensores de la CICIG se encuentran tomándose el control de Guatemala para su agenda antiestadounidense.

El presidente Morales no ha actuado con la suficiente consistencia y determinación contra los crímenes de la CICIG. Usted debería insistir en que él expulse a la CICIG de inmediato. Ella ya está robándose las elecciones para sus aliados. Si lo logran, esto dañará a la economía y aumentarán el flujo de migrantes y drogas ilegales desde Guatemala y a través de ella.

Respetuosamente,

Steven Hecht

Editor general, Impunity Observer

 

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Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media. He has appeared as a guest on national American media networks and programs, including the One America News, Newsmax, and The Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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