Nota del editor: Cuando estábamos a punto de publicar este artículo, se produjo una importante noticia de última hora.
El fiscal Juan Francisco Sandoval presentó cargos penales contra el magistrado Mynor Moto. La juez Erika Aifán, una conocida socialista en un tribunal de primera instancia, protegida y apoyada por la embajada de Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra Moto. Se trata de un acto delictivo porque Moto goza de inmunidad, que sólo puede ser levantada por el Congreso.
Sandoval había presentado los mismos cargos en un caso que ahora está en la Corte Suprema, cuyo deber es remitirlo al Congreso. La repetición de los cargos de esta manera hace que se trate de un juego de poder al desnudo, muy al margen de las normas judiciales, para evitar que Moto ocupe su lugar en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Si la policía detiene a Moto, Aifán negará cualquier petición legal, de las que hay muchas, para liberarlo. De esta manera, mantendría a Moto fuera de la CC de forma efectiva, aunque ilegal.
Los actuales magistrados de Biden que controlan la CC son cómplices del delito. Al parecer, en coordinación con Sandoval y Aifán, bloquearon a Moto de su posición legal el jueves, viernes y sábado. Los funcionarios de Biden, Price y González, son responsables de proporcionar el apoyo de Estados Unidos a este comportamiento criminal. Biden y sus magistrados de la CC, el fiscal y la juez están destruyendo descaradamente el estado de derecho para imponer el totalitarismo en Guatemala.
El régimen de Biden y sus socios mercantilistas y mediáticos están promoviendo la división y la represión al atacar ilegalmente a sus opositores políticos. Los que dudan de esto tienen que examinar cómo el régimen impone la criminalidad a un importante aliado: Guatemala.
El comunicado de prensa del Departamento de Estado del 28 de enero, emitido por el portavoz Ned Price, es un intento de preservar el control criminal del más alto tribunal de Guatemala. Simultáneamente, en una entrevista con un periódico guatemalteco, el Director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, amenazó a los guatemaltecos que se oponen a los jueces socialistas del régimen de Biden.
Guatemala es importante para los planes de Biden de inundar el país con nuevos inmigrantes que votarán por los demócratas. Al ser la única ruta terrestre desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos, Guatemala es el país clave para los flujos ilegales. Sus fronteras están abiertas de par en par gracias a las políticas anteriores de Biden, continuadas por el Departamento de Estado en una traición al expresidente Donald Trump.
Como hombre clave del expresidente Barack Obama para Guatemala, Biden aprovechó mil millones de dólares en ayuda prometida para presionar al entonces presidente del país para extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas. La embajada de Estados Unidos utilizó a la CICIG para asumir el control de la persecución penal y colocar a socialistas en la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, la última instancia en materia judicial. Estos socialistas son sucesores de los guerrilleros apoyados por Fidel Castro y junto a los aliados de Biden mantienen abiertas las fronteras del país.
Biden actuó contra la energía en sus primeros días en el cargo. Sus magistrados en la CC, que emiten rutinariamente fallos ilegales, han estado cerrando plantas hidroeléctricas y minas desde que asumieron sus cargos. Ambos aplastan la iniciativa individual y fomentan la dependencia al gobierno.
La Comisión de Helsinki, en una audiencia del 27 de abril de 2018, y Judicial Watch expusieron la corrupción de la CICIG. Varios senadores y representantes denunciaron la corrupción de la CICIG. El senador Roger Wicker (R-MS) denunció enfáticamente a la CICIG en el pleno del Senado. Un informe de cuatro organizaciones cívicas guatemaltecas detalló la corrupción.
Sin la CICIG, que fue expulsada en 2019, la embajada no ha podido intimidar a los funcionarios guatemaltecos para que no se opongan a los fallos ilegales de la CC. Los socialistas dependen ahora del camarada Biden para restaurar su poder y completar su toma de control de Guatemala.
La intervención del Departamento de Estado es para reemplazar a un magistrado de la CC que falleció y cuyo mandato termina el 15 de abril. El Colegio de Abogados de Guatemala nombró a Mynor Moto para que cumpla el resto del mandato y el Congreso lo juramentó el 27 de enero.
Como si se tratara de una novela de Orwell, la declaración de Price “Promover la selección justa y transparente de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala” hace exactamente lo contrario. El equipo de Biden no quiere que el nuevo magistrado ocupe su cargo legítimo en la CC.
Price dice que el nuevo magistrado de la CC tiene graves acusaciones en su contra. Price omite mencionar que esas acusaciones provienen de un fiscal que tiene numerosas acusaciones penales en su contra. Fue colocado en su puesto para trabajar estrechamente con la CICIG y goza del apoyo incondicional de la embajada y del Departamento de Estado. El fiscal hizo las acusaciones falsas para que el equipo de Biden pudiera difamar a Moto como una maniobra para mantenerlo fuera de la corte.
Como juez, Moto resistió la presión de la CICIG para condenar a los acusados basándose únicamente en testimonios coaccionados. El fiscal de ese caso fue el mismo que ahora ha presentado cargos falsos contra Moto.
Todos los magistrados actuales de la CC terminan su mandato el 15 de abril. El proceso para nombrar a los magistrados para el período 2021-2026 comienza en dos semanas. La Corte Suprema, el Congreso y el Colegio de Abogados se han unido a la lucha contra la criminalidad de la CC. Cada uno tiene un nombramiento en la CC, y sus tres magistrados tendrían mayoría en el tribunal de cinco miembros.
Si el equipo de Biden puede impedir que Moto tome posesión legítima de su cargo, sus actuales magistrados podrán impedir ilegalmente que los magistrados nombrados para el nuevo mandato ocupen sus puestos. Esto le daría al Napoleón de Orwell, Biden, tiempo para imponer sus magistrados socialistas a una población que no está dispuesta a ello. Esto, bajo el pretexto de la transparencia, el estado de derecho y la mitigación de la migración.
González lamentó la salida de la CICIG y dijo que Biden, quien la apoyó fuertemente como vicepresidente, considera su ausencia “un paso atrás en materia de corrupción.” González dijo que Biden creará una comisión regional contra la corrupción y que Estados Unidos sancionará a quienes considere corruptos. Con la CICIG como precedente, el equipo de Biden sancionará a sus opositores políticos y protegerá a los delincuentes imponiendo el socialismo.
El régimen de Biden clasifica a sus opositores políticos internos como terroristas. Aplicando esta actitud en Guatemala, Biden y sus socios perseguirán a los opositores que ejerzan sus derechos civiles y traten de aplicar correctamente la ley.
El régimen de Biden quiere convertir a Guatemala en Nicaragua o Venezuela y establecer ese tipo de gobierno en Estados Unidos. Los guatemaltecos necesitan unirse para resistir la imposición del socialismo por parte del equipo de Biden. Los ciudadanos estadounidenses deben hacer lo mismo.
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