La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi sabe que la ley es un obstáculo a ser superado para derrotar al presidente Donald Trump. Luego de su visita a Guatemala el jueves pasado, las fotógrafías la han mostrado con dos jueces socialistas y el embajador de EE.UU. Luis Arreaga, quien arregló su reunión.
Pelosi escribió en un comunicado, “fue un gusto reunirnos con… (a) un grupo valiente: jueces que resaltan la importancia de una justicia independiente para luchar contra la impunidad y la corrupción. Ellos… enfatizan la necesidad de mantener el imperio de la ley con el fin de aumentar las oportunidades económicas para todos y fortalecer las instituciones democráticas.”
Para los guatemaltecos, esto pudo haber venido de la novela de George Orwell Rebelión en la granja.
Las jueces Yassmin Barrios y Erika Aifán acompañan a Pelosi en la fotografía. Ambas han emitido fallos de alto perfil en violación de la ley y los derechos constitucionales de los acusados.
Barrios es mal reconocida por presidir audiencias de exoficiales militares, a quienes ha condenado antes de los juicios. En una audiencia de líderes indígenas de grupos sucesores de las guerrillas que Fidel Castro apoyaba, Barrios declaró que no criminalizaría a personas indígenas.
Olvídense de los hechos y de la ley; la política es la que prevalece —al igual que en Estados Unidos para los demócratas—.
En un caso de alto perfil, Barrios saludó sonriente al público luego de sentenciar al acusado. La sentencia, sin embargo, no duró más de 10 días, pues el tribunal violó los derechos constitucionales del ahora fallecido Efraín Ríos Montt.
Erika Aifán ha encarcelado a opositores políticos por representar a demandantes y acusados en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Judicial Watch y cuatro grupos civiles guatemaltecos han expuesto a la CICIG como una organización criminal y sesgada ideológicamente. La CICIG usó falsos testigos en sus juicios y coaccionó votos en el Congreso para cambiar la legislación de Guatemala.
La cobertura de Wall Street Journal y una audiencia del 27 de abril de 2018 por la Comisión de Helsinki —una agencia federal de EE.UU.— dejaron al descubierto a la CICIG con su falsa fachada anticorrupción. El asunto fue la conspiración de la CICIG con los bancos rusos dirigidos por los secuaces de Putin, con el fin de perseguir a una familia rusa que huyó a Guatemala.
La embajada de EE.UU. controlaba a la CICIG y todavía controla a la Corte de la Constitucionalidad (CC), que tiene la última palabra en temas judiciales en Guatemala. Con el objetivo de evitar el escrutinio, la CC emitió un fallo para liberar a la familia rusa dos días antes de la audiencia, pero el proceso judicial continuó.
La CC ordenó a Aifán liberar a la familia, mas ella desobedeció. En un tormentoso fallo, la CC aseguró que había cumplido, incluso cuando la familia tuvo que enfrentar otro juicio.
El presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes Eliot Engel (D-NY) acompañó a Pelosi a Guatemala. El está abogando para que vuelva la difunta CICIG.
En 2016, el embajador de Obama presionó de manera ilícita a las instituciones guatemaltecas para designar a socialistas a la CC. Desde entonces, ellos han emitido fallos ilegales constantemente para favorecer su agenda socialista. Esto incluye el garantizarse a ellos mismos la inmunidad de enjuiciamiento y proteger a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes han estado robando las elecciones de Guatemala para introducir el socialismo.
La cooptada CC protege a Barrios, Aifán y otros jueces, permitiéndolos que encarcelen a opositores políticos en violación a la ley y los derechos. Muchos acusados han pasado años en prisión preventiva.
Lógicamente, esa arbitraria aplicación de la ley ha reducido la inversión y ha perjudicado la economía de Guatemala, incrementando el tránsito de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos. Esta es la supuestamente valiente Justicia de la que habla Pelosi.
La postura de Pelosi en Guatemala es consistente con la insistencia demócrata de que Trump conspiró con los rusos en la elección de 2016. Una vez que empezó a surgir evidencia sobre la actividad criminal en los niveles más altos del gobierno de Obama para favorecer a Hillary Clinton y perjudicar a Trump, los demócratas pasaron de insistir por transparencia a obstaculizar las investigaciones en dicha actividad. La política prevaleció sobre la ley y la preservación de la república estadounidense.
Con el apoyo de Pelosi, sus camaradas en Guatemala están preparados para arreglar la elección de mañana en este país y favorecer a la socialista Sandra Torres. De esa forma, podrán revertir el acuerdo de asilo entre Guatemala y Estados Unidos. Ambos acontecimientos generarían más miseria en Guatemala y aumentaría el tránsito de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos.
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