El inminente robo de las elecciones en Guatemala a favor del socialismo

Guerra jurídica, la herramienta de los globalistas para posicionar a sus candidatos predilectos

robo de elecciones en Guatemala

El Departamento de Estado y sus aliados locales han envenenado el ambiente electoral. (US Embassy Guatemala)

Los burócratas del Departamento de Estado de EE. UU. están perjudicando al secretario de Estado Mike Pompeo y al presidente Donald Trump al tratar de robar las elecciones de 2019 en Guatemala. Si logran manipular el resultado, se instalará un gobierno adversario que incrementará el tráfico de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.

Así como Barack Obama cambió la política estadounidense hacia Cuba, su gobierno también acogió a los grupos sucesores de las guerrillas latinoamericanas apoyadas por Fidel Castro. Esto incluyó a Guatemala, donde funcionarios estadounidenses impusieron que socialistas radicales ocupen puestos del gobierno, lo que ocasionó que la aplicación de la ley sea, en efecto, imposible en la porosa zona fronteriza de 965 km con México.

Incapaces de suspender las elecciones de 2015, el embajador estadounidense Todd Robinson e Iván Velásquez, el encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, respaldaron a Sandra Torres del partido político UNE. La exguerrillera y vicepresidenta de la Internacional Socialista perdió las elecciones uno a dos con el entonces candidato Jimmy Morales.

Robinson y Velásquez luego trabajaron con la fiscal general guatemalteca Thelma Aldana, a quien cooptaron para seguir con su agenda política. Juntos, ellos intentaron ilegalmente, y fallaron, enmendar la Constitución de Guatemala para controlar las asignaciones del Poder Judicial y Ministerio Público. Preparándose para las elecciones de 2019, cambiaron la ley electoral para favorecer al partido UNE.

La intervención ilegal más significativa de Robinson fue la de reasignar a la magistrada Gloria Porras, antes escogida por Álvaro Colom, el entonces presidente y esposo de Torres, a la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2016. Confirmando el rol de Robinson, el congresista Fernando Linares reveló que Porras advirtió a los otros magistrados que serían investigados si no fallaban como dictaba el embajador.

La estrategia continúa, desafiando a Trump

La victoria de Trump fue una catástrofe en potencia para los socialistas. El personal permanente del Departamento de Estado tendría que tener más cautela comparado con su abierta intervención durante el gobierno de Obama.

No es de sorprenderse que el sucesor de Robinson, el diplomático de carrera Luis Arreaga, ha continuado con la política de su antecesor. Arreaga ha desafiado a sus superiores al apoyar a la CICIG, agencia que una y otra vez ha violado su mandato, la soberanía de Guatemala y la ley. Entre estas acciones está un acuerdo ilegal de agosto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco.

La ley electoral de 2016 redujo la campaña de 2019 a tres meses, limitó el gasto de campaña a los partidos políticos y estableció requisitos estrictos de transparencia sobre las donaciones. Si bien algunas de estas medidas son necesarias, son válidas solamente si aplican para todos los partidos y éste no es el caso.

Desde el inicio del nuevo periodo de la CC en 2016, la mayoría de tres magistrados creada por Robinson ha emitido fallos ilegales constantemente. Ha protegido a sus aliados y castigado a sus enemigos, aumentando la incertidumbre legal, la violencia y la emigración. Ha cerrado negocios y usurpado poderes ejecutivos y legislativos.

Los tres dientes del tridente —la embajada de EE. UU., la CICIG, y la Justicia— han trabajado en conjunto por al menos tres años, hasta que Morales expulsó a la CICIG en enero. Ahora la CC lleva la carga de cumplir exitosamente la agenda socialista.

Una denuncia penal en contra de los magistrados de la CC recientemente pasó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala —técnicamente, el máximo tribunal, aunque en la práctica la CC puede revocar sus decisiones—. Obligada por ley, la CSJ envió la denuncia al Congreso, que nombró una comisión para investigar. La CC, con una de las magistradas acusadas sumándose al fallo, ordenó al Congreso detener dicho proceso.

Los magistrados de la CC fallaron, en efecto, por su propia inmunidad ante la investigación penal. La fiscal general, oficiosa e ilegalmente, emitió un comunicado diciendo que tomará acciones en contra de la orden ilegal de la CSJ, intimidando a la comisión del Congreso para que detenga su investigación legalmente requerida.

Toda la atención en las elecciones de 2019

Ante los próximos comicios, el partido Valor nominó a Zury Ríos Sosa para presidente. El TSE rechazó su inscripción alegando que su padre, el general Efraín Ríos Montt, asumió la jefatura del Estado como resultado de un golpe en 1982. Esta errónea interpretación privará a Ríos de su derecho a ser tratada por igual; nadie puede ser condenado por las acciones de otro.

El periodo electoral más corto y las restricciones monetarias dieron una ventaja a aquellos con mayor reconocimiento popular, como Torres. Esta ventaja inevitablemente incluye a Ríos, quien ha sido congresista por tres periodos y es hija de la figura más reconocida en Guatemala durante las últimas cinco décadas.

Una presidencia de Ríos sería otra catástrofe para los socialistas. La CC, cooptada por el triunvirato de Robinson y muchos otros funcionarios corruptos y conspiradores se irían al exilio o enfrentarían cargos por crímenes obvios. Basándonos en su historia de flagrantes fallos ilegales, podemos esperar que la CC revoque la decisión de la CSJ o demore el fallo hasta el último momento. Esto negaría o haría inútil el derecho de Ríos a ser electa, así como el del pueblo guatemalteco de elegir a quien ellos decidan.

La CC, la fiscal general y el TSE mantienen que la CICIG continúe sus operaciones, a pesar de la justificación y la autoridad explícita del presidente de terminar su mandato. El TSE y la CICIG han interpretado absurdamente la ley para estipular que cualquier compañía que hace negocios con el gobierno está limitada un máximo de $4.000 en donaciones por todos los accionistas en conjunto.

Fomentando la manipulación, Arreaga ha intimidado a los miembros de las grandes corporaciones de no participar en política. Su intimidación tiene credibilidad, debido a que la justicia ha perseguido y encarcelado a muchas personas sin evidencia ni debido proceso por años.

En septiembre de 2018, Torres publicó una foto suya afuera del Departamento de Estado de EE. UU. Se reunió con Robinson, ahora asesor principal para Centroamérica. Claramente, él la apoyó una vez más.

Mientras tanto, Aldana también ha estado moviendo sus fichas, puesto que el partido de su preferencia, Semilla, no cumple con los requisitos electorales. Infructuosa en sus propuestas, ella seguirá trabajando de todas maneras para inscribir al partido. El líder del mismo, Samuel Pérez Álvarez, también se reunió recientemente con Robinson en el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado y sus aliados locales han envenenado el ambiente electoral, eliminando competidores viables de Torres y Aldana. Sin duda, tienen guardadas más artimañas ilegales para asegurar la victoria de alguna de ellas, mientras reciben el apoyo efusivo de los congresistas demócratas de EE. UU. con simpatías socialistas. Entre aquellos que ya se subieron al vagón están los senadores Thomas Carper y Jeff Merkley y los representantes Lou Correa, Don Veyer, Lisa Blunt Rochester y Donald Norcross.

Su victoria, tras unas elecciones fraudulentas, complicaría los asuntos para Trump y Estados Unidos. Pese al daño ocasionado por el personal del Departamento de Estado y sus aliados, una reacción temprana —como reemplazar al embajador con un delegado político— puede dar a Guatemala y a Estados Unidos una mejor oportunidad de trabajar en conjunto para su mutuo beneficio.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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