El Departamento de Estado estadounidense (DOS) está traicionando a Estados Unidos para esconder sus crímenes en Guatemala. Su personal está intentando bloquear la reelección de la fiscal general Consuelo Porras para el periodo 2022-2026. El objetivo del DOS es instalar a alguien de su equipo para engañar al Congreso republicano del próximo año.
El Ministerio Público de Porras ha presentado denuncias penales en contra de una serie de jueces y fiscales corruptos que actuaban en consecuencia de la agenda socialista del DOS. El DOS ha respondido a través de falsas acusaciones frente a Porras de perseguir a fiscales y jueces anticorrupción. La evidencia en el dominio público sostiene los cargos de Porras, donde probablemente ella tenga información adicional de investigaciones que debe permanecer clasificada hasta que empiecen los juicios respectivos.
Los subversivos apoyados por Fidel Castro firmaron acuerdos de paz en 1996, lo que terminó con su rebelión armada. Incapaces de derrocar el gobierno mediante el uso de armamento, los terroristas se voltearon hacia la subversión interna. Los subversivos ganaron la lotería en 2009 cuando inició la administración de Obama y Biden.
Trabajando con los subversivos, Barack Obama y Joe Biden tomaron el control de la Fiscalía General en 2010 y añadieron la corte de último recurso en 2016, ambos a través de medios criminales. Biden era el hombre clave en Guatemala. Los aliados del DOS cerraron minas, plantas hidroeléctricas y grandes agroindustrias. Ellos también protegieron a bandas delincuenciales descendientes de las guerrillas que oprimían a los más pobres e indefensos del país.
El DOS controlaba el proceso de selección de fiscal general en 2018. La tendencia de Porras es de izquierda, pero el DOS la subestimó, y el entonces presidente Jimmy Morales la escogió. Porras ha puesto a la ley por encima de sus posiciones personales.
Habiendo visto la devastación económica y social del DOS, las autoridades de Guatemala rechazaron el año pasado la presión del DOS para seleccionar a sus jueces para otro periodo en la Corte de Constitucionalidad. En julio, cuando Porras despidió a Juan Francisco Sandoval como fiscal especial contra la impunidad, el DOS perdió el control del sistema de justicia de Guatemala.
En la ausencia de Sandoval, el DOS abiertamente tomó las riendas. Los funcionarios más altos del DOS agresiva y falsamente criticaron a Porras. Luego, ellos la sancionaron bajo la Ley de Cooperación del Triángulo Norte de EE. UU., comúnmente conocida como la lista Engel. Porras conoció su sanción mediante un tuit del DOS.
El DOS llamó a Porras corrupta y le revocó su visa para Estados Unidos. Su justificación inexistente viene de “medios de comunicación y otras fuentes”.
Porras dice que el DOS está “bloqueando la justicia en Guatemala”. Irónicamente, otras ramas del gobierno de Estados Unidos –Departamento de Justicia y la DEA– han elogiado a Porras y hasta la han premiado. El 18 de marzo de 2022, el Departamento de Tesorería fue capaz de añadir a miembros de cárteles a sus listas de sanciones gracias a la efectividad y la cooperación de Porras.
Porras ha ofrecido explicaciones para clarificar el despido de Sandoval dos veces a través de canales oficiales, pero el DOS la ha ignorado.
Si el DOS fuese a aceptar la oferta, tendría evidencia de la criminalidad de Sandoval. Los funcionarios del DOS entonces serían cómplices si se quedaran en silencio. Alegar su ignorancia y criticar a Sandoval derivaría en la exposición de los crímenes de los funcionarios y el final de su agenda en Guatemala. Acusados de delitos, sus jueces y fiscales corruptos buscarían penas menores, testificando en contra del DOS y aliados locales.
Por estas razones, el DOS está intentando intimidar a la comisión de postulación para el fiscal general. La comisión entregará la lista de seis finalistas al presidente Alejandro Giammattei, donde deberá elegir al sucesor de Porras. Porras es una candidata.
El DOS usa a sus agentes para intimidar a los miembros de la comisión. Como una reciente investigación del Impunity Observer muestra: “El rector de la Universidad Rafael Landívar ha señalado a los comisionados que la Embajada estadounidense los colocará a aquellos que no voten por los candidatos aprobados por dicha Embajada para reemplazar a Porras en la lista Engel”. El decano de la facultad de Derecho es miembro de la comisión, en conjunto con los decanos de las otras once facultades de derecho del país.
El DOS en el pasado ha intimidado a representantes del sector privado guatemalteco para que no participen en política ni en la formulación de políticas públicas. Eso ya no es suficiente. Las recientes acciones del DOS buscan motivar a los líderes del sector privado para que influencien a los comisionados y dejar fuera a Porras de la lista de seis finalistas.
Por ejemplo, en un foro de Diálogo Interamericano de este mes, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dejó en claro que cree que el sector privado de Guatemala obstruye la justicia y el progreso. El amenazó con sanciones a los empresarios que se crucen en el camino del DOS. El asesor de Biden para América Latina, Juan González, ya había llamado a los líderes del sector privado una élite “depredadora”.
Los agentes del DOS han presentado quejas a la comisión, pidiéndoles eliminar a Porras debido a las sanciones del DOS. Ellos también alegan que ella cometió plagio en su tesis doctoral. El fiscal de derechos humanos y la universidad que le otorgó el doctorado habían rechazado los cargos.
Toda la presión caerá sobre Giammattei si Porras llega a estar en la lista de finalistas, y los medios aliados del DOS han esparcido feos rumores sobre él. Él debe estar consciente que el DOS y sus aliados han traicionado a otros antes que a él.
Quince organizaciones guatemaltecas alcanzando a la mitad de la población del país han hecho peticiones para que la comisión lleve a cabo un proceso profesional libre de influencia extranjera. Ellos, en gran parte, responden a un DOS criminal.
Son los funcionarios más altos quienes no son conscientes de la actividad criminal de su personal. Sin embargo, nuestro gobierno no puede funcionar siguiendo la Constitución si los burócratas federales son capaces de actuar sin consecuencias. El Congreso debe investigar y hacer que se rindan cuentas.
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