Trump está cerca de frenar la inmigración ilegal desde Centroamérica

El acuerdo de asilo con Guatemala ya está rindiendo frutos

La persona deportada de Estados Unidos decidió pasar por alto a Guatemala y regresar a su pueblo en Honduras. (PrensaCominutaria)

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A finales de noviembre, Estados Unidos deportó al primer migrante, un hondureño, bajo el nuevo acuerdo entre Guatemala y EE.UU. Guatemala cumplió con su obligación al ofrecer asilo. La exitosa implementación del acuerdo atestigua los motivos económicos, no políticos –ni las falsas solicitudes de asilo–, detrás de la ola migratoria hacia el norte. 

Según el acuerdo, Guatemala acepta no ser más un canal de migración económica, algo crucial debido a que Guatemala es la única ruta terrestre hacia México para los migrantes ilegales que van desde América Latina. Guatemala ahora garantiza asilo a migrantes calificados que ingresen a su territorio, y el gobierno de Trump ha promulgado las reglas, bajo litigio, para evitar que solicitantes a la espera de sus audiencias entren al país.

La persona deportada de Estados Unidos, quien alegó ser víctima de persecución, decidió pasar por alto a Guatemala y regresar a su pueblo en Honduras. Este acontecimiento destacó una realidad importante: muchas veces la solicitud de asilo no es sincera. Un verdadero solicitante de asilo huye de la persecución, y muy pocas personas que llegan a la frontera entre México y EE.UU. encajan en esa descripción. 

Aún así, los representantes del partido demócrata han trabajado duro por mucho tiempo, con evidente éxito, para convencer a los estadounidenses que “solicitante de asilo” es un calificativo válido para todos los inmigrantes. Por lo tanto, cuando el gobierno de Trump y Guatemala estaban negociando su acuerdo de asilo, los demócratas se esforzaron tremendamente para impedirlo.

A mediados de julio, el presidente Donald Trump dijo a la prensa que la alta corte de Guatemala había prohibido el acuerdo. La declaración de Trump era incorrecta, y por una curiosa razón.

La propia Embajada del presidente Trump en Guatemala aparentemente le había informado mal. De esta manera, un hecho incómodo salió a la luz con la errónea afirmación presidencial: la Embajada de EE.UU. está en las manos de los enemigos políticos del presidente, quienes están imponiendo el socialismo en Guatemala. Son remanentes del gobierno de Obama que se manejan por ideología. 

Trump rechazó que los magistrados guatemaltecos y sus propios diplomáticos frustren el acuerdo. Él amenazó con aranceles en las importaciones provenientes de Guatemala, restricciones de visas y tarifas en los $9 mil millones anuales de remesas que los guatemaltecos envían a sus familiares –una gran parte de la economía de Guatemala–.

Las declaraciones de Trump obligaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) a salir de debajo de las sombras. Los magistrados anunciaron que no han hecho nada para detener el acuerdo.

De hecho, la CC había fallado que el presidente de Guatemala debía someter el acuerdo a la aprobación del Congreso. El fallo era ilegal, pero daba motivo para que la Embajada dijera a la Casa Blanca que el Ejecutivo guatemalteco no podía llevar a cabo el acuerdo.

Diez días después, las autoridades de Guatemala y Estados Unidos firmaron el acuerdo en el despacho oval.

A pesar de ello, la CC sigue socavando las libertades de Guatemala. La CC actúa como otra rama del partido demócrata de EE.UU. y juega en el mismo bando con sus maniobras. En agosto, tres días antes de la elección presidencial de Guatemala, la presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi y una delegación democrática del Congreso fueron de visita. Celebraron haberse tomado una fotografía con el embajador y dos jueces socialistas corruptas y dieron apoyo moral a los socialistas sucesores de guerrillas fundadas por Fidel Castro. 

El embajador de Barack Obama para Guatemala, Todd Robinson, amenazó con sentencias a prisión y revocatorias de visa para intimidar a los miembros del Congreso guatemalteco. Como resultado, designó a un magistrado alineado con la guerrilla a la CC, lo cual le dió a la corte una mayoría radical. 

Desde 2016, la CC ha sido el gobernante de facto, el factor clave para la dominación socialista y la ilegalidad. La CC ha disuadido la inversión al mermar los derechos de propiedad. El sucesor de Robinson, Luis Arreaga, designado por el actual Departamento de Estado, utilizó la CC para mantener vigentes las políticas del gobierno de Obama. 

Mientras que estos magistrados mantengan sus cargos, el desarrollo económico de Guatemala permanecerá paralizado, y más ciudadanos se sentirán obligados a irse. Al colaborar con los socialistas, los diplomáticos del estado profundo y la CC, los demócratas agrandan el factor de estímulo, exacerbando los problemas que hacen que las personas migren.

Trump está tomando todas las medidas posibles para desalentar el factor de atracción que provoca el abuso de la figura de asilo. El acuerdo con Guatemala fue el primer y más importante paso para que esto termine, pero el factor de estímulo continúa.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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