En una entrevista exclusiva con el vicepresidente Mike Pence, Laura Ingraham le preguntó sobre los diplomáticos de carrera que colaboran con los demócratas en contra de las órdenes del Secretario de Estado: “¿Qué se puede hacer con… esta resistencia permanente que trata de deshacer una elección?” Pence respondió, “el presidente Trump dijo que vamos a remover esa encrucijada… La encrucijada ha sido identificada dentro de la burocracia del Departamento de Estado… La vamos a enfrentar con la verdad.”.
Con respecto a Ucrania y la petición de destitución no oficial, los demócratas y sus aliados de los medios y el estado profundo actúan como si ellos tuvieran un mandato de política exterior y pudieran desautorizar a un presidente debidamente electo. No hay mejor ejemplo de esto que Guatemala, donde han intervenido ilegalmente en los asuntos internos del país para imponer el socialismo a un aliado de EE.UU.
Incluso antes de la toma de posesión de Trump, la Embajada de EE.UU. en Guatemala —liderada por el ex embajador Todd Robinson— declaró a la prensa: “Nada va a cambiar”. De hecho, nada cambió. Robinson continúa respaldando la política de Barack Obama y Joe Biden sin cesar, perjudicando a Guatemala y Estados Unidos.
El gobierno de Obama respaldó a los sucesores de las guerrillas apoyados por Fidel Castro durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) y a sus aliados socialistas. El resultado fue una profunda falta de aplicación de la ley, particularmente en las zonas rurales de Guatemala. También hizo que la frontera con México se vuelva mucho más porosa.
Robinson amenazó a líderes del Congreso de Guatemala con cancelar su visa e iniciar investigaciones penales en su contra si no designaban a su aliada socialista como magistrada a la Corte de Constitucionalidad (CC), la última palabra de Guatemala en asuntos judiciales. Los excesos de Robinson incluso provocaron críticas del Nuncio apostólico, el embajador del Vaticano y decano del cuerpo diplomático.
Las amenazas de Robinson tenían peso porque él efectivamente controlaba a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la Naciones Unidas. La Cicig había encarcelado a oponentes políticos sin evidencia y en violación de la ley y la Constitución. Biden visitó Guatemala en tres ocasiones durante 12 meses para asegurarse que la Cicig continúe operando, al amarrar la ayuda de EE.UU. a esta condición.
¿Suena familiar? Por supuesto, Biden se jactó de hacer lo mismo en Ucrania.
Una vez extendido el periodo de la Cicig, Robinson la utilizó para seguir controlando a la Fiscal General de Guatemala y luego a la CC. La corte de Robinson perfeccionó la política Obama-Biden para proteger colectivistas radicales de enjuiciamiento y perseguir a autoridades legítimas por tratar de aplicar la ley.
Trump designó a Luis Arreaga como sucesor de Robinson cuando llegó el momento de la rotación habitual. Arreaga siguió con el cometido dónde Robinson lo dejó. Rápidamente se alió con la Cicig y trató de remover al presidente Jimmy Morales del cargo. Morales ganó a la candidata socialista apoyada por Robinson, y la izquierda de Guatemala, incapaz de ganar los comicios, intentó deshacer una elección.
¿Esto también suena familiar?
La izquierda en Guatemala desprecia a Morales. Él es un conservador y no un colectivista. Tampoco se doblegaría a las élites de la ONU tan reverenciadas por los embajadores de EE.UU. en esta nación. Guatemala, por ejemplo, fue uno de los nueve países que apoyó a Estados Unidos para trasladar su embajada en Israel a Jerusalén. Guatemala se convirtió en el único país en hacer lo mismo.
Nancy Pelosi lideró una delegación de demócratas que viajó a Guatemala tres días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, celebrada el 11 de agosto, para reemplazar a Morales que ya está por terminar su periodo. La visita de Pelosi impulsó el fraude electoral socialista y el rechazo al acuerdo de asilo de Trump. Mientras que ella no se reunió con Morales, sí lo hizo con personajes socialistas en la residencia de Arreaga. Pelosi fue fotografiada entre dos jueces con récord de violar los derechos de los acusados en función de la agenda de la Embajada.
Afortunadamente, la candidata socialista fue derrotada en los comicios.
La frontera de 965 kilómetros con México es la única ruta terrestre para los contrabandistas de drogas y los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. La insignificante presencia de las autoridades en las áreas limítrofes, resultante de la política de los demócratas y el estado profundo para imponer el socialismo, promueve el tránsito ilícito tan perjudicial para los estadounidenses y sus vecinos.
Como el vicepresidente mencionó a Laura Ingraham, la verdad está ganando ventaja al estado profundo.
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