Cuando la prensa le preguntó el pasado 16 de julio sobre el acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala, el presidente Donald Trump dijo, “De repente, se vinieron abajo, supuestamente, con un fallo de la Corte Suprema que no les permite hacer un acuerdo de “tercer país seguro” con nosotros. Me pregunto, entonces, ¿se vinieron abajo porque querían que el fallo se venga abajo?”
Los funcionarios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala le han fallado a Trump. Debieron explicarle la acción de la Corte y poner al asunto en contexto, pero se hubieran expuesto a ellos mismos por haber traicionado a Trump y al país.
Guatemala tiene dos gobiernos: los Organismos Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y el Organismo Judicial, por el otro. Violando la institución constitucional de la división de poderes, este último ha dominado a las otras funciones como resultado de la intervención de la Embajada de EE.UU. En 2016, el embajador estadounidense se valió de amenazas de encarcelamiento y confiscación de bienes para intimidar a las organizaciones guatemaltecas de modo que designen sus candidatos preferidos a la Corte de Constitucionalidad (CC). Aquellos magistrados actúan políticamente, sin importar lo que dicta la ley, para implementar la agenda socialista.
Durante el fin de semana, la CC —que tiene la última palabra en asuntos judiciales en Guatemala— otorgó un amparo provisional ordenando al presidente enviar el acuerdo preliminar al Congreso. El fallo es absurdo y aparentemente buscaba producir el resultado que obtuvo: cancelar la reunión planificada entre Trump y el presidente de Guatemala Jimmy Morales.
Esta táctica pretendió dar a Trump la falsa impresión de que Morales no está permitido a firmar un acuerdo de “tercer país seguro”. Parece que ha funcionado, en prejuicio tanto de Guatemala como de Estados Unidos.
La Corte debió haber negado la acción, porque los solicitantes no tenían legitimación activa. Un amparo sirve para detener una acción gubernamental que afecta al individuo que lo solicita. No había acción alguna que detener. Una vez que el Presidente ratificara el acuerdo propuesto luego de la aprobación del Congreso, la CC podría invalidarlo si violara la Constitución de Guatemala.
Los funcionarios de la Embajada entendieron esto y se mantienen en silencio para protegerse a ellos mismos del escrutinio y para evitar que fracase su política socialista. Nuestros diplomáticos creen, en su mayoría, que la gran brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada solo puede arreglarse con socialismo, y creen que el fin justifica los medios para lograrlo. Esto no debe sorprender a los estadounidenses debido a que los demócratas, amigos del alma de la burocracia permanente de EE. UU., ahora piensan y actúan de esta forma en su propio territorio.
La Embajada ha trabajado durante cuatro años para arreglar las elecciones presidenciales de Guatemala, y hubo muchas anomalías evidentes en la votación del 16 de junio. Las autoridades electorales, sabiendo que la CC los respaldaría, no actuaron adecuadamente frente a más de 2.000 denuncias. Dos semanas después de la elección, dieron los nombres de los dos candidatos que supuestamente recibieron la mayor cantidad de votos para competir en una segunda vuelta el 11 de agosto.
Uno de los dos candidatos es el favorito de la Embajada. Se trata de una exguerrillera y ex vicepresidenta de la Internacional Socialista. Entre sus simpatizantes está Nicolás Maduro.
La Embajada, los demócratas y otros aliados socialistas saben que su agenda fracasaría y podrían sufrir consecuencias negativas como resultado del acuerdo. Morales, quien trabajaría gustosamente con Trump, también es víctima de su imposición. Es por esta razón que la alianza socialista busca terminar con el acuerdo y prevenir que esto suceda.
El embajador de EE.UU. Luis Arreaga fue llamado de nuevo a Washington, DC, el domingo, el día que Morales anunció que no habría reunión entre él y Trump. Esperemos que quien lo interrogue a Arreaga sepa qué preguntar y que las respuestas falsas resulten en sanciones.
La alianza socialista está cerca de completar la toma de Guatemala. Han controlado a la Justicia corrupta por tres años y están a tres semanas de incluir al poder Ejecutivo en su dominio. Con eso, Guatemala se convertiría en otra Nicaragua y Trump perdería la oportunidad de que Guatemala colabore en la lucha contra el flujo de migrantes y drogas ilegales.
Trump necesita estar informado de qué es lo que realmente sucede en Guatemala. Necesita saber que sus intereses y los de Morales son convergentes. Morales firmaría el acuerdo si Trump tuviera el control de su Embajada en Guatemala y trabajara junto con el Presidente de este país.
Si Trump y Morales firman el acuerdo, la CC lo invalidará sin importar lo que dicta la ley. Esto será así, a menos que Trump tome el control de la Embajada y apoye a Morales a restituir la ley en la función Judicial. Todavía hay tiempo de celebrar elecciones libres —en beneficio de los dos países— si Trump actúa ágilmente.
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