La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) burla a la Constitución del país que sus magistrados juraron defender. La CC ha subordinado al Legislativo y al Ejecutivo mediante fallos ilegales y, acallando acciones en contra de su ilegalidad, la mayoría socialista entre los tres magistrados se ha posicionado por encima de la ley. La CC viola los derechos humanos, reduce las oportunidades económicas y aumenta el tráfico de drogas y la migración ilegal hacia Estados Unidos.
Varios grupos de la sociedad civil han detallado y criticado los fallos ilegales de la CC. Tal es el caso del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), asociación apolítica sin fines de lucro fundada en 1992 y una de las instituciones más prestigiosas de Guatemala. Entre sus directores y miembros hay expertos en derecho constitucional, y su presidente fue electo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cedecon ha publicado recientemente un informe de 10.000 palabras sobre la CC, donde afirma que los magistrados han cometido delitos en sus fallos.
El presidente Donald Trump ha cambiado las reglas en Estados Unidos y los acuerdos con otros países, incluyendo Guatemala, para combatir el abuso de la figura de asilo por migrantes económicos. Las solicitudes de asilo en la frontera del sur ahora se procesarán fuera de Estados Unidos. Esto reduce el factor de atracción a los migrantes económicos, pero no tiene relación alguna con los factores de estímulo a los que la CC contribuye.
Los formuladores de política estadounidenses saben poco sobre la toma de Guatemala por parte de la CC. Los demócratas, los actores del estado profundo y sus medios defienden a la CC, así como defienden la criminalidad en casa que impulsa su agenda política colectivista en contra de Trump y sus simpatizantes.
Un informe de Washington Post acerca de los planes para enviar a los solicitantes de asilo a Guatemala no logra reflejar la ilegalidad en el fallo de la alta corte que casi bloquea el nuevo acuerdo de asilo. El autor dice que la CC inicialmente ordenó al Ejecutivo entregar el acuerdo al Congreso pero luego dejó abierta la posibilidad de implementarlo sin ratificación. Mientras que no es un detalle crítico para el informe —que por lo demás es muy preciso—, la superficial descripción del fallo hace que los lectores de la publicación no se alarmen por el nefasto rol de la CC.
El fallo de la CC fue ilegal porque quienes pedían un amparo no eran las partes agraviadas y carecían de legitimación activa. En Guatemala, una solicitud de amparo solamente se realiza en contra de actos consumados, pero el acuerdo aún no estaba firmado. Por estos dos motivos, la CC debió haber rechazado la petición inmediatamente.
El artículo 171 de la Constitución de Guatemala expone seis condiciones para que el Congreso ratifique acuerdos y tratados internacionales. Si ninguna aplica, el acuerdo no requiere ratificación del Congreso. Dado que el acuerdo no estaba listo aún para la difusión pública, la CC no tenía forma de saber si alguna de esas seis condiciones aplicaba.
El fallo de la CC también ilustra el rol nefasto de la Embajada de EE.UU. y la resistencia del estado profundo y los medios en contra de Trump. A partir de un escueto resumen en los detalles del fallo, Trump declaró de erróneamente en julio 16 que la CC había prohibido al presidente Jimmy Morales firmar el acuerdo. La embajada en Guatemala conocía el contenido del fallo de la CC y que era ilegal. Sus funcionarios debieron informarle al respecto a su presidente.
La embajada no ha denunciado ninguno de los múltiples fallos ilegales de la CC. Durante el gobierno de Obama, la Embajada coaccionó a los sistemas judicial y penal de Guatemala para imponer al socialismo en este país. El embajador de EE.UU. Luis Arreaga regularmente se reúne con personas que presentan mociones ilegales a la CC. Así es como ellos y la mayoría de magistrados de la CC gobiernan arbitrariamente el país. Arreaga incluso arregló un encuentro entre dos jueces que han violado los derechos de los acusados por motivos políticos y Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., durante su visita a Guatemala el 8 de agosto, para que sean fotografiadas con ella.
El embajador y algunos de sus superiores fueron cómplices en un intento de incitar a Trump a abandonar el acuerdo al que se oponían. Luego de que los funcionarios de EE.UU. y Guatemala superaron este altercado y firmaron, los magistrados de la CC revirtieron el fallo original. De esa forma, pudieron evitar enfrentarse a Trump, quien podía descubrir su participación y la de Arreaga en la toma socialista de Guatemala. Desde entonces, flagrantemente, la CC sigue emitiendo fallos ilegales con una agenda socialista y Arreaga continúa en su cargo.
El presidente electo Alejandro Giammattei, que asume el cargo en enero, ha prometido impulsar la inversión y la seguridad. Guatemala necesita esto para proporcionar un sustento a su pueblo, y Estados Unidos lo necesita por ser la única manera de reducir el tránsito de drogas y migrantes ilegales hacia el norte. La inversión y la seguridad permanecerán estancadas mientras que magistrados corruptos manejen la CC —y coordinen sus acciones con la Embajada estadounidense socialista—. Giammattei y Trump deben trabajar juntos para restaurar la ley en Guatemala. Un primer paso sería imponer sanciones Magnitsky a los corruptos magistrados de la CC.
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